El Servicio Electoral (Servel), mediante un sistema georreferencial, ha hecho cambios en los lugares de votación, buscando que personas lo hagan en la cercanía de sus domicilios. Pese a ello, un factor clave en la participación ciudadana es el transporte público, pues los cambios no siempre calzan con el lugar de residencia de los votantes debido a variados factores. Hay que tener presente que el padrón habilitado alcanza a 15.173.857 personas, 7.347.961 varones y 7.728.662 mujeres. Solo en la Región de Valparaíso 1.636.837 inscritos.

El Gobierno ha dispuesto gratuidad en los servicios estatales de transporte público. En la región la modalidad será aplicada, con refuerzos, en el metro regional, que cubre el tramo Valparaíso-Limache. Pero queda pendiente el tema de los servicios de movilización de buses locales e intercomunales operados por privados. El Presidente de la República Gabriel Boric afirmó que se ha dispuesto que "todos los conductores de transporte público estén disponibles para esa fecha, siendo que por regla general los días domingo el 50% tiene descanso".

Sin embargo, para el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, Óscar Cantero, ese aspecto debe ser acordado con los dueños de las líneas. Puntualizó que "los conductores no tienen ninguna obligación a trabajar domingos y festivos, a no ser que haya un pacto con su empleador". Agregó que además se debe asegurar libre circulación en las vías y garantías para que el personal concurra a las urnas. Categórico fue al advertir que "el transporte público urbano ese día no será gratis ni en la región ni a nivel nacional".

El diputado Andrés Celis (RN) lamentó que el Ejecutivo no considerara la gratuidad en el transporte urbano y recordó que el actual Presidente, siendo diputado, "abogó por gratuidad sin excepción". La materia es delicada, pues tiene alcances políticos en cuanto a la importancia de dar facilidades para sufragar, más allá de los esfuerzos realizados por el Servel a través de los mencionados cambios. Y es compleja también por los costos económicos que significa mantener los servicios urbanos e intercomunales en funcionamiento y sin ingresos para los empresarios.

Las palabras del Presidente de la República se diluyen ante una situación que al parecer, hasta ahora, no ha sido abordada en concreto con los empresarios de los servicios regulados actuales ni con los conductores. Se crea así una situación de incertidumbre a una semana de la crucial definición ciudadana donde la consigna -¡hay tantas dando vueltas!- debe ser facilitar la participación.

La Moneda, pese a las inquietudes por los resultados y ahora por las derivadas por el caso Llaitul y por el sismo ministerial de intensidad todavía desconocida, debe adoptar una decisión clara para que los ciudadanos sepan realmente a qué atenerse.

Mientras la alcaldesa de la comuna de Santiago está desarrollando una efectiva labor de erradicación del comercio ambulante del centro de la ciudad, y otro tanto está ejecutando -hasta con desalojos- su par de Viña del Mar, todo esto con el aplauso generalizado del país, en Valparaíso, en cambio, más de 180 familias, tómese nota, más de 180 familias residentes en solo algunos de los edificio del plan de la ciudad aledaños a la Plaza de la Victoria, y compuestos en gran porcentaje por personas mayores, ven con preocupación el proyecto que la administración comunal está anunciando en cuanto instalar comercio informal en el Pasaje Lira.

Estamos ciertos que se debe ir en ayuda de quienes lo requieren, pero aquello debe estar armonizado, con altura de miras, por parte de la autoridad, y se debe considerar a quienes son los principales afectados por esas medidas.

A raíz de la Feria de Navidad de 2018, cuando el municipio autorizó su realización en calle Molina a un costado de la plaza, eso provocó graves problemas de seguridad, higiene y delincuencia. Ante el clamor de los vecinos, se formó el Comité Defensa y Desarrollo Plaza de la Victoria, agrupando a comunidades de edificios; comercio, tanto sus propietarios como trabajadores, y otras entidades sociales. Desde entonces, este Comité ha estado levantando su voz para denunciar las situaciones que afectan al sector.

En el caso de la ocupación del Pasaje Lira por comerciantes y ferias informales, primeramente se debería haber hecho una consulta a los vecinos, que son los principales afectados. Eso no se ha hecho. Tampoco se ha calibrado el impacto vial, el estudio de riesgo asociado al proyecto y los aspectos básicos de seguridad e higiene que todo esto significa.

Además, hay otros aspectos a considerar: El Pasaje Lira es el lugar por donde transita el 99% de los residentes de los edificios Fermín Vivaceta y Camilo Henríquez, en su mayoría personas adultos mayores. Es el sitio de salida de emergencia de la tienda Ripley. Es el acceso para rescate de Bomberos para problemas en altura de los edificios Fermín Vivaceta y Espíritu Santo. Es salida peatonal de los vecinos de Fermín Vivaceta y con esas instalaciones se pierde el control en la seguridad de la entrada, lo que significa un mayor riesgo para esas comunidades. Es el acceso de los vehículos que se estacionan en esos patios. Desde hace años el pasaje es usado por los vehículos de emergencia y, además, las motos y carros policiales usan esa vía para detener a los delincuentes y quienes ejercen el comercio de drogas, los que ahora tendrán una "caleta" y los suficientes vericuetos para evitar la acción de la justicia.

Los vecinos se sienten discriminados por la autoridad para favorecer a un grupo de personas, perjudicando a decenas de familias. Valparaíso debe cuidar a sus habitantes, de todos los sectores. Así también al plan de la ciudad, que ocupa solo el 4% del territorio de la comuna. Un plan que fue vandalizado, que muestra aún su calle Condell muy afectada y donde paulatinamente se cierran los comercios que habían sobrevivido a la situación del estallido social. ¿Deberán también los residentes del sector central de Valparaíso buscar otros aleros para mantener su calidad de vida?