El impresentable caso de la Escuela Barros Luco
Obras de recuperación del importante edificio porteño sufren sucesivas postergaciones y podrían prolongarse hasta por 15 años. Tras una fracasada licitación habrá que hacer un análisis y revaluación del proyecto, el cual será nuevamente presentado al Gobierno Regional, solicitando un aumento presupuestario.
Se han cumplido 12 años del terremoto de febrero de 2010, en que numerosas construcciones de Valparaíso resultados con severos daños, entre ellas el tradicional edificio de la Escuela Ramón Barros Luco, ubicada en la calle Victoria, a corta distancia de la plaza O'Higgins y del edificio del Congreso Nacional.
Dada la importancia educacional y patrimonial del edificio se decidió acometer su recuperación. Buenos propósitos en los cuales ya se han gastado más de $8.800 millones sin mayores resultados. Las obras han sido abandonadas por sus ejecutores y no hay interés por retomar los trabajos. Esta última situación se produce ahora cuando los convocados a una tercera licitación no se presentaron al recorrido en terreno, parte del proceso. Así, la licitación ha sido declarada desierta y se debe rehacer todo el procedimiento.
Lo más graves es que la Escuela Ramón Barros Luco se ha convertido en un colegio errante y con la condición de allegado, como tristemente lo advierte Isabel Soto, presidenta de las exalumnas del plantel. Todo va a comenzar de cero, señala por su parte Katherine Dupouy, presidenta del Centro de Padres y Apoderados. Recuerda que la empresa que ejecutaba los trabajos de restauración los abandonó, por lo cual habrá que hacer un análisis de los avances de lo realizado para volver a una nueva licitación. Así, afirma, las obras se prolongarán ya por 15 años. Simplemente, impresentable.
Tiene razón, pues como indica Alejandro Escobar, director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Valparaíso, habrá que hacer un análisis y revaluación del proyecto, el que será nuevamente presentado al Gobierno Regional, solicitando un aumento presupuestario. ¿Cuánto tiempo pasará con carpetas y planos viajando de un lado para otro? Además, dice el funcionario, fracasó el intento de hacer un traspaso de recursos por $200 millones a través de una subvención del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), ello por problemas de orden legal.
El fracaso de la licitación revela falta de interés en los contratistas posiblemente debido a la limitación del presupuesto asignado, a la inquietud que afecta al sector construcción y a la lentitud en la cancelación de las obras públicas como lo acaba de reconocer el ministro Juan Carlos García.
Y como el tiempo pasa, las obras ejecutadas pero abandonadas sufren deterioro y están expuesta al robo de materiales. Así, nuevamente subirán los costos. Hay que recordar que el gran inmueble se ha convertido en refugio de drogadictos y delincuentes en un sector donde la seguridad -eje avenida Uruguay- es un bien escaso.
La pregunta es por qué hay abandono de los trabajos. ¿No se supo calificar la capacidad de las empresas adjudicatarias de las obras? ¿Existió un seguimiento de los trabajos que permitiera vislumbrar el abandono del proyecto en marcha? Preguntas pertinentes para este y otros casos en que están en juego importantes inversiones de recursos públicos.