El país estaba sumido en una profunda crisis social tras el 18 de octubre de 2019 y hacia noviembre de ese mismo año, el clima no había mejorado e incluso, en medio de un recrudecimiento de las protestas, se hablaba más de un nuevo estado de excepción que de una solución al problema. Fue en este contexto que durante la noche del 15 de noviembre, la mayoría de los partidos y coaliciones políticas con representación parlamentaria -salvo por el PC y FA, a excepción del actual Presidente Gabriel Boric y RD-, se reunieron en el ex Congreso Nacional para evaluar la mejor forma de superar este complejo escenario. La respuesta, tras horas de un arduo debate que se extendió hasta bien entrada la madrugada, fue la firma del denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que junto con comprometer a los partidos y a garantizar el orden público y la paz social, estableció la realización de un plebiscito donde la ciudadanía se definiría frente a la posibilidad de contar con una nueva Carta Magna y el mecanismo para elaborar la misma, pudiendo elegir entre una Convención Constitucional (símil a la Asamblea Constituyente) o una Comisión Mixta (con parlamentarios). 2

LLas semanas previas a la instalación de la Convención estuvieron marcadas por una serie de reuniones entre constituyentes independientes, en un espacio que denominaron "Vocería de los Pueblos", donde además de discutir algunos temas de protocolo sobre la jornada del 4 de julio y el funcionamiento del órgano -como la presencia de traductores para los representantes indígenas o un minuto de silencio "por los luchadores y luchadoras sociales perseguidas"-, también se plantearon algunas "garantías democráticas" para el proceso, incluyendo la liberación de los llamados "presos de la revuelta". Así se llegó a la tan esperada ceremonia, la cual estuvo plagada de incidentes, entre ellos la interrupción del himno nacional, lo que hizo retrasar el resto de la jornada. Eso sí, fuera de las polémicas, el punto más importante de la jornada de instalación fue la elección de la mesa directiva, la cual tuvo como primera presidente a la convencional mapuche Elisa Loncon, y de vicepresidente al abogado y académico UV, Jaime Bassa; posteriormente, a inicios de 2022, entregaron el mando a María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Domínguez (INN). 2

Debido a la pandemia del covid-19, el plebiscito que debía realizarse en abril de 2020 tuvo que ser postergado para el 25 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la masiva marcha que se realizó en Santiago un año antes y que convocó a más de un millón de personas. Pese a este cambio de fecha y el incierto panorama sanitario que vivía el país, el referéndum contó con una participación cercana al 51% del padrón (cerca de 7 millones de personas) y el Apruebo a la nueva Constitución tuvo un triunfo abrumador, concentrando el 78,28% de las preferencias, frente al 21,72% del Rechazo; y en cuanto al mecanismo, se impuso con holgura la Convención Constitucional (79%) sobre la Convención Mixta (21%). Pero la sorpresa mayor vendría en mayo de 2021, con la elección de los integrantes del órgano redactor, donde la centroderecha solo logró elegir a 37 miembros y quedó sin posibilidad de veto; la centroizquierda, en tanto, quedó reducida a 25 personeros. En cambio, destacaron el desempeño del bloque FA-PC (28), las listas de independie6tes (48, de los cuales 26 eran de la Lista del Pueblo) y representantes de pueblos originarios de 10 etnias distintas (17). 2

En febrero comenzaron las votaciones de los informes de las comisiones en el pleno. La primera fue la de Sistemas de Justicia -ya no Poder Judicial-, donde la jurisdicción se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes. Logró la aprobación de 10 de sus 14 primeros artículos, y semanas después se verificó la aprobación de algunos de sus puntos más polémicos. Tal fue el caso del "pluralismo jurídico", que implica que las personas que pertenecen a alguna de las etnias reconocidas por la Constitución, serán juzgadas en razón de sus costumbres y el derecho consuetudinario, aunque no tengan tribunales propios. Asimismo, se instaló la conformación del Consejo Nacional de la Justicia, integrado por 17 personas -ocho jueces, dos funcionarios judiciales, cinco designados por el Congreso y dos por los pueblos indígenas- encargado del "nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina" en el Sistema Nacional de Justicia, restando esta potestad a la Corte Suprema, cuyos ministros se dedicarán exclusivamente en emitir los fallos del máximo tribunal. 2

Nicolás Reyes Acevedo

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