"Estudio sobre afectación a NNA en zona industrial detectó que había 17 derechos vulnerados"
"La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia tiene definiciones relevantes para la vida niños y niñas, como las que se refieren a espacios públicos o al derecho de vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, conocer y disfrutar de su entorno", señala la secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza, a propósito de la norma vigente desde marzo.
Además, "favorece la participación y nos mandata a tener una forma de comunicación directa con ellos", agrega la psicóloga, académica y doctoranda en Ciencias Sociales, quien afirma que con la nueva legislación se cumple "con una deuda que tenemos como país por más de 30 años, desde que firmamos la Convención de Derechos de la Niñez".
Respecto de los principales problemas que afectan a ese grupo etario en la actualidad, la seremi menciona las "altas vulneraciones de derechos, ya sea por situaciones de maltrato físico o psicológico", así como las situaciones de pobreza que lo perjudican más que a la población adulta.
Pero, agrega, los estudios apuntan "a que somos un país que está en alta deuda con las garantías de derechos de la niñez" y existen "otras temáticas relevantes que provienen también del abordaje de la pandemia, y la necesidad de incorporar y que participen niños y niñas en la definiciones centrales, como el retorno a clases o usos de espacios públicos, entre otros".
Afectación por crisis
- ¿Qué gravedad tienen la deserción escolar y la preocupante detección de niños de 10 ó 12 años actuando en bandas delictuales? ¿Cómo debe operar el Estado en estos casos?
- La situación de deserción escolar es preocupante y se agudizó en tiempos de pandemia. Tenemos un desafío que abordar, y en eso el Ministerio de Educación está trabajando en favorecer lógicas inclusivas a través del programa "Seamos Comunidad". Ese es tema en el que tenemos que abocarnos; sistemas educativos que estén a la altura de los cambios y desafíos que hoy tenemos. Respecto de la participación de niños y niñas en bandas delictuales es preciso visibilizar cuáles han sido sus trayectorias de vida, y ahí generalmente identificamos que hay ausencia de Estado y de políticas, planes y actores que garanticen derechos. Como país hemos tendido sólo hacia lógicas punitivas, pero que por sí solas no tienen los efectos que deseamos.
- Usted coordinó en 2018 el estudio "Afectación de niños y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví". ¿Cuál fue la conclusión?
- En el estudio, encargado por la Defensoría de la Niñez, concluimos que había 17 derechos vulnerados, relacionados en buena parte con el derecho a la salud, al medioambiente, a vivir en un lugar sano y libre de contaminación, derecho a la información respecto a su salud y a la educación permanente, dado que en el 2018 se suspendieron las clases, como ocurrió después en el contexto de pandemia. Pero hay otro ámbito que los niños, niñas y adolescentes señalaron como de gran relevancia: a ellos les preocupa enormemente la afectación de su salud y de sus familias, el daño al medioambiente, pero al mismo tiempo, les parece preocupante la forma en la que el mundo adulto reaccionó ante el evento del año 2018. En esa ocasión no fueron escuchados e inicialmente fueron descalificados también por las autoridades. Hoy avanzamos en la garantía de sus derechos.
- ¿Qué le parece la decisión de la Defensora de la Niñez de acudir a organismos internacionales porque en ese mismo caso no se ha podido lograr que la decisión de la Corte Suprema -que declaró derechos fundamentales vulnerados- se cumpla satisfactoriamente?
- Es parte de su rol, ya que la Defensoría integra este sistema. Nosotros identificamos que la mayoría de las recomendaciones de la Defensoría y del fallo de la Corte Suprema están en proceso de cumplirse o forman parte de este plan. Desde el área de la salud, de educación, medioambiente y desarrollo social, en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, estamos trabajando en ese abordaje integral. Desde esta Seremi hemos sostenido dos reuniones con los equipos comunales vinculados a protección especializada de niñez y al Chile Crece Contigo, con los cuales hemos abierto procesos de escucha, conversación y planificación de acciones integrales para abordar los derechos de niños y niñas. Con ellos también nos hemos reunido y nos han manifestado su necesidad de estar informados, ser parte de las decisiones, y les parece muy bien la idea de reunirse con otras autoridades de Gobierno.
-¿Cómo operará a nivel regional el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia?
- El Comité es una instancia definida por la Ley de Garantías y que tiene el mandato de hacer coordinación interinstitucional de una forma clara y directa en materias que sean de mayor relevancia, como maltrato, formas de explotación, abuso sexual, pero también debe promover el buen trato, sobre todo en aquellas situaciones en que niños y niñas estén bajo el cuidado del Estado. Este Comité Interministerial define lineamientos y es quien puede evaluar y analizar la ampliación o necesidad de cierta oferta de programas en los territorios, para hacer visibles esas necesidades. Es el que define los lineamientos para que en la Región exista una Comisión Coordinadora de Protección, que en este caso presidimos desde esta seremi y que funciona en coordinación con el Servicio de Protección Especializada.
"A los niños, niñas y adolescentes les preocupa enormemente la afectación de su salud y de sus familias, el daño al medioambiente". "Al mismo tiempo, les parece preocupante la forma en que el mundo adulto reaccionó ante el evento del 2018. No fueron escuchados y fueron descalificados también por las autoridades".
1990 fue el año en que Chile ratificó la Convención de Derechos de la Niñez, tratado internacional de la ONU.