El compromiso del ministro de Obras Públicas Juan Carlos García es que los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo estarán en servicio definitivamente a partir del 30 de agosto. Previamente se hará una marcha blanca para asegurar el funcionamiento de esos antiguos funiculares ahora renovados tras un largo proceso y elevada inversión pública.

En cuanto a la titularidad de los ascensores señaló que cinco son municipales y nueve del Gobierno Regional, los que están entregados en comodato a la Municipalidad hasta septiembre. Pero se trabaja, informó García, en el traspaso de esos nueve a la Municipalidad y en la definición de un plan de gestión de mediano y largo plazo.

El tema de la gestión resulta fundamental, materia que tiene varios alcances que, en último término, incide en el buen funcionamiento y continuidad del sistema.

Está en primer lugar la mantención técnica de los elevadores con personal calificado considerando que cada uno de ellos tiene características diferentes. Está, además, la cuestión del financiamiento. Es un hecho que el costo de los pasajes no puede ser muy elevado, considerando en general que los usuarios son personas de ingresos menores que residen en la parte alta de la ciudad. En consecuencia, esos ingresos no pueden financiar el sistema y tampoco se puede crear en torno a los ascensores una fronda burocrática que encarezca la operación convirtiendo a los funiculares en inocentes pagadores de servicios políticos.

Es posible establecer ingresos marginales explotando espacios comerciales en las estaciones y ubicación de publicidad, pero entrando a los fríos números, es posible que sea necesaria una inyección permanente de recursos públicos para mantener el sistema. Esto no sería una novedad, pues el transporte privado y el de explotación directa por Estado tienen un fuerte respaldo de recursos públicos.

No obstante, paralelamente a esa necesidad, la gestión exige una atención permanente sujeta a controles que aseguren el cumplimiento de metas a través del tiempo.

El ministro de Obras Públicas, que estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, conoce perfectamente la ciudad y su desarrollo y sabe de su crecimiento en altura más arriba de la cota de los terminales superiores de los ascensores, lo que advierte sobre una competencia más flexible de otros medios de transporte y quizás una menor demanda de los tradicionales elevadores. Esa realidad debe ser asumida con realismo en el momento de analizar la gestión económica.

De cualquier modo, está el compromiso no solo del 30 de agosto -a días del Plebiscito de Salida-, sino que además el compromiso ministerial de no dejar el sistema a la deriva, lo que significa gestión que asegure la continuidad del sistema.

La Ley 21.430 de Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, promulgada el 15 de marzo, viene a subsanar una deuda que tenemos como Estado de Chile respecto de los derechos de la niñez que ratificamos en la convención de 1990. Esta Ley, que ha sido demandada por diversas organizaciones y que ha tenido un proceso largo de debates y discusiones, tiene el gran desafío de generar un sistema integral de garantías y protección de derechos para los primeros años de vida de nuestra población.

Pero, además, este desafío tiene una importante dimensión cultural, que se basa en el cómo concebimos en sociedad a los niños, niñas y adolescentes y cuál es el lugar que tienen en el espacio social. En ese sentido, el objetivo se centra en modificar la visión tutelar que hemos tenido como Estado de Chile en los últimos años.

Esa visión ha sido uno de los grandes problemas en la base de la vulneración de derechos, tal como lo señala la Comisión de Investigación encargada por el Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas en el año 2018, cuando estudió las situaciones de vulneración de derechos en residencias dependientes del Estado de Chile.

De este trabajo se obtuvieron cuatro conclusiones muy relevantes y la primera tiene que ver con la visión tutelar del Estado respecto a la infancia. ¿Qué implica esto?, que los niños, niñas y adolescentes son concebidos como objetos de protección y como propiedad de las familias, pero no son concebidos como sujetos activos de derechos.

Y si bien se consideran las diferencias en las responsabilidades y se valora el deber preferente de los padres para cuidar y garantizar esos derechos, el rol del Estado tiene como prioridad fortalecer las políticas de desarrollo social hacia una perspectiva de derechos y universalidad. Junto a eso, se debe implementar un ecosistema digital de datos sociales y una ventanilla única, así como avanzar en la protección integral de derechos de la niñez y adolescencia.

Los otros tres aspectos que considera la antes mencionada Comisión se relacionan con la incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, la excesiva judicialización del sistema y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema.

Entonces, ¿quiénes deben ser garantes de derechos?, todas las instituciones o instancias responsables de hacer cumplir o crear/generar las condiciones de respeto y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.

Desde este punto de vista, el Estado debe ser el garante principal de la defensa, promoción y protección de estos derechos, dejando como corresponsables a la sociedad civil, los medios de comunicación, las empresas privadas. Junto a eso, se agregan todas las personas, las familias y las comunidades, quienes tienen una responsabilidad cultural, política y de convivencia.

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