Katherine Escalona M.

Más de una hora duró ayer la discusión en el Concejo Municipal sobre la seguridad en Valparaíso, tras las balaceras registradas este lunes y martes. Los hechos dejaron como víctimas a dos niños, de 3 y 15 años, ambos en riesgo vital en el Hospital Carlos van Buren.

Al inicio del Concejo, el alcalde Jorge Sharp criticó estos hechos. Presentó la propuesta de una nueva política de seguridad con hincapié en las policías y la comunidad, idea que fue respaldada por los concejales.

Junto con confirmar que se sumará a las querellas, después de la intervención de los ediles se acordó un plan urgente con 10 medidas para ser presentadas a la ministra del Interior, Izkia Siches.

Pero esto no fue todo. En la discusión, el Concejo también concluyó solicitar al Gobierno la devolución de US$250 millones, aproximadamente, que fueron comprometidos en el "Plan de Reconstrucción" por el megaincendio de 2014, que no habrían sido utilizados por los gobiernos de turno, dineros que servirían para financiar un plan integral de seguridad.

El alcalde Sharp postuló que "a partir del diálogo que se dio y las propuestas que ustedes plantearon es que debiésemos partir cobrando lo que se debe a Valparaíso". Argumentó que "el año 2014, ¿se acuerdan?, el gobierno de turno propuso para efectos de la reconstrucción una inversión de 509 millones de dólares, de esos se invirtieron, según los datos que se manejan, 250 millones de dólares, ¿qué pasó con el resto?".

Afirmó que "vamos a pedir lo que nos prometieron, vamos a exigir lo que le ofrecieron públicamente a la ciudad, dónde están los demás 250 millones de dólares". Sugirió que "podríamos presentar en esa reunión (con la ministra) un plan de acciones inmediatas financiado por los US$250 millones que nos deben todavía desde el 2014, o quizás no son 250 millones son 200 millones, pero es mucha plata (...) y nosotros tenemos documentado cuánto se gastó y cuánto no se gastó".

El alcalde planteó la necesidad de crear, en la próxima Comisión de Seguridad, un listado "de 10 acciones inmediatas que proponer" para ser presentadas en la reunión con la ministra Siches. Anunció, además, que la próxima semana se sube al portal "la licitación para la compra de las camionetas de seguridad ciudadana, tenemos además una donación que nos van a hacer las universidades para patrullaje en el plan, en el eje universitario" y que "hemos aumentado el número de inspectores".

Dentro de las propuestas sugeridas en primera instancia por los concejales están: planos urbanísticos con el rescate de edificios abandonados; refuerzo de planes policiales y una dotación completa en los cuarteles de Carabineros; inversión comunitaria; inversión territorial; mayor coordinación con las autoridades y coordinación con otras alcaldías.

El concejal Morales, además, recordó que "hay una deuda también del pago de derechos municipales y otras obras relacionadas al Congreso Nacional" que se había comprometido al mejoramiento en el entorno, lo que habría que revisar.

Parlamentarios

Sobre el nuevo plan de seguridad sugerido por el alcalde fueron consultados parlamentarios del Distrito 7. El diputado Andrés Celis (RN) criticó la propuesta y apuntó a acciones directas, mientras que el diputado Luis Cuello (PC) valoró lo expuesto.

Celis recordó que "el alcalde Sharp no contestaba cuando carabineros le enviaba los factores de riesgo, (...) él no contestaba nada a carabineros, entonces, esto es retórica, esto es pura palabra barata, populismo". Apeló que "esto es parte de un discurso populista para desligarse de una responsabilidad que él tiene y que no sabe cómo abordarla, y le endosa la responsabilidad a la ministra Interior porque es incapaz de abordar la delincuencia".

