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El jueves el gobierno ingresó al Congreso el primer paquete de proyectos de la reforma.
tasa de desarrollo (de 2%). Esta podrá deducirse del mpuesto de primera categoría (con lo que este bajaría a 25%) cuando la empresa realice desembolsos con un componente de productividad, por ejemplo, gastos en inversión y desarrollo, en la adquisición de manufactura y servicios de alta tecnología, en certificaciones ISO. En cuanto a la recaudación, confiamos en los estudios y estimaciones que ha realizado el equipo de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos.
- Richard von Appen, presidente de la Sofofa, calificó como "impresentable" en la reforma la ausencia de medidas proinversión, proproductividad y sin metas sobre eficiencia de gasto. La comparó incluso con la de Bachelet II, "una mala reforma", a su juicio.
- El jueves tuvimos la oportunidad de conversar con Richard von Appen sobre este punto, durante la reunión que se realizó con todas las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio. Junto con explicar más en detalle la Tasa de Desarrollo que se propone que pueda ser usada por las empresas para invertir en mejoras de productividad, expusimos sobre las medidas que queremos aplicar del lado del gasto para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público y darle a éste mayor estabilidad. También informamos a Richard y los demás dirigentes del avance en la agenda de productividad en la que está trabajando el Gobierno. Estoy seguro que su apreciación cambió bastante después de esto.
- Distintas voces en la economía local y gremios como la Sonami se preguntan si acaso es el mejor momento para impulsar la reforma, sobre todo por su ambición, la más grande en este siglo. Aún hay pandemia, temor a recesión global, crisis de suministros, alimentaria y de insumos, incertidumbre política, una guerra en desenlace, crisis climática, entre otros.
- Retrasar el ingreso de la reforma tributaria hubiera ido justamente en el sentido de incrementar la incertidumbre. Con el proyecto en conocimiento y luego de su aprobación existirá certeza para todos los actores de mercado. Además, debe considerarse que este proyecto considera una implementación gradual para permitir un tránsito ordenado y el aprendizaje de los actores del sistema y que recién comenzará a recaudar el año 2024, cuando muy probablemente ya estemos en una coyuntura económica muy distinta.
-¿Le satisface cómo quedó el artículo relativo al Banco Central en el proyecto de Constitución?
- Hubo mucho temor de que la nueva Constitución podría terminar con la autonomía del Banco y eso no ocurrió. Se mantienen los objetivos de velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos y que el Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Otro tema muy relevante es que se mantiene la prohibición de otorgar créditos o adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Más aún, en relación al ordenamiento actual, varias de estas normas suben su estatus jurídico, al pasar de una ley orgánica a la propia Constitución.
- Si gana el Rechazo, ¿corre peligro la reforma, alguna parte de ella?
- La reforma no está ligada en ninguno de sus componentes al resultado del plebiscito. De todas formas, las normas tributarias en el proyecto de reforma constitucional no modifican el régimen actual en cuanto a que las leyes son de aquellas que requieren la concurrencia del Presidente de la República.
- Si se aprueba la Constitución hay varias nuevas instituciones estatales. Considerando que este Gobierno tendría el mandato de comenzar a implementarla, ¿hay un cálculo de cuánto más deberá gastar el Estado en sí mismo?
- El texto propuesto incluye la creación de nuevas instituciones, pero reconoce que estas pueden surgir de adecuaciones, separaciones o fusiones de las existentes, por lo que los costos incrementales de crear estas instituciones deberán analizarse caso a caso. En todo caso, debería aclararse que estas instituciones no se proponen para "gastar en el Estado", sino para prestar servicios, ejercer regulaciones o garantizar derechos a la ciudadanía.
- Si no se aprueba la reforma tal como viene y pierde alguno de sus pilares, ¿usted da un paso al costado? ¿Hay consenso entre las fuerzas políticas detrás del Gobierno para llevarla adelante?
- La reforma es el resultado de un proceso que se inició en abril con los diálogos sociales para luego dar espacio a un trabajo prelegislativo con diversos actores. Ahora comienza el proceso legislativo y el resultado final será el fruto de este proceso. Desde el Gobierno y particularmente como Ministerio de Hacienda estamos disponibles para lograr los acuerdos que nos permitan otorgar nuevo pacto fiscal que le entregue mayor estabilidad y legitimidad al sistema tributario, permitiendo al mismo tiempo financiar otras reformas estructurales necesarias para el país y el bienestar de las personas. Esta reforma no se está haciendo para el lucimiento de una persona, de un ministerio o una coalición, sino para tener un sistema tributario más justo para el país, que genere recursos para impulsar el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.
"Un adulto mayor cuyo único o principal ingreso sea el arriendo de un inmueble, probablemente quedará dentro del tramo exento del impuesto, por tanto, no verá incrementada su carga tributaria. Incluso, si tuviera ingresos por un millón de pesos anuales, quedaría sujeto a un impuesto cercano a los $8.000 mensuales, es decir una tasa de 0,8%".