Hace casi un mes, el Gobierno anunció que tras el plebiscito de salida reimpulsaría la discusión en torno al TPP11 y otros acuerdos comerciales, como la modernización del que existe con la Unión Europea (UE). Las dudas en torno a ese anuncio surgen por la reticencia que ambos tratados generan en buena parte de las autoridades del Gobierno - sumados parlamentarios del Frente Amplio y el PC-, a la insistencia del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, de plantear obstáculos y condiciones a la renovación y perfeccionamiento de estos acuerdos comerciales y a la idea manifestada por el propio Presidente Boric de que Chile daría a su política exterior un énfasis latinoamericano. El CPTPP o TPP11 es un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico, que involucra a 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam-, y entre sus objetivos se cuenta promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible.

Es curiosa la resistencia que genera el TPP11 entre parlamentarios de la zona y autoridades de Gobierno, cuando sus beneficios son reconocidos por académicos, gremios productivos y asociaciones de exportadores con fuerte presencia en la Región de Valparaíso. El presidente de la Sofofa, Richard von Appen, afirmó recientemente que el tratado generaría cerca de 350 mil empleos y daría acceso a nuevos mercados a cerca de 3 mil productos chilenos. Además, frenaría la caída de 36% que experimentaron las exportaciones de Chile a los países miembros del TPP11 el año pasado. El presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), José Pakomio, y el vicepresidente de la Cámara Aduanera, Javier León, plantearon la necesidad de que el Gobierno le ponga urgencia a la tramitación en el Senado del TPP11, porque sus vigorosos beneficios servirán para enfrentar de mejor forma la crisis económica que ya golpea al país. Los académicos Roberto Paiva, de la UVM, y Ana María Vallina, de la Escuela de Negocios y Economía de la PUCV, también coinciden en las potenciales ganancias de la zona ante una pronta firma del TPP11 y del perfeccionamiento del acuerdo con la UE. Por tanto, a la espera de que el Ejecutivo cumpla con su compromiso, vale la pena emplazar a los parlamentarios de la Región a que escuchen la voz de los académicos y dirigentes gremiales y desestimen la serie de mitos que circulan sobre dichos tratados. Ante un futuro gris y desafiante, una Región, como Valparaíso, que basa su economía en la exportación de materias y servicios, debe empujar y apoyar estas negociaciones, cuyos beneficios generan consenso entre los especialistas.

En el reciente juicio contra Martín Pradenas, uno de los aspectos que más resaltó es el llamado a que el tribunal juzgue con perspectiva de género.

Este concepto que parece ser extraño a nuestra legislación y que erradamente se cree que es contrario al principio de igualdad ante la ley, ha sido considerado como un elemento esencial en tratados internacionales que desde la década del 90 identificaron que las mujeres eran víctimas de estereotipos, prejuicios y prácticas consuetudinarias que las hacían más vulnerables a sufrir ciertos tipos de violencia basada en su género, provocando su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico.

Así, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Todas las Formas de Violencia en Contra de la Mujer (Belén Du Pará), tratados internacionales en los que Chile es parte, imponen al Estado la obligación de adoptar las medidas necesarias para erradicar y sancionar la violencia en contra de la mujer, como asimismo al Poder Judicial la necesidad para garantizar la investigación sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, de modo de hacer los cambios necesarios para asegurar medidas eficaces en contra de dicha violencia.

De esta manera, desde el 2017 el Poder Judicial chileno cuenta con una Política de Igualdad de Género y no Discriminación, que implica promover el principio de igualdad y no discriminación, tanto entre quienes integran la institución como asegurar el acceso a la justicia de mujeres o personas que, por su identidad de género u orientación sexual, se encuentran en especial situación de desventaja o vulnerabilidad.

Según esta política, juzgar con perspectiva de género implica "tomar en consideración las distintas situaciones que experimentan las personas, de manera de identificar las brechas y no perpetuar, con su accionar, desigualdades y discriminaciones existentes que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia".

En el caso contra Martín Pradenas, juzgar con perspectiva de género ha sido un elemento crucial en su condena. En efecto, en el juicio se prescindió de la declaración de una de las víctimas, Antonia Barra, en atención a que había fallecido por la depresión que la afectó luego de la violación de la que fue víctima.

Además, se tomó en consideración la afectación psicológica de las víctimas con posterioridad a los hechos, esto es, el estrés postraumático que sufrieron, como asimismo sentimientos de culpa, ansiedad y el miedo a declarar. Todos estos antecedentes fueron claves para probar la responsabilidad de Pradenas en los hechos investigados e implica un gran avance en Chile en cómo juzgar con perspectiva de género.