En plena crisis del transporte público, la Cámara de Diputados respaldó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al sistema licitado que opera tanto en la Metropolitana como en otras regiones del país, incluida la nuestra. La iniciativa contempla un fuerte incremento en los aportes estatales que reciben las empresas para mantener los servicios concesionados, así como impone nuevas obligaciones y controles. Bajo la vieja regla del 10%, a la Región de Valparaíso le podrían tocar $ 3 mil millones este año y cerca de $ 18 mil millones el próximo, aunque los detalles aún dependen de la tramitación que se dará en el Senado, casi en paralelo a la discusión del Presupuesto de la Nación 2023. Más allá de las cifras, hay un aspecto de la iniciativa del Ministerio de Transportes que bien podría ayudar a mejorar la calidad del sistema en nuestra zona. Es la facultad para que los gobiernos regionales ocupen parte de sus recursos en el financiamiento de la operación de las unidades de transporte, tanto microbuses como taxis colectivos, en orden a que estos servicios respondan más adecuadamente las necesidades de la población, o bien cuando alguna unidad de negocios sale del sistema por incumplimientos. Esta es una forma de empoderar a cores y gobernadores regionales en un tema que es clave para mejorar la calidad de vida de las personas y muchas veces presenta problemas de alcance provincial, que tienen mejor resolución cuando los aborda un organismo regionalizado.

Aunque aún queda tiempo para que este proyecto se transforme en Ley de la República, su discusión encuentra al Gran Valparaíso sometido al eterno debate por la calidad del transporte público, avivado siempre con los reclamos de los conductores por sus bajos sueldos y largas jornadas; el llanto de los empresarios, que siempre encuentran insuficientes los subsidios y exponen costos operativos inflados por el alza de precios, y el sufrimiento que deben padecer los usuarios de un sistema que hace agua por todas partes.

Por ello es necesario advertir que de poco servirán los nuevos cuerpos legales si la autoridad encargada de imponerlos no es capaz de obligar a las firmas concesionarias a responder por sus incumplimientos. Un ejemplo sencillo es la resistencia que existe en el mundo del transporte licitado para instalar validadores de cobro. En julio se cumplieron los 36 meses de plazo que dio la autoridad para implementar estos dispositivos, que son cruciales para que el servicio dé un salto cualitativo en el sistema y recién cuatro meses después, el seremi de Transportes, Benigno Retamal, confirma que se iniciaron las investigaciones para aplicar sanciones a los dueños de las máquinas. A este incumplimiento, las firmas concesionarias suman otros, como mantener baja frecuencia en algunos recorridos y saltarse sectores que consideran peligrosos o de bajo movimiento, ambas costumbres que perjudican a los usuarios. Por ello la pregunta de fondo no es cuántos recursos necesita el sistema para funcionar adecuadamente, sino cómo se pueden implementar mecanismos de control, sanción y respaldo de servicio que garanticen ante la comunidad que los millonarios subsidios que se entregan al sistema concesionado están bien invertidos.

Ad portas de la conmemoración de un nuevo mes de concientización del cáncer de mama, hoy nos enfrentamos nuevamente a la necesidad de reavivar y reiterar con fuerza el llamado hacia la detección precoz de esta enfermedad. Una invitación concreta y directa que no solo debe nacer desde la comunidad médica, sino también desde la sociedad civil. Sí, todos podemos jugar un rol fundamental en la educación de esta patología y, en especial, en la movilización de las mujeres. ¿Cómo? Hablando sobre ella, recordándoles su control mamográfico anual, desde los 40 años, o la visita a su matrona y/o especialista.

Anualmente, más de 1.600 mujeres pierden la vida por cáncer de mama en Chile, según proyecciones de Globocan. Es una enfermedad que, detectada precozmente, se puede tratar y que en 9 de cada 10 casos incluso se podría curar.

¿Cómo entender entonces que, a pesar de una buena sobrevida, continúe siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país? Lamentablemente, por la combinación de diversos factores, como falta de acceso, de políticas públicas que aseguren programas de screening mamario para mujeres en edad de riesgo -hoy el Estado garantiza en la salud pública una mamografía gratuita cada tres años entre los 50 y 69 años-, ruralidad, aspectos económicos y culturales. Son variables que, por cierto, requieren con urgencia del compromiso y acción del sector político, empresarial y social, una cruzada en la que se sumen todos para seguir acercando la mamografía a los sectores más rurales y vulnerables, a través de operativos móviles, como también estableciendo un programa nacional de screening mamario, aumentando la continuidad -cada dos años en vez de tres-, y disminuyendo la edad de cobertura. Si bien la mayor incidencia y mortalidad se da entre los 50 y 69 años, el cáncer de mama se puede presentar desde los 40 años, e incluso en personas menores.

Pero más allá de lo político y económico, también esta lo educacional, pilar fundamental en la concientización y desarrollo de una cultura proactiva del cuidado de la salud. Necesitamos seguir reforzando diariamente mensajes orientados a la detección precoz, como que la mamografía es el principal examen de detección precoz desde los 40 años, y que no se puede reemplazar. No hay que esperar a sentir algo extraño en una mama, porque podríamos estar llegando tarde; debemos preocuparnos siempre, porque el 85% de los cánceres de mama se da en mujeres sin antecedentes familiares directos, y que por el solo hecho de ser mujer, 1 de cada 8 lo desarrollaremos en nuestra vida.

Como comunidad, todos estamos invitados a transformarnos en embajadores de este mensaje, pero como mujeres, nuestro compromiso es aún mayor: ponernos en la primera línea de cuidado. Aunque cueste, primero nosotras.