En tanto, Cuello manifestó que "debemos avanzar a un acuerdo transversal por el fin de las armas en poder de particulares y el combate férreo al contrabando de armas. En segundo lugar, me parece fundamental reforzar la dotación policial para enfrentar el crimen, sin perjuicio de emprender una reforma profunda en Carabineros. Desde luego, es pertinente y necesario incorporar a la comunidad y a los territorios en el diseño de las políticas de seguridad, para identificar los problemas".

"Podríamos presentar en esa reunión un plan de acciones inmediatas financiado con los 250 millones de dólares que nos deben".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"Esto es parte de un discurso populista para desligarse de una responsabilidad que él (Sharp) tiene y que no sabe cómo abordarla".

Andrés Celis, Diputado (RN)

Las disculpas realizadas por la ministra de Salud, María Begoña Yarza, en cartas dirigidas al Colegio Médico y a la multigremial del Hospital del Salvador, sumado a las declaraciones vertidas a medios de prensa, no fueron suficientes para los funcionarios del recinto. Ayer leyeron una declaración en la que afirmaron que continuarán movilizados hasta que la secretaria de Estado no acoja en totalidad el acto reparatorio que piden.

En comunicado firmado por la Fenats Unitaria, la Fedeprus y el Capítulo Médico del Hospital del Salvador, precisaron que "reiteramos la solicitud del acto reparatorio a la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, y que cumpla con todas las acciones", entre las que están buscar la forma de que la causa sea archivada, propiciar acciones para proteger a los funcionarios en sumarios en curso y una declaración pública.

Ésta última, detallaron, que contenga "elementos técnicos que aclaren a la población general que los procedimientos médicos realizados en el Hospital del Salvador cumplen con los principios éticos" y recalcaron que "mientras no se produzca el acto reparatorio a cabalidad, nuestros funcionarios se mantendrán movilizados en asamblea permanente, con turnos éticos para los usuarios hospitalizados y de farmacia".

La presidenta de la Asociación por una Salud Mental Radiofónica, Camila Reyes, entidad que nace en el hospital, lamentó todo lo que está ocurriendo. Precisó que "creo que, efectivamente, la ministra se adelantó con tipificar de tortura, pero sí es claro que no se está respetando la normativa, se saltaron la norma".

Acotó que "el hospital está viviendo de precariedad porque faltan profesionales y, por lo tanto, no se puede hacer una rehabilitación integral a los pacientes. Los terapeutas ocupacionales y sicólogos son muy pocos y la atención consiste en entregar medicamentos, pero no algo más integral de terapia e inclusión social".

Y en un escrito detalló que "disculpas debieran recibir los usuarios que recibieron electroshock sin anestesia y que nadie se ha preguntado cómo están y quiénes son. Disculpas por el mal manejo de las autoridades y dirigentes porque lo que han hecho solo contribuye a la discriminación y el estigma sobre nosotros y una vez más se nos invisibilidad".

"La ministra se adelantó con tipificar de tortura, pero sí es claro que no se está respetando la normativa".

Camila Reyes, Asamblea por una Salud Mental

Las autoridades regionales del trabajo destacaron el dictamen que, frente al adelanto de las vacaciones de invierno, autoriza el trabajo a distancia de las personas que tengan a su cargo el cuidado de infantes en edad preescolar, de niños de hasta 12 años y de personas con discapacidad.

"Siempre hemos sido enfáticos en señalar que, ante cualquier evento excepcional de carácter sanitario por catástrofe o calamidad pública, lo primordial es la protección de la vida y la salud de las personas, junto con la prevención, y esta medida adoptada por la Dirección del Trabajo, va en esa línea", dijo la seremi del ramo, Susana Calderón.

En tanto, el titular de la Dirección Regional del Trabajo, Jorge Andreucic, dijo que "en el caso de tratarse del cuidado de un niño o niña en edad preescolar, es la madre quien puede elegir si es ella o el padre, en el caso que ambos sean trabajadores, quien ejercerá dicho cuidado de manera efectiva".

El director regional añadió que esta posibilidad de trabajar a distancia que supone el dictamen "no puede derivar en ningún tipo de reducción de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras".