El proyecto Parque Barón, doce hectáreas junto al borde costero, se encuentra en crisis debido a que las obras no pueden avanzar por el alza en los costos y hallazgos arqueológicos que han frenado su desarrollo. En ese escenario de incertidumbre, se solicitó al organismo mandante, el Serviu, la resciliación del contrato, figura legal que se aplica en obras públicas cuando ambas partes acuerdan convenir poner fin a las obligaciones pactadas en el contrato de adjudicación.

La obra, que busca dar una nueva fisonomía al sector con una "ventana" hacia al mar para la ciudad, fue anunciada en 2018 por el Presidente Sebastián Piñera y debía completarse el próximo año. Hasta ahora, los trabajos tienen un avance del 17% y en parte se han visto afectados por problemas surgidos debido a los citados hallazgos en parte del área de trabajo. Esta situación es frecuente en Valparaíso y ha frenado importantes iniciativas, como el Centro interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV). ¿Se consideró esta realidad sabiendo que gran parte del borde costero es fruto de rellenos a través de casi dos siglos?

Las obras también están afectadas por mayores costos de materiales, diversas modificaciones y valor de la mano de obra. Así, el presupuesto inicial de $18 mil millones resultaría insuficiente. Waldo Sánchez, representante legal de la empresa contratista, informó que el Serviu está viendo la forma de continuar la obra. María Paz Cueto, directora subrogante del organismo local, informó que se trabaja con el nivel central con el fin de inyectar recursos que permitan retomar los trabajos. La funcionaria, aludiendo al tema general, afirmó que "varios contratistas se han visto afectados por el aumento en el costo de los materiales de construcción y mano de obra".

El problema se agrava, pues los proyectos se pactan con monto fijo y no en unidades de fomento, por lo cual quedan expuestos a los embates de la inflación. La paralización de las obras significaría, además, el despido de 300 trabajadores. La solución sería una nueva licitación, con nuevo presupuesto con lo cual la obra se terminaría en 2025.

Tema pendiente es que la mitad del trabajo se emplaza en terrenos donde eventualmente existen restos arqueológicos que deben ser evaluados por el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo que no cuenta con la cantidad necesaria de personal ante esta y otras situaciones que aparecen en obras a lo largo del país. Este punto supone un problema administrativo estructural.

Sin embargo, es necesario avanzar en una solución para el proyecto Parque Barón, perfeccionando las bases en una nueva licitación tanto en materia presupuestaria como en la destinación de recursos públicos para abordar la calificación de esos restos que forman parte del relleno de terrenos ganados al mar. Esta iniciativa, fruto de un acuerdo entre la autoridad central y la municipalidad, no puede quedar en el limbo.

Chile enfrenta una importante crisis de seguridad. El aumento de los delitos de mayor connotación social (DMCS), como homicidios, robos con violencia, el uso de armas de fuego y los hechos ocurridos en la macrozona sur han acrecentado la sensación de inseguridad.

Por lo mismo, los anuncios hechos recientemente por el Presidente Gabriel Boric en esta materia recibieron amplia atención. Analizando las propuestas presentadas, no es posible observar una estrategia que permita abordar integralmente el control de la creciente delincuencia.

Los DMCS aumentaron casi un 50% en estos primeros cinco meses del año respecto de igual período del 2021. Se evidencia así una incapacidad de abordar adecuadamente el control de la delincuencia Además, dado que en gran parte de estos delitos se desconoce la identidad de quienes los cometen, se requiere reforzar a quienes son los responsables de la investigación de estos.

Por lo tanto, las "fichas" debiesen estar puestas en fortalecer a los organismos públicos encargados de la investigación de estos delitos, para lograr encontrar a los responsables, llevarlos a los tribunales de justicia y que tengan las sanciones que correspondan. Los recursos entonces debiesen estar puestos en fortalecer, a lo menos, al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones (PDI).

En ese sentido, los anuncios del Presidente dan cuenta de "fortalecer" el presupuesto de la PDI con $1.800 millones para pericias. En un presupuesto total de la institución de $406 mil millones, este "fortalecimiento" es apenas un incremento del 0,4%. En otras palabras, equivale a entregar poco más de $1.000 adicionales para investigar cada uno de los delitos que anualmente ocurren en Chile.

Asimismo, se anuncia la inversión de $1.000 millones para la adquisición de drones, imaginamos que no para medidas preventivas, las que como hemos visto, han fallado. Entonces, esperamos que estos $1.000 millones sean utilizados en materias de investigación criminal. ¿Cuántos drones alcanzamos a comprar con estos recursos? Por los costos de drones con las características que se requieren, podrían adquirirse no más de cuatro. Totalmente insuficiente, nuevamente.

Como mencionó el Presidente, es absolutamente necesario generar una política nacional de combate contra el crimen organizado. La constante presencia de narcotráfico, el tráfico de personas, el robo de madera y el lavado de dinero en nuestro país dan cuenta de la urgencia de esa política. Para ello, dijo, se aprobará este año una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, destinando $3.000 millones del presupuesto 2022 para su prevención, control y persecución. Nos parece, nuevamente, una cifra absolutamente insuficiente.

Los ciudadanos necesitamos soluciones que estén al nivel de la crisis de seguridad que vive Chile y los anuncios del Presidente en esta materia no alcanzan.