Sebastián Mejías O.

El próximo jueves, las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria -y en presencia del Gobierno- tendrán una nueva oportunidad para reunirse y negociar el futuro del proceso constituyente, después de lo ocurrido el pasado viernes, cuando la reunión concluyó sin acuerdo, luego que Chile Vamos (ChV) presentara su propuesta de principios y límites, algo que se han popularizado bajo el concepto de "bordes" en el diálogo político sobre la Carta Magna.

Ahora le tocará a las demás bancadas responder al documento de la centroderecha.

Chile Vamos fue la primera fuerza política en presentar su posición de cara a la negociación, con un documento llamado "Cambios con seguridades y principios claros para Chile". En base al 62% obtenido por el Rechazo en el pasado plebiscito, interpretan que la ciudadanía se expresó por un texto con mínimos como la unidad del Estado de Chile, el derecho a la vida, la conservación del Congreso Nacional tal como lo conocemos, o la protección de la propiedad en asuntos como los fondos de pensiones y el aprovechamiento de las aguas, entre otros.

Principio negociador

Para el presidente regional de Renovación Nacional (RN), Raúl Celis, no se trata de posiciones inamovibles o de elementos intransables, sino que lo definió como un documento "que permite abrir el proceso de negociación". Lo clave para que los acuerdos sean posibles, agregó, es "no entrar en demasiados detalles porque eso corresponde a un programa de gobierno y no a una Constitución Política".

"Entendiendo que todos los principios deben ser consagrados a nivel general y que sus bajadas son materia de ley, creo que los acuerdos son perfectamente factibles en un país donde existe un alto nivel de coincidencia", aseguró Celis. A su juicio, "sería inexplicable que no se llegara a un acuerdo porque existen grandes consensos que nos permitirán tener una nueva Constitución, en la medida que no transformemos esos consensos en un programa de gobierno demasiado detallado".

Cometen un error

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Eric Aedo, considera que el documento presentado por Chile Vamos sobrepasa el llamado a establecer "bordes" y avanza desde ya en la redacción de la nueva Constitución. Critica "que la derecha se pasó un par de pueblos, ya que una cosa son bordes compartidos entre todos, como un Estado social y democrático de derechos o un sistema judicial unitario e independiente, pero entrar en detalles que son materia de ley, es repetir los errores cometidos por la fallida Convención Constitucional".

"El nivel de detalle que tienen los 'bordes' propuestos por Chile Vamos desvirtúa lo que debe ser una Carta Fundamental, que debe fundarse en principios generales y orientadores", sostuvo Aedo. De hecho, cree que "sobrerreaccionaron" y que "si bien los bordes son adecuados, Chile Vamos planteó algo que se parece más a proyectos de ley que a una Constitución".

Postura oficialista

El diputado por el Distrito 6 y representante de Convergencia Social en las negociaciones, Diego Ibáñez, está convencido que "la derecha no querrá convertir esto en una reforma, sino que cumplirá con su palabra para proyectar el debate soberano y tener una nueva Constitución". En esa línea, valoró "el trabajo que están haciendo dirigentes como, por ejemplo, Javier Macaya".

Respecto de cómo y con qué propuesta se presentarán las fuerzas oficialistas el próximo viernes, Ibáñez aseguró que existe un 99% de acuerdo en que es necesario empujar el proceso de manera democrática. Eso significa, recalca, que "cualquier borde que se asuma no puede suplir el debate futuro ni colocar en riesgo el Estado social y democrático de derechos".

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino, como representante de la bancada Radical, está seguro que "esta semana es clave para que pueda consolidarse y aterrizarse el acuerdo por una nueva Constitución". Su llamado es que los partidos oficialistas puedan "converger las distintas ideas, posturas y principios orientadores y así llegar a la cita del jueves con algo avanzado".

