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"La infraestructura de los establecimientos lleva más de 30 años de abandono"

Suspendido del cargo de director ejecutivo mientras se indaga su situación, afirma que el deterioro de los colegios -uno de los cuestionamientos a su gestión formulados por gremios del sector- demanda inversión de a lo menos 10 años plazo al nivel de gasto actual.
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Sobrepasado a veces por el conjunto de factores que obstaculizan la consecución de las metas fijadas para el mejoramiento del sistema, pero no arrepentido. Así se declara Manuel Pérez Pastén (62) a poco más de dos años de haber ganado el concurso de Alta Dirección Pública que lo instaló como director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, cargo en que enfrenta el comienzo de un proceso de remoción iniciado en la dirección nacional del organismo tras una serie de protestas contra su gestión encabezadas por los gremios locales docente y de asistentes de la enseñanza.

Profesor de Filosofía en la Universidad Católica de Chile, magíster en la Universidad de Chile, diplomado en Estudios Avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid y en proceso de concluir el doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona, Pérez asegura que no le pesa haber renunciado a su "zona de confort" académica para asumir este duro desafío, aun cuando, admite, "no esperaba constatar tantas y variadas resistencias a instalar un proceso que se demandaba desde la sociedad civil, pero a su vez se obstaculizaba, y en especial desde actores claves que debieran tener una escucha activa más que un monólogo intransigente".

El traspaso al SLEP de los 66 establecimientos educacionales de Valparaíso -que administraba la Corporación Municipal, Cormuval- y de la comuna de Juan Fernández enfrentó diversas dificultades, debido entre otras cosas a las deudas previsionales preexistentes y al deterioro o falta de reposición de los recintos escolares. Tampoco han sido fáciles de cumplir las exigencias de velar por la entrega de "una educación integral, de calidad y con pertinencia local, centrada en los aprendizajes para el siglo XXI" y que entregue oportunidades de desarrollo, en este caso, a 18 mil estudiantes.

En ese cometido, Manuel Pérez, quien tiene una larga carrera en la UC y en la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez -donde fue vicerrector académico-, y que se encuentra suspendido del cargo de director ejecutivo del SLEP Valparaíso mientras se realiza el proceso que lo involucra, menciona algunos de los factores que a veces lo superan, y que van desde la escasa dotación para administrar la gestión educativa hasta las trabas para compras públicas supeditadas a procesos o licitaciones excesivamente largos.

Incluye también el de "recuperar las confianzas en un proceso de dos años particularmente de desborde, comprendiendo que hay docentes, asistentes, equipos directivos, estudiantes y familias estresadas ante una nueva forma de instalación vital, como también existen minorías que enfatizan las demandas y búsqueda de cambios por vías más bien de violencia simbólica y a veces física, a través de procesos como tomas y paros que afectan al alumnado"

Y no deja de recordar que tanto en el diagnóstico inicial del SLEP en 2020, y luego en 2021, "insistimos en las dificultades de infraestructura que lleva más de 30 años de abandono y deterioro, lo cual representa una necesidad de inversión a lo menos a 10 años plazo con el nivel de inversión actual".

Proceso con críticas y defensas

- ¿En qué fase está y qué etapas siguen en el proceso de remoción que lo afecta?

- Está en la primera etapa, en que hay 20 días para indagar si se levantan cargos o se sobresee, caso en que volvería a mis funciones. Si se establecen, comienza un proceso de investigación que puede durar hasta cuatro meses, tras lo cual hay un pronunciamiento de parte del fiscal, que puede desestimar los cargos y cerrar el proceso, o pedir la salida si considera que lo amerita. En este último caso los antecedentes van al ministro, que a su vez los puede desestimar o cursar. Si los cursa, el caso llegan al Presidente, quien adopta su decisión. Si solicita la remoción, hay una última instancia, que es una apelación ante la Contraloría General de la República.

- Mientras los gremios locales de educación y la seremi Maragaño acusan deficiencias de gestión en el ejercicio de su cargo, la Asociación de Docentes Directivos lo apoya declarando que "entrega confianza y garantías sobre la continuidad del proceso educativo pese a las dificultades económicas y presupuestarias". ¿Cómo se entiende?

