Un aporte decisivo al rescate de los valores patrimoniales de Valparaíso significa el nuevo destino que se ha dado al tradicional edificio de la Bolsa de Corredores, convertido ahora en una sede de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

La edificación, terminada en 1915 y levantada a un alto costo, fue adquirida por esa casa de estudios superiores y sometida a una completa recuperación de todos sus espacios, respetando en especial la tradicional rueda donde se efectuaron por décadas, a viva voz, importantes transacciones de acciones, bonos y monedas de oro.

Este recinto fue por años el principal centro de operaciones financieras del país, algunas con alcance internacional.

Terminada la operación de la Bolsa en medio de graves irregularidades, los propietarios del inmueble lo pusieron a la venta y fue adquirido para la Universidad Técnica Federico Santa María, que ahora lo ha convertido en sede de varias direcciones del plantel, entre ellas la de Vinculación con el Medio, precisamente en el centro financiero de la ciudad. Además, tiene allí su sede el Instituto Internacional de Innovación Empresarial (3IE), que viene desde hace 30 años impulsando la creatividad empresarial. En el acto oficial de reinauguración de la nueva sede, el rector de la universidad, Darcy Fuenzalida, destacó que con esta ubicación central "queremos estar más presentes en Valparaíso".

Hay que destacar que tras el aporte al conocimiento y a la cultura que entrega la vieja Bolsa en su nueva ruta hay una importante inversión y la voluntad de una universidad privada con vocación pública de aportar a la comunidad, voluntad que exige reconocimiento.

En este aspecto, hay que reiterar la preocupación expresada por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también privada con vocación pública, perteneciente a la Red G9. Lamentó el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, que en el borrador del proyecto constitucional se ignore la "provisión mixta" que existe en la educación superior, en que a la acción del Estado se suma en forma importante un grupo de casas de estudios superiores privadas, particularmente en regiones desde hace más de 90 años. Se desconoce también la autonomía universitaria y se pasa por alto, afirma, "el carácter público de estas instituciones, que había sido reconocido incluso por rango constitucional en la reforma de 1971".

El aporte patrimonial e intelectual que ha concretado la Universidad Técnica Federico Santa María, con décadas de servicio a la docencia superior, es una demostración de la vocación pública de esa casa de estudios y de otras que se agrupan en la Red G9.

La falta de reconocimiento de esa condición es una grave omisión fruto en parte de falta de información de una realidad educacional que cruza todo del país y también del sello estatal que se intenta dar a la nueva Constitución.

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador de desarrollo de un país y mide el bienestar de su población. En esa línea, la inversión, que representa cerca del 25% del PIB, es una potente fuente generadora de bienestar en la sociedad, crecimiento de la economía y desarrollo de los mercados.

La obtención del capital para realizar las iniciativas de inversión privada proviene, de manera significativa, del mercado financiero. Así, las empresas pueden acceder a capital en condiciones competitivas y crear valor económico. Esto, gracias a los beneficios del apalancamiento financiero, a través de instrumentos de deuda como la emisión de bonos corporativos y créditos sindicados.

Dada la profundidad del mercado de capitales chileno es posible articular fondos de mayor cuantía y en plazos más extensos. Estas características permiten desarrollar proyectos de gran escala que impactan positivamente en términos económicos, sociales y ambientales, generando más oportunidades para el crecimiento y desarrollo sostenible.

Sabemos que el borrador de la nueva Constitución está pensado en buscar mejoras para la calidad de vida del país; sin embargo, aborda algunos temas que podrían afectar la inversión y que conviene analizar. Por ejemplo, una mínima (o nula) incertidumbre respecto a las atribuciones del sector político genera un clima ostentoso para invertir, dado el menor impacto de la transitoriedad que podría existir en quienes gobiernan. Así, el aprobar leyes por mayoría simple, como lo propone el texto, entregaría mayores capacidades al gobierno de turno, implicando un riesgo de utilización política.

Otro punto importante tiene que ver con la propiedad privada, donde es un imperativo reconocer los bienes por quien los adquirió y ante una eventual expropiación la valoración del bien sea en condiciones de mercado y no por un "precio justo" con términos poco claros de compensación. La propuesta de Constitución permite, además, diferentes reglas para distintos territorios, lo cual no contribuye al dinamismo y actividad del aparato productivo a través de las iniciativas y capacidades privadas, y podría tener un efecto de segregación en ciertos territorios.

En temas de energía se busca que las personas tengan derecho a un nivel mínimo de energía asequible y que el Estado garantice la equidad y no discriminación en el acceso. Se debe cuidar que el uso de subsidios y un gasto permanente de recursos públicos no conlleve un riesgo asociado al cobro de facturas de energía afectando los flujos operacionales y la viabilidad de proyectos.

El hecho de incrementar los requerimientos para desarrollar proyectos, agregando la obtención de aprobaciones, debilitando los derechos de propiedad y reduciendo la disponibilidad de financiación (debido a los cambios en el sistema de pensiones) aumenta el riesgo de largo plazo. Con esto aumentarían las iniciativas de inversión de menor cuantía y plazo, afectando negativamente el crecimiento potencial, y podría incurrir en el aplazamiento de algunas iniciativas de mayor cuantía.