LA TRIBUNA DEL LECTOR Indigenismo, nueva Constitución y confusa Cuenta Presidencial
POR MARCOS TRICALLOTIS, PHD. CONSEJERO REGIONAL POR MARGA MARGA Y VICEPRESIDENTE COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONSEJERO REGIONAL POR MARGA MARGA Y VICEPRESIDENTE COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La primera Cuenta Pública del Presidente Boric ante el Congreso resultó preocupante tanto por lo errado del diagnóstico como por las soluciones simplistas e infantiles que propone a los desafíos que enfrenta el país. Uno de esos desafíos es la política pública hacia los pueblos indígenas u originarios. Es así, por ejemplo, como se anunció con bombos y platillos el aumento al doble de los fondos públicos para restitución de tierras, pagados -por supuesto- con nuestros impuestos. Y entre las curiosidades de esta Cuenta, el Presidente hace una interpretación sesgada y antojadiza del Tratado de Tapihue de 1825, para impulsar "parlamentos territoriales", pero ¿con quiénes como interlocutores y en qué condiciones?
Bajo el supuesto de reparar una deuda histórica, la restitución de tierras sigue siendo la principal política pública para reparar el daño causado a los antepasados de los actuales chilenos de descendencia indígena. Esto particularmente es así con los chilenos de origen mapuche. A pesar de que la mayoría de las 510.387 hectáreas de títulos de merced indígenas ya se habrían devuelto a sus propietarios, la guerrilla en la Macrozona Sur no ha hecho más que recrudecer. Los títulos de merced corresponden a títulos legales de tenencia de tierras entregados por el Estado a familias mapuches entre 1884 y 1929, luego de la llamada Guerra de Pacificación de la Araucanía.
Lo anterior se explicaría por varios motivos. Primero, existen razones ideológicas de activistas de ultraizquierda que no solo exigen mucho más que las hectáreas de títulos de merced, sino que tienen claras intenciones secesionistas. Aunque esto implique ejecutar una verdadera limpieza étnica. Segundo, la Conadi se ha transformado en una auténtica "caja negra", donde es casi una misión imposible obtener registros de cuántas hectáreas se han entregado desde la promulgación de la Ley Indígena N° 19.253 de 1993. Sin un catastro correcto de cuánto es lo entregado a la fecha, se hace muy difícil ponerle atajo a una demanda, esta vez por tierras "ancestrales", que parece de nunca acabar.
En otro aspecto relevante de la pasada Cuenta Pública de nuestro joven Presidente, se continuó con la misma política pública que atenta contra las libertades de los chilenos de origen rapanui. Como gran cosa, se anuncia una reapertura "gradual" y con "todas las medidas sanitarias" del aeropuerto Mataveri, pero solo desde el 1 de agosto. Sin embargo, en circunstancias en las cuales la mayor parte del mundo avanza hacia una liberación de las restricciones pospandemia, no tiene sentido seguir aplicando más restricciones cuando las tasas de morbilidad (probabilidad de enfermar) y letalidad (probabilidad de morir luego de enfermar) han bajado significativamente luego de aplicar exitosos programas de vacunación.
Finalmente, en caso de que la nueva Constitución sea aprobada, su implementación abre la caja de Pandora hacia reivindicaciones masivas por tierras ancestrales en todo el territorio nacional. Además, en la Cuenta Pública se anuncia más burocracia y cargos políticos mediante la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, pagado nuevamente con nuestros impuestos. Ante este escenario, cabe preguntarse si quienes están hoy en el Ejecutivo dimensionan las consecuencias del tipo de políticas públicas que están promoviendo. Como decía el buen Dante, "el camino al infierno está plagado de buenas intenciones".