El lunes recién pasado se constituyó y comenzó a sesionar la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, texto ingresado a mediados del mes pasado por el Partido Republicano y que ha generado un tibio apoyo en el resto de la oposición, particularmente en Chile Vamos, donde han cuestionado la pertinencia de este emplazamiento.

Pese a la reticencia de la coalición de centroderecha, la diputada por el Distrito 6, Camila Flores (RN), adelantó su apoyo a la medida, asegurando que "hay argumentos y pruebas de sobra como para sostener jurídica y políticamente que la ministra del Interior ha tenido un muy mal desempeño"; y remarca que la jefa de gabinete "ha abandonado muchas de sus funciones que tiene el deber legal y constitucional de cumplir, como es la de resguardar el orden público y la seguridad nacional".

Eso sí, la legisladora no se queda ahí y considera que más allá del resultado de la acusación, Siches "debería hacerle un favor a su gobierno y efectivamente renunciar o el Presidente de la República pedirle la renuncia, porque evidentemente puede ser que por su profesión -ya que ella es médico-, quizás no tiene una formación profesional para poder hacerse cargo de un ministerio tan complejo, y políticamente también se ha manejado muy mal. Eso descomprimiría bastante el conflicto que es más allá que algo técnico, sino también político, sobre la figura de la ministra".

Asimismo, la parlamentaria cuestiona en duros términos el Plan de Seguridad Nacional que dio a conocer el Ejecutivo a fines de junio. "Este Gobierno no ha hecho nada para innovar en materia de seguridad pública. Por el contrario, son anuncios añejos, de materias que ya están alojadas en el Congreso, que no son de su autoría y que ni siquiera se han dedicado a tramitar. Se quedan en los anuncios y después no tramitan", puntualiza.

Flores también mira de reojo el plebiscito constitucional, haciendo especial hincapié en los personeros de centroizquierda que se han sumado al Rechazo. Al respecto, destaca que "particularmente el rol que ha tenido Ximena Rincón es sumamente valorable, y eso nosotros y el chileno común y corriente también lo valora muy positivamente: lo que ha hecho parte de la DC, el grupo Amarillos por Chile, todos los independientes que fueron parte de la ex-Concertación y que se han atrevido públicamente a decir que este 'mamarracho' de Constitución es un mal texto".

Faltas por acción y omisión

- El fin de semana recién pasado anunció su apoyo a la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches. ¿Por qué tomó esta decisión, siendo que desde Chile Vamos aún lo están analizando?

- Creo que hay argumentos y pruebas de sobra como para sostener jurídica y políticamente que la ministra del Interior ha tenido un muy mal desempeño. Desde mi punto de vista, ella ha abandonado muchas de sus funciones que tiene el deber legal y constitucional de cumplir, como es la de resguardar el orden público y la seguridad nacional. Para ella, es realmente una materia que no ha sabido manejar. Yo creo que ya no supo manejarla, y lo que pasa en el sur de Chile, permanentes ataques, que no haya decidido querellarse el gobierno o el Ministerio del Interior, o quien corresponde contra el terrorista Héctor Llaitul, entonces tenemos situaciones de bandas de narcotráfico internacional instaladas y con asiento en varias regiones del país, tenemos una ola de delincuencia desatada con crímenes sumamente violentos, en donde además la ministra ha tenido una desprolijidad, ha mentido descaradamente, se equivoca permanentemente en entregar la información a la ciudadanía.

- Parte de su justificación descansa en que, a su juicio, a Siches le faltan "capacidades técnicas y políticas para hacerse cargo de un tema tan importante como es la seguridad pública". Más allá de la acusación en sí, ¿debería dar un paso al costado?

- Yo creo que debería hacerle un favor a su gobierno y efectivamente renunciar o el Presidente de la República pedirle la renuncia, porque evidentemente puede ser que por su profesión -ya que ella es médico-, quizás no tiene una formación profesional para poder hacerse cargo de un ministerio tan complejo, y políticamente también se ha manejado muy mal. Por lo tanto, creo que si quisieran tener una señal positiva de real compromiso de la ciudadanía para combatir lo relativo a la delincuencia y al terrorismo, ella debería dar un paso al costado o derechamente el Presidente pedirle la salida. Eso descomprimiría bastante el conflicto que es más allá que algo técnico, sino también político, sobre la figura de la ministra.

