Katherine Escalona M.

Tras un año de pesquisas, la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público de Quillota, logró desarticular una banda criminal trasnacional dedicada a la trata de personas, a quienes obligaban, bajo amenaza, a trabajar en prostitución en diferentes provincias de la Región de Valparaíso y la Región de Coquimbo, principalmente. En el caso también se podrían configurar los delitos de lavado de dinero y lavado de activos.

Los detenidos, en total ocho por estos delitos y tres más por infracción a la Ley de Drogas y armas, pasaron ayer a control de detención en el Juzgado de Garantía de Quillota, tribunal donde se recepcionó la primera denuncia por este caso, que determinó ampliar la detención por 3 días, como lo solicitó la Fiscalía, por la suma de antecedentes en la causa y porque personal policial aún está realizando diligencias tras allanar 4 viviendas que operaban como prostíbulos.

La fiscal de Quillota, Gabriela Fuenzalida, aclaró en audiencia que la investigación se inició en febrero del 2021 y "al día de hoy se está llenando, con más de 100 páginas, un quinto tomo, un quinto archivador, que contiene los diversos informes, diligencias inclusivas que se han realizado para poder concretar la detención".

Los informes, explicó la persecutora, "no están en poder de la defensa porque por el peso que tienen no pueden ser enviados por correo electrónico", por lo que la Fiscalía solicitó enviar los antecedentes en CD de cada uno de los detenidos y la información detallada de la causa donde se allanaron cuatro inmuebles donde se ejercía la prostitución.

Sin embargo, la defensora Karen Briceño se opuso a lo solicitado por el Ministerio Público y argumentó que "no debemos olvidar - sin perjuicio de ello- que existen varias personas detenidas en estos momentos, que su libertad se va a ver perturbada en esta ampliación de alguna forma, entiendo que en las detenidas también hay una señora que está embarazada y en base a ello, al principio de inocencia y al debido proceso esta defensa debe oponerse a la restricción de la libertad a pesar de los antecedentes vertidos". El argumento de la defensa no fue considerado por el Juzgado de Garantía de Quillota.

La magistrada Laura Catalán acogió la solicitud de la Fiscalía, como se mencionó anteriormente, y destacó que "la diligencia puede ser favorecedora para las defensas", ya que con el tiempo otorgado se pueden acceder a todas las carpetas investigativas por parte de las defensas que tendrán el tiempo para realizar las estrategias respectivas de los implicados en el hecho.

Banda transnacional

La información de la aprehensión de los implicados en el caso fue dada a conocer en Santiago por el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general José Ortiz Sandoval y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Las autoridades expusieron que las implicancias de la banda son de crimen organizado y de carácter trasnacional.

El prefecto Ortiz precisó que "se ha desbaratado una organización criminal compuesta principalmente por ciudadanos chilenos, también tenemos ciudadanos brasileños y ecuatorianos, quienes reclutaban víctimas desde los países más hacia el norte de Sudamérica y la traían mediante el engaño, o directamente con publicidad directa para incurrir en el delito de prostitución y a la vez en el de trata de personas donde las sometían, principalmente, a amenazas".

Manifestó que el accionar provocó que "el tráfico de personas y el tráfico de inmigrantes se fuese incrementando no tan solo en la región donde se hizo la investigación". No se especificó el número de víctimas, pero se reconoció que la organización criminal operaba en Ovalle, La Serena y algunas comunas de la Región de Valparaíso.

Las víctimas reconocieron a la PDI que provenían de países del Caribe y Centroamérica, principalmente de Colombia, Venezuela y Ecuador. Además, han sido entrevistadas para aportar mayores antecedentes a la investigación. "Son víctimas que son vulnerables y que, lamentablemente, fueron utilizadas por este tipo de organizaciones criminales que no tienen escrúpulos", dijo el prefecto Ortiz.

Mientras, el subsecretario Vergara reconoció que "la seguridad constituye una prioridad ciudadana y tal vez una de las principales amenazas para la seguridad de las personas y también para la democracia son las organizaciones criminales".

Ahondó que hay dos delitos: "Primero la trata de personas, que es una grave violación a los derechos humanos; (...) y un segundo delito que tiene que ver con el lavado de activos". En este caso, aseveró, "se ocupaban redes sociales para capturar, coartar mujeres extranjeras, ingresarlas al territorio nacional, distribuirlas por el territorio nacional a establecimientos donde se les obligaba a realizar comercio ilegal de carácter sexual".

"Son víctimas que son vulnerables y que fueron utilizadas por este tipo de organizaciones criminales que no tienen escrúpulos".

José Ortiz Sandoval, Subdir. de Inteligencia de la PDI

"Se ocupaban redes sociales para capturar, coartar mujeres extranjeras, ingresarlas al territorio nacional, distribuirlas".

Eduardo Vergara, Sub. de Prevención del Delito

Seis personas quedaron atrapadas la tarde de ayer en momentos en que se trasladaban en el ascensor Barón de Valparaíso, situación que motivó la presencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos para su rescate.

La emergencia se produjo cerca de las 15.40 horas, quedando los dos carros a medio trayecto, por lo que los pasajeros, todos adultos, se vieron imposibilitados de salir por sus propios medios. Producto de la emergencia, Bomberos despachó un carro de la Décima Compañía "Bomba Chileno-Árabe", especializada en rescates, para evacuar a las personas.

"El sistema (del ascensor) estaba bloqueado, así que procedimos a rescatar a las personas, por cuanto iba a demorar más esperar que se restableciera el sistema", precisó el capitán Francisco Saavedra, de la Décima Compañía, puntualizando que "se trató de un desperfecto del sistema del ascensor, que dejó a ambos carros a medio camino. Se tuvo que sacar a las personas que se encontraban al interior de los carros mediante técnicas de escala y llevarlas hasta la escala de servicio o de emergencia con que cuenta el ascensor, para luego ser conducidas hasta la estación superior".

Y si bien el oficial bomberil confirmó que no hubo personas lesionadas, sí mencionó que tuvieron que asistir y dar prioridad a una mujer "que estaba con un poco de angustia, afectada, por lo que fue sacada rápidamente".

Desde el municipio informaron que el desperfecto se debió a un corte de energía eléctrica en el ascensor, lo que derivó en la puesta en marcha de un protocolo de seguridad, activándose el sistema manual con el uso del freno de emergencia. Posteriormente, "los equipos de mantención revisaron el elevador, dejándolo operativo", señalaron desde la casa consistorial.

Una gran columna de humo que emanó desde el muelle de la empresa GNL Quintero causó preocupación ayer, pasadas las 13.00 horas, en la bahía de Quintero, temiéndose una emergencia mayor en la estructura.

No obstante, de acuerdo a lo explicado por el capitán de puerto de Quintero, capitán de fragata Gabriel Núñez, se trató de la inflamación de una carpa que cubre faenas de reparación que la firma se encuentra realizando en el lugar, situación que fue controlada de forma oportuna por los mismos operarios de la firma. "No hay ningún buque amarrado al muelle y (la emergencia) estaba lejos de alguna cañería que pudiera inflamarse", explicó.

Desde GNL Quintero, a través de un comunicado, precisaron que "activamos los protocolos de emergencia y nuestros equipos especializados controlaron la situación. También nos comunicamos con las distintas entidades de emergencia a nivel local y regional, con quienes estuvimos en coordinación directa".

El comandante Núñez confirmó que "se van a indagar los motivos del siniestro y si hubo algún tipo de daño a las instalaciones", junto con dilucidar "si hubo alguna falta de seguridad".