Tomas y loteos ilegales en la zona
Mafias, en su mayoría extranjeras, han descubierto un vacío institucional, social y legal en el déficit habitacional de la Región. ¿Hasta dónde llega hoy la potestad de un municipio al respecto? Bastante claro lo ha dejado el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, respecto del emblemático caso de la familia Easton en Colmo. Algo similar ocurre en Viña y Quilpué.
Existieron esta semana, cómo no, ciertas certezas respecto de cuán alto es el precio de lo que está en juego en la Región de Valparaíso, sector geográfico cada vez más afectado por las tomas ilegales de terreno y la operación de mafias (extranjeras en su mayoría) que parecieran controlar todos los aspectos del manejo de propiedades adquiridas -es un decir- a punta de sinvergüenzura y, en muchos casos, violencia.
Las redes sociales son el camino más inmediato para la comercialización de estas viviendas, casi completamente urbanizadas (luz, agua, alcantarillado o aguas negras) en Villa Rukán, Reñaca Alto, Pompeya Sur, Belloto Sur o Forestal Alto, de preferencia en Viña del Mar y Quilpué, comuna esta última donde aún siguen tomados los terrenos del empresario Alejandro Correa, asesinado en la puerta de su casa por un sicario colombiano después de no haber accedido a regalar sus tierras y estampar una denuncia por usurpación de las mismas.
Los operadores detrás de estas acciones delincuenciales apelan a esa especie de tierra de nadie, allí donde la ausencia de Estado y de Ley se mezcla con las carencias y la desesperación por el acceso a vivienda, para detectar terrenos en Google Maps, introducir maquinaria pesada, cercar, aplanar, despejar y lotear sin mayor inconveniente, aun cuando las autoridades -que suelen repetir que esto es un problema entre privados- digan que una futura regularización de los mismos no es posible.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha cambiado su tibio discurso inicial -al menos de forma pública-, entendiendo y asumiendo que poco tiene de épico este desatado desenfreno por hacerse de terrenos privados, muchos de ellos en nuestra Región provenientes de sucesiones hereditarias que, a juicio popular, no debiesen contar con el imperio de la ley de su lado y, en la práctica, resolver ellos mismos no solo las eventuales demoliciones y desalojos, sino también convenir con los ocupantes una posible solución habitacional a sus demandas.
¿Hasta dónde llega hoy la potestad de un municipio al respecto? Bastante claro lo ha dejado el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, respecto del emblemático caso de la familia Easton en Colmo y algo similar sucede con Macarena Ripamonti, en Viña del Mar, o Valeria Melipillán, en Quilpué. En rigor, no tienen las herramientas legales para una acción decidida, como tampoco pareciera calzarle el sayo a Vivienda (Belén Paredes) o Bienes Nacionales (Tomás Covacich), en el caso de los terrenos públicos, pese a que el último seremi mencionado sí ha mostrado una actitud mayormente proactiva en los últimos días.
El core Manuel Millones, presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional, es quien dice tener una clave para atender este lío: modernizar la legislación, tipificar los nuevos delitos y tener respuesta al déficit habitacional que campea en la Región. Precisamente esto último, una problemática priorizada por el gobernador Rodrigo Mundaca.