Rivas y el Piso mínimo

Adelantando la postura que tendrá el Partido de la Gente (PDG) en este proceso de negociación, Gaspar Rivas, diputado por el Distrito 6, considera que un "nuevo texto constitucional debe, como piso mínimo, consagrar derechos sociales como la salud, la educación, la previsión social y los servicios básicos y que, además, debe recuperar las riquezas naturales y también modificar el modelo económico neoliberal actual". "Eso no puede faltar", insiste.

Al mismo tiempo, advierte que el texto "debe excluir elementos controversiales y puramente ideológicos que los chilenos jamás pidieron, como la plurinacionalidad, la interculturalidad, el federalismo encubierto, el aborto libre o la ideología de género".

"Si bien los bordes son adecuados, Chile Vamos planteó algo que se parece más a proyectos de ley que a una Constitución".

Eric Aedo, Diputado, jefe de bancada DC

"Sabemos que la derecha no convertirá esto en una reforma, sino cumplirá su palabra para tener una nueva Constitución".

Diego Ibáñez, Diputado (CS)

"Sería inexplicable que no se llegara a un acuerdo porque existen grandes consensos, en la medida que no los transformemos en demasiados detalles".

Raúl Celis, Presidente regional de RN

Al hackeo realizado por una banda centroamericana a las bases de datos del Estado Mayor Conjunto (Emco), hecho informado la semana pasada y que demostró la necesidad de avanzar hacia una estructura sólida que garantice la ciberseguridad en las instituciones del Estado, se sumó ayer el malware cryptolocker (ransomware) que afectó a 150 computadores, el 1% del total que tiene el Poder Judicial.

Si bien no se vio afectado el funcionamiento de las cuatro salas de la Corte Suprema, el malware es capaz de encriptar la información personal que contiene el computador, por lo que se está realizando un catastro a nivel nacional para determinar el impacto en el funcionamiento de los tribunales.

Repudiando todo tipo de delitos informáticos que afecten la seguridad del Poder Judicial, el presidente de la Asociación de Magistrados Valparaíso, Javier Mora, aseguró que "se puso en riesgo a un poder el Estado que resuelve las necesidades más urgentes de los ciudadanos, por lo que cualquier ataque de estas características afecta el pronto y oportuno servicio judicial".

Equipos antiguos

Desde ya sugirió como solución avanzar "en mejorar todos los dispositivos de seguridad que, entendemos, se están permanentemente revisando". Aun así, manifestó la necesidad "de aumentar esos dispositivos".

En cualquier caso, recordó "que este ataque afectó de manera bien puntual a determinados equipos antiguos que tienen instalado el sistema Windows 7, por lo que las audiencias judiciales se han seguido realizando a través de Zoom". Esto último fue valorado por Mora, "ya que de verse afectadas las audiencias, hubiese atrasado los procesos en semanas, incluso meses".

Senador pugh insiste

El senador por nuestra región Kenneth Pugh (Ind.-RN) advirtió la semana pasada de los peligros que se plantean para el Estado chileno de no concretarse una nueva institucionalidad en materia de ciberseguridad y, tras el ataque de ayer, es insistente. Dice que "todos los poderes del Estado están comprometidos y por eso urge avanzar en un nuevo sistema nacional de ciberseguridad que sea capaz de proteger a todo el Estado, con normas claras, con entrenamiento y capacitaciones y la coordinación que permita verificar que todas las vulnerabilidades han sido mitigadas".

Ese es el concepto, agrega Pugh, "detrás de la gobernanza en ciberseguridad y protección de infraestructura crítica, que es la ley que se está tramitando en el Senado en este momento". Su llamado al Presidente de la República es a que "le ponga máxima urgencia a este tema porque no podemos permitirnos tener un sistema nacional que no tenga este componente fundamental como es la seguridad digital o la ciberseguridad".

Es necesario, subrayó, "ponernos un plazo o compromiso: de aquí a un año a más, el próximo mes de octubre de 2023, hay que inaugurar la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad".

"Se puso en riesgo a un poder el Estado que resuelve las necesidades más urgentes de los ciudadanos".

Javier Mora, Presidente Asociación de Magistrados de Valparaíso.