- En lo que respecta a los gremios, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación -SUTE- tiene otra postura que plantea en una declaración en la cual señala que el tema no pasa por el director, sino por la inyección de recursos frescos, el destrabamiento de una serie de procesos burocráticos y la posibilidad real y efectiva de usufructuar de instancias que los servicios públicos no pueden pero sí las corporaciones o las municipalidades, como el uso de la recuperación de las licencias médicas. Yo diría que las críticas están concentradas fundamentalmente en el nivel comunal del Colegio de Profesores, y también en cierta forma en el sindicato de Asistentes de la Educación. En el caso de la Asociación de Docentes Directivos, creo que su posición responde fundamentalmente a un dato de rigor en la causa: no más allá de un 10% de las comunidades educativas aún no está convencida de nuestro proyecto y mantiene una posición crítica. Pero estamos hablando de 5 ó 6 establecimientos y no más, en el resto los equipos en general se han manifestado conformes con la gestión y el proceso que se está viviendo. El 90% de los establecimientos tiene una postura distinta y eso es lo que expresa en este caso la asociación de directivos.

Motivación política y problemas salariales

-También los directores de colegios esperan "que esto no sea nuevamente parte de decisiones políticas partidistas que tanto daño le han hecho a la educación pública". ¿Cree que hay una motivación política en el inicio del proceso que lo involucra?

- Es una hipótesis posible. Fuimos uno de los primeros en abrir los establecimientos, llegamos al 90%, pese a la insistencia permanente del Colegio de Profesores de no hacerlo, aunque fue este mismo gobierno el que dijo que fue un error tener las escuelas cerradas tanto tiempo, y el Presidente Boric sostuvo que debiesen ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar. Entonces hicimos bien en abrir, pese a la presión. Es altamente viable que haya una motivación política porque si estamos en una mesa técnica de la que el director ejecutivo es parte, abordando temas para trabajarlos, no se le inicia un proceso (de remoción) y no se emiten juicios previos cuando recién comienza.

- Los gremios críticos a su gestión reclamaron "problemas salariales insostenibles" y apuntaron a errores en el cálculo de las remuneraciones docentes.

- El dato que tenemos es que, si hay errores humanos en el cálculo de remuneraciones, estamos hablando del 1.6% y que se corrige en menos de 24 horas hábiles. ¿Qué otra institución pública tiene ese margen de error cuando en nuestro convenio de desempeño colectivo nos comprometemos a mediano plazo a tener un error dentro del 10%? Era lo que considerábamos factible porque por diversas razones, a veces de fecha, ingresan ciertos tipos de subvención u otros que no se pueden incorporar al sistema, y eso siempre significa errores en un porcentaje que se acerca al 10%. Que se nos acuse de errores masivos por un 1.6% me parece falta de objetividad.

86% del presupuesto en personal

- El capítulo Realidad Financiera del Plan Estratégico 2021-2027 del SLEP Valparaíso indica que el gasto en personal excede en más de $1.600 millones anuales los ingresos destinados a ello, y representa un 86% del total de gastos del servicio. ¿El 14% que queda es para todo lo demás?

- Correcto. Para todo lo demás y dividido por 66 establecimientos. Estamos hablando de pago de agua, de luz, servicios básicos, aparte de mantención y otros gastos. Es imposible. Pero esa cifra sería correcta si no hubiese licencias médicas. El año pasado tuvimos licencias por cerca de $2.600 millones, un porcentaje de los cuales recuperamos, pero no podemos utilizar. En la práctica la subvención no alcanza porque por una parte hay que pagar la licencia y por otra parte el reemplazo. Y este año esa situación va incluso a casi duplicando el escenario del año pasado.

- ¿El hecho de que el gasto en personal exceda en $1.600 millones anuales la suma destinada a ello significa que hay sobredotación docente, de asistentes y auxiliares de la educación?

- Exacto, hay sobredotación en general, tanto docente como asistentes y auxiliares. En la estadística que llevamos se ve cómo fue pasando de cerca de 22.000 estudiantes con 2.600 funcionarios en

Nuestra ejecución presupuestaria como servicio local fue de un 92% y obtuvimos en 2021 un 99.5% de logro, en el primer tramo de los Programas de Mejoramiento de la Gestión. Desconozco las razones para hablar de mala gestión cuando los instrumentos objetivados para calificarla dicen otra cosa".

Si hay errores humanos en el cálculo de remuneraciones, estamos hablando del 1.6% y se corrige en menos de 24 horas. ¿Qué otra institución pública tiene ese margen de error cuando en nuestro propio Convenio de Desempeño Colectivo nos comprometemos a tener un error dentro del 10%?"

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