Las señales sobre la escalada de violencia entre bandas criminales de Valparaíso fueron muchas y de tal contundencia en los últimos años, que ningún personero que haya ejercido algún tipo de autoridad en este periodo puede separar su responsabilidad de los hechos que hoy tienen a toda la ciudad conmocionada. Dos niños, uno residente del cerro Los Placeres y una segunda de tan solo 3 años que vive en Playa Ancha, se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital Carlos van Buren, luego de sufrir balazos en su cabeza, fruto de ataques que las policías aún investigan, pero que involucran altercados entre grupos rivales y ajustes de cuentas.

De allí que causa extrañeza el emplazamiento que hizo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a la ministra del Interior, Izkia Siches, a quien pidió a través de un mensaje publicado en Facebook -las antiguas formalidades que implicaban ir hasta La Moneda para analizar estos temas parece que estorban- una reunión para presentarle las ideas generadas desde el municipio porteño para mejorar la seguridad en las calles de la ciudad. De facto, Sharp se saltó a la delegada presidencial, Sofía González, quien ejerce la coordinación en temas de seguridad a nivel regional, y prefirió acudir directa y públicamente a la secretaria de Estado. La propuesta representa un marcado cambio de actitud respecto de su primer periodo, cuando Sharp desestimaba cualquier responsabilidad municipal en temas de seguridad pública y, más aún, de esos negros días de estallido social en Valparaíso, cuando el jefe comunal porteño era más enfático en criticar las acciones de Carabineros que los saqueos e incendios que asolaban a pequeños comerciantes y edificios patrimoniales en el plan de la ciudad. Las irresponsabilidades públicas de una autoridad son difíciles de borrar. Por ello aparece como contradictorio que Sharp pida el regreso de los carabineros que reforzaron durante mayo la dotación de la comuna, cuando un par de años antes encabezaba -un video rescatado por redes sociales lo muestra sosteniendo un lienzo en primera fila- marchas en las cuales se hacía burla de la misma institución a la cual hoy pide ayuda.

Este cambio de actitud, por supuesto, es positivo, pero para ser consistente y reflejar un compromiso serio con los problemas de seguridad que aquejan a todos los porteños, requiere de acciones concretas que salgan del marco habitual de los emplazamientos públicos y aterricen en decisiones capaces de ayudar a Carabineros en el control del orden -dentro del marco municipal que la ley permite-, como fortalecer las unidades de fiscalización, poner atajo a los ambulantes, mejorar la coordinación con las instituciones policiales, aprobar y materializar un Plan Comunal de Seguridad. Una señal sería empujar con prioridad los seis proyectos en este ámbito que forman parte del plan "Valpo al 100". En resumen, el alcalde debe aún demostrar que sus convicciones como autoridad municipal están alineadas con las necesidades de la ciudad para poner atajo, de una buena vez, a la escalada de violencia en sus calles.

En su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric fue enfático al señalar que Chile vive una emergencia habitacional cercana a las 650 mil viviendas y que "para abordar este desafío del déficit cero al 2030, vamos a tener que trabajar en conjunto". La falta de acceso a la vivienda es un problema urgente, por lo tanto, la invitación del Presidente implica abordarlo con cambios sostenibles en el tiempo.

En este marco, uno de los desafíos prioritarios será enfrentar "el déficit de información y organización social": la capacidad de identificar y organizar la demanda. En la actualidad, el Estado cuenta con información parcial y un Estado ciego seguirá actuando en piloto automático. Por eso, constituir un sistema de información de la demanda habitacional, que permita señalar las necesidades y características de las familias, es una propuesta que debería ser la piedra angular de una estrategia para el déficit habitacional.

Sin embargo, elaborar un sistema así significa destapar una olla a presión, porque una vez conocida la información, para el Estado será objetiva la urgencia, por eso la propuesta debe construir un nuevo pacto urbano-habitacional entre las instituciones y las familias que buscan vivienda.

Hoy, el sistema de postulación al subsidio habitacional se fundamenta en la competencia, lo que se aprecia en los comités de vivienda. El acceso al suelo es el principal cuello de botella para que un comité acceda a una solución habitacional y el sistema está estructurado de tal forma que los comités deben "competir" por los terrenos. Así, el sistema de subsidio no es una fila que eventualmente alguien se podría saltar, sino más bien parece una ventanilla única. Pero esto no necesariamente debe ser así. Si conociéramos la demanda, sus preferencias y condiciones, podríamos entonces elaborar planes estratégicos locales.

Llevar adelante una estrategia para enfrentar el déficit habitacional implica comenzar por mirar al problema levantando la demanda y dando a entender que estamos todos en el mismo barco. Todo eso exige un nivel de coraje, visión y liderazgo político inusual, porque implica mirar más allá de los próximos cuatro años, compartir mucho los éxitos y poco las derrotas, o dar noticias que no todos estarán de acuerdo, nada de lo cual es muy dado en nuestros tiempos. Pero si algo ha quedado claro es que también estos tiempos son propicios para los cambios profundos.