Cristián Rojas M.

En la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (UV) se llevó a cabo ayer una nueva sesión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), que contó con la presencia de la subsecretaria de Educación Superior, María Angélica Bosch, quien expuso sobre la propuesta gubernamental de aranceles regulados, que contempla reemplazar a la que viene de la administración anterior. Los rectores le hicieron presente que considere sus planteamientos, sobre todo en cuanto a no afectar negativamente el presupuesto de las casas de estudios.

Al respecto, el anfitrión de la jornada, Osvaldo Corrales, rector de la UV, detalló que "hemos decidido aceptar la invitación que nos ha hecho la subsecretaria de Educación Superior a redefinir las bases técnicas a partir de las cuales se van a fijar los aranceles regulados, para ser aplicados a partir del año 2024, después de un intenso debate entre los rectores y rectoras. Yo creo que ese ha sido, tal vez, el hito más significativo de la sesión".

Ampliar el plazo

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Darcy Fuenzalida, señaló que la sesión trató principalmente sobre "el trabajo que viene por delante respecto de los aranceles de las carreras, la subsecretaria nos informó que van a solicitar una ley corta para poder ampliar el plazo de fijación los aranceles regulados, y que van a realizar nuevamente el procedimiento para la determinación de éstos, para rehacer el trabajo que se había hecho anteriormente, con una participación mayor de las universidades y de las federaciones de estudiantes, aparte de la comisión de expertos".

La idea, precisó, es que "también podamos participar en ese trabajo como Consejo de Rectores, a objeto de que la determinación de estos aranceles integre todas las visiones".

No afectar las arcas

Uno de los puntos que surgió desde el CRUCh en la instancia y que el propio Fuenzalida planteó, "es que la determinación de aranceles cautele que ninguna universidad quede en una condición menor a la que actualmente está, porque eso tendría un efecto presupuestario en las instituciones que podría afectar su continuidad operacional".

El rector de la USM recalcó que "ese es un tema que como Consejo de Rectores y en el caso particular mío como rector, me interesa que sea considerado en la nueva determinación de aranceles que se haría por parte de la Subsecretaría, teniendo presente que cualquier nuevo modelo debe contemplar necesariamente que ninguna de las universidades quede en una condición de desmedro respecto de la situación actual. Es un punto que hay que trabajar con la Subsecretaría".

Asimismo, Fuenzalida hizo notar que "el otro punto importante a trabajar es entender que en el proceso de determinación de los aranceles se debe considerar que las universidades somos instituciones complejas en las cuales se desarrollan más actividades aparte de la docencia, desarrollamos investigación, vinculación con el medio, y esas otras actividades no se pueden abstraer de la docencia, porque sirven como elemento esencial para poder dar una educación al más alto nivel".

El trabajo para delinear la nueva fijación de aranceles debería hacerse dentro de este año, indicó el rector de la USM, quien destacó que "es positivo que la Subsecretaría quiera que este proceso sea participativo, transparente, y eso lo valoramos".

Postura en conjunto

Por su parte, el rector de la Universidad de Santiago, (USACh), Juan Manuel Zolezzi, puntualizó que, tras la exposición de la subsecretaria, los rectores "tuvimos la posibilidad de hablar sobre el tema der aranceles regulados más abiertamente, sin la presencia de la subsecretaria, y buscar algún camino de ir en conjunto con el Ministerio, con la Subsecretaría, pero con una situación de alerta de que no pueden ocurrir las mismas cosas que ocurrieron en la Subsecretaría anterior".

Sobre la propuesta presentada por Bosch, el rector de la USACh planteó que "todavía se ve un poco primaria, faltan mayores definiciones, que son las que el Consejo echa de menos, sobre todo queremos saber exactamente las razones por las cuales se van a impugnar las bases anteriores para poder provocar la ley corta que permita el aplazamiento, entonces queremos conocer los detalles con mayor exactitud y creemos que falta todavía esa información, pero entendemos que el Gobierno lleva apenas un poco más de dos meses".

Nueva prueba de ingreso

Por otro lado, detalló que en la sesión del CRUCh "se habló también del proceso de admisión de este año, se está avanzando en eso, pero todavía es muy primario como para tener una mirada completa de lo que se está proponiendo. Sin embargo, nos preocupan algunos temas, por ejemplo, Pedagogía, que es un tema recurrente, cómo captar más y mejores alumnos, pero en general el sistema se va a mantener parecido a lo que venía de los años anteriores".

Zolezzi precisó que "va a haber una diferencia en la prueba de admisión, esta prueba va a ser más de conceptos, no de habilidades propiamente tal, sino que más cercana a lo que los estudiantes están acostumbrados a hacer, es un intermedio entre la prueba de conocimientos y la prueba de habilidades, y eso yo creo que va a ser importante. También se reduce el número de preguntas, hay más tiempo, entonces hay varias cosas favorables que se van a ir sabiendo un poquito más adelante".

"La determinación de aranceles debe cautelar que ninguna universidad quede en una condición menor".

Darcy Fuenzalida, Rector de la USM

"Faltan mayores definiciones, que son las que el Consejo echa de menos".

Juan Manuel Zolezzi, Rector de la USACh

El Juzgado de Garantía de Talcahuano concluyó ayer la audiencia de preparación del juicio oral en contra de seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) que son indagados por su eventual responsabilidad en el delito de propagación de sustancias peligrosas para la salud animal o vegetal (artículo 291 del Código Penal), a raíz de anomalías en el trasvasije de crudo iraní, lo que habría provocado graves eventos de contaminación masiva en Talcahuano y en la bahía de Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018.

En este proceso se encuentran formalizados Álvaro Eduardo Hillerns Velasco, Patricia Alejandra Cabalá Leiva, Edmundo Nosor Enrique Piraíno Suez, Juan Pablo Rhodes Valenzuela, Carlos Andrés Lizana Guerrero y Jorge Andrés Farías, quienes son investigados por el Ministerio Público.

En la audiencia de preparación del juicio oral, que se extendió por nueve jornadas, la magistrada Antonia Flores Rubilar definió el contenido del auto de apertura que será remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción. El documento consigna 284 testigos, 20 peritos, además de 1.098 medios de prueba documental y otros 116 medios de prueba.

Acciones que se imputan

Según la acusación fiscal, los imputados Hillerns Velasco, gerente de la Refinería Biobío; Cabalá Leiva, jefa de Operaciones de Enap Biobío; Farías Fuentes, jefe del área marítima de Enap Biobío, junto a Joseph William Darlington Flores (quien obtuvo la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por el término de un año, en diciembre del año pasado), capitán de marina mercante y a cargo del alije (traspaso) entre los buques "Monte Toledo" y "Cabo Victoria", en la esfera de sus competencias y con infracción a la normativa sobre la materia, coordinaron y llevaron a cabo una serie de acciones destinadas a la descarga de crudo de origen iraní el 3 y 4 de agosto de 2018, en la bahía de Concepción, cuya ejecución incluyó la realización de una serie de "venteos"; es decir, la expulsión a presión, desde las bodegas del buque "Monte Toledo", de gases contenedores de ácido sulfhídrico (H2S), operación que trajo como consecuencia la propagación indebida de contaminantes peligrosos para la salud, desde la bahía hacia zonas pobladas de Concepción y Talcahuano.

En tanto, los imputados Piraíno Suez, gerente de la Refinería Aconcagua; Rhodes Valenzuela, director del Terminal Marítimo de Quintero, y Lizana Guerrero, jefe del área terrestre del Terminal Quintero, infringieron las reglas de protección del medioambiente y laborales al drenar el crudo denominado Iranian Heavy, depositado en uno de sus estanques, lo que generó la emisión de sulfuros que, dadas las condiciones climáticas que imperaban en la zona entre el 17 y 24 de agosto de 2018, se dispersaron y alcanzaron zonas pobladas en Quintero y Puchuncaví, lo que puso en riesgo la salud y la vida de sus habitantes.

"Fueron ofrecidos más de 1.650 medios probatorios por todos los intervinientes, que comprenden prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba. (…) Se excluyeron más de 75 medios probatorios".

Antoni a Flores Rubilar, Jueza de Garantía