- En parte de su defensa, la misma secretaria de Estado aseguró que "no concurre la causal de infracción de la Constitución o las leyes, ya que no se incumplió una obligación jurídica reglada dirigida específicamente a esta ministra". ¿Qué opina?

- Creo que es absolutamente equivocado. Considero la ministra ha cometido infracción a la Constitución y las leyes de manera reiterada, porque estas no solamente son por acción, sino por omisión; y estas, por supuesto que también son una falta grave desde el punto de vista político y administrativo. La ministra no solo se ha permitido entregar información falsa a la ciudadanía -lo que es especialmente grave, sobre todo cuando viene de una fuente como es un secretario de Estado, y más aun la vicepresidenta de la República-, sino que también se ha negado a actuar en determinada oportunidad. Yo quiero recordar lo que fue su fallido paso a Temucuicui, cuando trató de ir a la zona poniendo en riesgo a los funcionarios que tienen la obligación de acompañarla, no se pueden negar, sean los equipos de prensa o en fin, personas que podrían haber sido alcanzadas por alguno de estos disparos que percutaban terroristas en la zona. Cuando Héctor Llaitul le declara la guerra al Estado de Chile, ellos tampoco hacen nada; de hecho, los que presentamos una querella contra fuimos parlamentarios, los senadores Francisco Chahuán y José García, y quien habla. Cuando esto era un deber del Ministerio del Interior y tuvimos que hacerlo nosotros como parlamentarios.

- ¿Cómo evalúa el hecho de que los parlamentarios que integran la comisión revisora se negaran este lunes a escuchar a la abogada defensora, Elisa Walker, arguyendo que sólo podía hablar cuando se presentara oficialmente la defensa?

- En ese sentido, no estoy de acuerdo. Yo no comparto eso. Uno en las comisiones en general, cualquiera sea, tiene que escuchar a todas las posiciones, independiente de si le parecen o no. Por lo tanto, eso creo que enriquece el debate y contribuye. No creo que sea el mejor camino esa posibilidad, probablemente los colegas tomaron la decisión fundados en algunos antecedentes. Pero en general, en la experiencia de algunos años en el Parlamento, uno siempre escucha la posición de los abogados defensores; ocurrió con el expresidente Sebastián Piñera, que fue acusado constitucionalmente en varias oportunidades.

TOMAR UNA DECISIÓN A CONCIENCIA

- Hace un par de semanas, su par de Evópoli, Francisco Undurraga, admitía que "a pesar de que la ministra ha hecho harto esfuerzo para que la acusen, creo que todavía no es el tiempo". ¿Cree que ya es el momento?

- La verdad es que en cuanto a los tiempos, no era el más oportuno en el cual los parlamentarios que presentan esta acusación terminan haciéndolo. Pero dadas las circunstancias y que ya está presentada la acusación constitucional, no queda más que votarla y evaluarla en su mérito.

- Por su parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que los diputados de su partido tendrían "libertad de acción". ¿Esperaría una postura más firme o clara de parte de los dirigentes de la coalición?

- Entiendo que acá las órdenes de partido o coalición no existen, y que cada parlamentario votará en su mérito como mejor le parezca esta acusación constitucional. Me parece que aquí no hay una decisión incorrecta, tanto para el que apoye como para el que no la apoye. Creo que es una decisión que cada legislador debe tomar a conciencia y me imagino que este tema es especialmente sensible para los que están viviendo esta situación de terrorismo, donde incluso ellos como parlamentarios son amenazados permanentemente; o aquellos que también viven en la zona norte del país por un indiscriminado ingreso de migración ilegal. En definitiva, tiene que primar la decisión de cada uno, pero insisto, no creo que haya en ese sentido una decisión buena o mala. Cada uno puede tener la suficiente razón para aprobar o rechazar.

Cuando Héctor Llaitul le declara la guerra al Estado de Chile, tampoco hacieron nada; de hecho, los que presentamos una querella contra fuimos parlamentarios, los senadores Francisco Chahuán y José García, y quien habla, siendo que esto era un deber del Ministerio del Interior".

(Aprobar o rechazar la acusación) es una decisión que cada legislador debe tomar a conciencia y me imagino que este tema es especialmente sensible para los que están viviendo esta situación de terrorismo, donde incluso ellos como parlamentarios son amenazados permanentemente".

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