Una coalición internacional de organizaciones a favor de la justicia financiera señaló a Chile como ejemplo de buena gestión de los fondos de recuperación poscovid.

"Nos parece que en el caso de Chile gastó suficiente en su plan de recuperación, ya que usó el 10% de su PIB, además de canalizar bien los fondos para los más afectados", aseguró a agencia Efe el director de Financial Transparency Coalition (FTC), Matti Kohonen.

Kohonen se refirió a nuestro país con motivo del lanzamiento de un nuevo informe de la FTC sobre la gestión de los fondos covid en 21 naciones en vías de desarrollo.

El director de la coalición comparó el caso de Chile con el de Argentina, donde también hubo un gran desembolso de fondos, pero destinados en su mayoría a ayudar a las grandes empresas.

Una de las áreas en las que Argentina sí va a la cabeza es en la mejora de las cuentas de ingreso. El país actualizó recientemente su definición de beneficiarios finales para hacerla más precisa, y aprobó un impuesto a las grandes fortunas que ayudó a financiar su plan de recuperación tras la pandemia.

"Todo esto son buenos pasos", aseguró Kohonen.

El informe de la FTC reveló que solo el 37% de los fondos de recuperación del covid-19 de los países analizados se destinaron a medidas de protección social.

Casi el 40%, sin embargo, fue utilizado para ayudar a las grandes empresas.

En el caso de Latinoamérica, esto dejó especialmente desprotegidos a los grupos más vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas o los trabajadores informales.

La experta que lideró la investigación, Klelia Guerrero, dijo que "en América Latina, dependiendo del país, aproximadamente el 40 o 50% de los trabajadores son informales. No puede ser que siendo la mayor parte de la población económicamente activa no haya apenas medidas para este grupo".

En su opinión, una forma de hacer frente a ese problema es mejorar los registros de trabajadores para incluir a estas personas en los programas de ayudas.

Reuniones del fmi

Todas las observaciones y recomendaciones son especialmente importantes ahora que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen previsto celebrar sus reuniones anuales durante el mes de octubre.

Para la FTC, ambas instituciones deberían centrarse más en promover una recuperación centrada en las personas, en lugar de forzar a los países que aceptan préstamos a ajustarse a estrictas normas de austeridad.

Especialmente en el caso de América Latina, donde, según Guerrero, no hay muchas más opciones para los Gobiernos que necesitan tener acceso a un mayor flujo de caja.

"Cuando tu salud no está bien y sientes que tienes que ponerte a dieta, el primer mal consejo que recibes es dejar de comer", explicó la experta, criticando la opinión de que la mejor receta durante una crisis es dejar de gastar.

Cambios no tan extremos

Por otra parte, Ragnar Udd, presidente en América de BPH, la mayor minera del mundo, dijo que las "incertidumbres" que han frenado inversiones en el país "se están disipando".

"Estamos comenzando a ver conversaciones un poco más moderadas sobre la Constitución en términos de cómo se verá de una forma u otra", añadió.

Finalmente, destacó que "algunos de los cambios que vemos en el futuro probablemente no serán tan extremos como hemos pensado".

Un grupo de unos 50 destacados economistas del sector privado y organizaciones internacionales está mayoritariamente de acuerdo en que una recesión es prácticamente inevitable este año o en algún momento de 2023, según el Foro Económico Mundial, organizador de la reunión anual de Davos. Siete de cada 10 economistas del grupo consideran que el mundo se dirige a una recesión próximamente, dijo Saadia Zahidi, directora operativa del Foro. Precisó, no obstante, que el período difícil que atraviesa Europa no puede "contagiar" al resto del mundo. Nueve de cada 10 encuestados creen que el crecimiento de la economía europea será débil en 2023, y mejor en otras regiones, incluidas EE.UU. y Latinoamérica.

La Superintendencia de Salud salió al paso tras los cuestionamiento por parte de las isapres respecto a la metodología de cálculo utilizada para el nuevo proceso de alza de planes.

