El emotivo funeral del cabo David Florido, fallecido durante un operativo contra una persona armada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, estuvo lleno de expresiones directas y simbólicas sobre las dificultades que tienen las instituciones policiales para desarrollar su labor con la efectividad que requiere la ciudadanía y la seguridad indispensable que necesitan sus funcionarios. A los gritos de "¡justicia, justicia!", que escuchó el director general de Carabineros, general Ricardo Yáñez, al llegar a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Quilpué, donde se realizó la misa de responso, se sumaron las palabras Juan Carlos Florido, el padre del funcionario muerto.
"Me llena de orgullo y de tristeza", dijo ayer Florido al describir los sentimientos contradictorios que le deja la muerte de su hijo, caído en servicio. Luego expuso con descarnada claridad la preocupación que tiene sobre la situación del país: "Somos responsables de exigir que los encargados de proteger a cada uno de nosotros como ciudadanos sean Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y ellos no podrán cumplir nunca su tarea como corresponde si no le damos apoyo y respeto; si no reconocemos esa autoridad que deben tener, todo esto va a escapar de control".
Desde el dolor, como fue hecha, la advertencia constata los riesgos que encierra la escalada de violencia que se vive en las calles desde hace varios años. La muerte del cabo Florido -ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor- ocurrió al fiscalizar el armamento que portaba una persona dentro de una peluquería. Aunque el sujeto ya está identificado y su detención es inminente, su desfachatez para ingresar un arma a un lugar de atención de público muestra la naturalidad que adquirió para ciertas bandas de delincuentes el uso de pistolas, revólveres y fusiles. ¿Cómo puede Carabineros controlar este preocupante fenómeno si no cuenta con las atribuciones adecuadas y el respaldo político para ejercer de forma proporcional la fuerza en la cual fueron entrenados? La respuesta del actual Gobierno en este punto ha sido insuficiente. Entrampados como están en la definición de una reforma a fondo de Carabineros -algo que la institución requiere, según reconoce su propio general director-, tanto el Presidente Gabriel Boric como la ministra del Interior, Izkia Siches, han sido poco claros en las competencias efectivas que se le darán a la institución en el extenso periodo que aún queda para que complete su proceso de cambio interno. Algunas voces van más allá y advierten que cualquier intervención drástica a Carabineros hoy será entendida por las bandas criminales y de narcotráfico como una oportunidad para fortalecer sus redes y consolidar su presencia en las calles. Ponen de ejemplo lo ocurrido en la macrozona sur.
Puede que haya un camino intermedio, uno que permita hacer compatibles una modernización a fondo y, en paralelo, un fortalecimiento de sus actuales capacidades operativas, pero son las autoridades gubernamentales las llamadas a esbozar esa nueva ruta. Lamentablemente, ante la falta de claridad en los pronunciamientos, las guías hacia todo nuevo trayecto se oscurecen y ocultan tras la tristeza de un nuevo mártir, el suboficial mayor David Florido.