El rinconcito

de la consentida

Debiera comenzar estas líneas parafraseando a mi colega el gran Carlos Pinto, cuando comenzaba sus historias diciendo: nada hacía presagiar qué ocurriría esa mañana del viernes 17 de junio en Huérfanos 1270, minutos antes del mediodía, cuando estaba todo preparado para una nueva reunión del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco.

Su presidente, Máximo Pacheco Matte, estaba más ansioso que de costumbre esperando a Juan Enrique Morales, Isidoro Palma, Josefina Montenegro, Patricia Núñez, Alejandra Wood, Nelson Cáceres y Pedro Pablo Errázuriz.

No habían sido días fáciles para él. Hace solo pocas semanas el exministro Pacheco había estado envuelto en una gruesa polémica, debido a las denuncias en su contra, durante su rol como ministro de Energía de Bachelet II, por una disposición transitoria en la ley que regula las utilidades de las empresas de gas. Me refiero al caso Metrogas, compañía que meses antes de la entrada en vigor de la norma creó una filial espejo llamada Agesa, logrando aumentar el precio de comercialización del gas en el territorio nacional.

Con ese problema por delante, todos pensaban que Pacheco no arriesgaría mucho en la discusión por la Fundición de Ventanas, más aún luego de la estricta defensa que hiciera en terreno hace una semana, pero fue todo lo contrario: entró de lleno en el debate y consiguió sincerar las posturas del directorio. De los ocho votantes, tenía tres en contra (Palma, Núñez y Cáceres) y con ello podía proceder a efectuar la votación y así asegurarse una mayoría y cantar victoria. Pero el aire se cortaba con cuchillo: al momento de fundamentar su sufragio, la directora Patricia Núñez fue muy dura, redactó la fundamentación de su voto y lo entregó inmediatamente al secretario de actas para que quedara consignado inmediatamente.

Mientras eso ocurría, y se comenzaba a trabajar en el comunicado para dar a conocer del cierre a la prensa muchas horas después buscando el prime time de la TV (exclusiva que les negó el propio sindicato de Ventanas anunciando antes la noticia), un miembro de esa reunión de directorio le avisó vía WhatsApp a la ministra de Minería, Marcela Hernando, de lo que estaba ocurriendo.

Ahí ardió Troya.

La exdiputada se comunicó rápidamente con el equipo del Presidente Boric y le dio cuenta de lo que pasaba en las oficinas de Codelco. Decidieron convocar de urgencia a la ministra de Medio Ambiente y al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, además del presidente de la cuprífera estatal, quien concurrió inmediatamente a La Moneda. Una vez arribado al segundo piso del Palacio de Gobierno y viendo que a Boric le agradaba la idea, Pacheco, dio la orden de levantar el embargo del comunicado, que decía lo siguiente: "Luego de una sesión extraordinaria realizada hoy, el directorio de Codelco aprobó por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas, medida que requiere modificar la Ley N° 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas. El acuerdo sólo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión".

Tanto el Jefe de Gobierno, como la ministra de Medio Ambiente recibieron la decisión con beneplácito, lo cual contrastaba con la cara larga de la titular de Minería, Marcela Hernando, quien estaba molesta no sólo por no haber sido informada, sino porque consideraba que era ella quien debía liderar este histórico proceso.

"Nos hubiera gustado enterarnos antes", diría pocas horas más tarde, con los hechos consumados.

Fue ahí que la ministra Hernando, acaso expresando parte de su molestia, recomendó que el punto de prensa central, ante todos los noticiarios del país, como si fuera una cadena nacional de televisión, lo hicieran el Presidente, la ministra Rojas y ella, dejando fuera a Pacheco de la fotografía.

Contrariamente a Hernando, quien sí estaba contenta con Pacheco era la ministra Rojas, quien no disimuló su alegría por la noticia, además de pedirle toda la información posible, transformando así el fin de semana de la titular de Medio Ambiente, en un uno absolutamente mediático, pudiendo pasearse por todos los canales de televisión y hacer suya una decisión de la cual -en rigor- solo se enteró a última hora.

La viveza de don Máximo

Hay una historia conocida entre los juristas sobre el rey Federico II de Prusia (1712-1786), apodado el Grande, quien pese a todo su poder debió inclinar la cabeza ante un humilde molinero de su reino. Ocurre que a Federico le gustaba pasar la temporada de verano en el Palacio de Sansoucci en Postdam. Tanto era su aprecio por el lugar que incluso pidió ser enterrado allí. Había, sin embargo, un pequeño problema: cerca de los majestuosos aposentos reales un molinero tenía un molino que, según Federico, además del ruido que generaba el aparato, afeaba su vista e incomodaba a los invitados a sus fiestas.

De modo que Federico envió un emisario para ofrecer al molinero la compra del molino por el doble de su valor. Ante la negativa del súbdito, el rey ofreció triplicar el precio, pero el molinero se mantuvo incólume. Federico, indignado, ordenó traer al molinero a Palacio y allí expresó: "¿Sabes que puedo expropiarte tu molino sin derecho a indemnización?". El molinero regresó al día siguiente y, no sin temor, exhibió al rey una orden judicial que le impedía la expropiación del molino. Al leer la orden, y ante el asombro de toda la Corte, Federico -mirando hacia la capital del reino- exclamó: "Me alegra saber que todavía hay jueces honestos en Berlín".

No se sabe si la historia es fidedigna o si posee tintes de cuento o leyenda, aunque poco importa pues el mensaje es prístino: todo poder, por inmenso que sea, se encuentra sujeto al control judicial y, por ende, los ciudadanos tienen la garantía de que sus derechos no serán vulnerados de manera ilegal o arbitraria. Pero esto ocurrirá sólo si los jueces son independientes e imparciales. De ahí la importancia de que los tribunales funcionen adecuadamente en un Estado de Derecho.

Por eso, la propuesta de Nueva Constitución respecto a esta materia no es en absoluto baladí. Más allá de los cambios semánticos (se reemplaza la nomenclatura "Poder Judicial" por "Sistemas de Justicia") el proyecto crea un nuevo órgano llamado Consejo de la Justicia, cuyo inconveniente principal es que está conformado por una minoría de jueces (8 de 17) existiendo el justo temor de que el órgano se politice, algo que ha sido puesto de relieve por la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile y por eminentes abogados constitucionalistas.

Sin embargo, lo más preocupante es que a la fecha no hay un articulado transitorio que asegure que las reformas solo afectarán a quienes se incorporen a futuro. Sin esta disposición deberían pasar a retiro 104 jueces (además de 14 Fiscales Regionales del Ministerio Público) una vez que la Nueva Constitución entre en vigencia.

Es fácil ver los problemas que esto originaría para el correcto funcionamiento de nuestros tribunales. Se debe garantizar que todavía habrá jueces en Chile, si es que el proyecto es aprobado por la ciudadanía.