Se trata de los resultados de verificación del ajuste de los planes correspondientes al proceso de adecuación 2022-2023, que tras el fallo de la Corte Suprema quedaron sin efecto, por lo que se abrió un nuevo plazo para que las isapres pudieran justificar las alzas respectivas y, por su parte, la Superintendencia de Salud corroborar estas modificaciones.

El documento emanado por la superintendencia permitió que cada isapre incrementara sus valores de la siguiente forma: Colmena un 6,6%; Cruz Blanca un 4,3%; Vida Tres un 1,4%; Nueva Masvida un 7,6%; Banmédica un 5,6%; y Consalud un 7,6%.

Desde la Asociación de Isapres calificaron el nuevo cálculo como "inexplicable" y que representa "un tercio del incremento real de gastos". Así, el gremio aseguró que implicará una merma por $94 mil millones. "Socava el ya deteriorado funcionamiento del sistema y eleva la incertidumbre sobre su viabilidad, al impedir que las isapres apliquen el reajuste necesario para mantener sus operaciones", sostuvo la asociación.

Ante esto, la superintendecia sostuvo que las seis isapres "conocían claramente cómo se realizaría el cálculo y además, tuvieron la posibilidad de presentar recursos de reposición o jerárquicos si no estaban de acuerdo con ésta y no lo hicieron".

Además, la entidad liderada por Víctor Torres expuso que "la verificación se realizó considerando la metodología utilizada para el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que es un promedio ponderado de la variación de costos del sistema de isapres, malamente la Superintendencia de Salud podría haber contrastado, tal como las isapres pretendían, una metodología de cálculo entre variaciones de costos acumuladas con un indicador calculado como un promedio ponderado". "No hubo ningún inexplicable cálculo", recalcaron.

Un grupo de parlamentarios oficialistas, liderado por el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo (PS), anunció que presentará una indicación a la reforma tributaria que buscará gravar las transacciones bursátiles, denominado como "impuesto Robin Hood".

Esta iniciativa se origina porque el paquete de 27 indicaciones del Ejecutivo reducirá la meta de recaudación de la reforma de 4,1% a 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), baja cercana a 1.500 millones de dólares, por lo que los legisladores ven en su iniciativa un mecanismo para compensar aquello, pese a que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sostenido que dicha compensación llegaría de la mano de una mayor inversión, menor gasto en intereses y más crecimiento.

"En el mundo internacional esta propuesta que vamos a hacer se llama el 'Impuesto Robin Hood' o bien la tasa Tobin, que consiste en aplicarles un impuesto a las transacciones bursátiles", explicó Naranjo. "Hemos conversado con el Gobierno para que patrocine esta indicación", añadió.

El legislador detalló que "hoy día cuando se transan acciones no pagan impuestos, entonces lo que estamos proponiendo es que todas las transacciones que se hagan de este tipo de instrumento pasen a pagar un impuesto del 0,6%".

En otros países

También argumentó que varios países utilizan este tipo de gravamen, como Alemania, Italia, Francia, Suiza, Corea, China, Sudáfrica y Brasil, con una tasa que oscila entre el 0,5% y 1%.

"En el caso nuestro, si aplicáramos este impuesto, significaría una recaudación de alrededor de 2.000 millones de dólares", dijo Naranjo, quien además ejemplificó: "Si mañana en la bolsa se transan 1.000 pesos de acción, significa que los dueños van a pagar de eso 6 pesos. Cada uno de nosotros cuando va a comprar al supermercado o compra cualquier servicio, por 1.000 pesos que consume paga 190 pesos por el IVA".

Tras ello se preguntó: "La gente que es la poseedora de estos instrumentos financieros, ¿podrá pagar estos seis pesos? ¿Quiénes están detrás de esas acciones y estos instrumentos financieros? Sepan ustedes que el 80% de estos instrumentos financieros están en poder del 10% más rico de Chile, y el 1% más rico de Chile tiene concentrado el 50% de estos instrumentos financieros".