Cristián Rojas Molina

Una ruidosa manifestación en el frontis del Congreso realizaron ayer trabajadores de diversos gremios agrupados en la Mesa del Sector Público que está negociando con el Gobierno un reajuste de un 3% por sobre el IPC, y advirtieron que será una movilización ascendente si no consiguen respuestas positivas por parte del Ejecutivo, por lo que se declararon en estado de alerta y no descartan paralizar.

La secretaria general de la CUT, Mabel Zúñiga, coordinadora de la Mesa del Sector Público Valparaíso, explicó que están "iniciando un periodo de estado de alerta en torno al proceso que ha habido en la negociación de este año con el Gobierno, una negociación que ya lleva un año, con 11 mesas técnicas sobre materias que tienen que ver con nuestra relación con los usuarios y la correspondiente dignidad en los servicios públicos. Pero además, hoy día tenemos que estar en el proceso de la negociación económica, que es, tal vez, la más compleja".

Inflación

Sobre esto último, la dirigenta puntualizó que "estamos diciendo que no podemos quedar por bajo el IPC, no podemos asumir nosotros la inflación, y estamos solicitando un reajuste en un 3% superior al IPC".

En ese contexto, advirtió que hoy, "a propósito de las respuestas del Gobierno vamos a evaluar para ver cómo seguimos la próxima semana. Entendemos que ésta puede llegar a ser una movilización ascendente, donde no descartamos la paralización total de los servicios públicos".

Zúñiga precisó que el tema "con el Gobierno debiese quedar definido a fines de mes, para que entre el proyecto al Congreso, luego el Parlamento tiene hasta el 15 de diciembre para la discusión, por tanto, puede ser una pelea que se alargue más allá del 15 de diciembre".

En tanto, el vicepresidente de organizaciones de la ANEF regional, Pablo Sanhueza, detalló que "nos hemos declarado en estado de alerta ante este proceso de negociación que va a ser bastante difícil. El Presidente Boric ha señalado que este es el gobierno de los trabajadores, y en estas situaciones es cuando se debe demostrar que eso es efectivo".

Por parte de los funcionarios de la salud, Raúl Astudillo, dirigente de la Fenats Unitaria V Región, señaló que "hay oídos sordos, necesitamos mayor recurso humano, no hay insumos, necesitamos atender a los pacientes de forma digna, no tirados en el suelo o en silla, ya que la infraestructura de los hospitales Van Buren y Salvador ya se han hecho demasiado chicas, necesitamos con urgencia un nuevo Hospital Carlos van Buren".

En tanto, Marcelina González, dirigenta nacional de Confedepruss (profesionales de la salud), señaló que los contratos de los funcionarios que llegaron a reforzar los centros asistenciales por la pandemia vencen el 31 de diciembre de este año, por lo que también están en estado de alerta por esa situación. "Lo que necesitamos es que el Estado ponga dinero para cubrir eso, tiene que ver con un tema de presupuesto y no lo consideraron, lo que va a generar una crisis", advirtió.

A su vez, el presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación Sitecova, Alonso Carvajal, indicó que "nuestro propósito es estar apoyando, más allá del guarismo del 10 o 12% del reajuste, la dignidad de los trabajadores, esto también tiene que ver con mejorar la calidad de vida".

La presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Valparaíso, Natalia Corrales, indicó que si bien no tienen derecho al reajuste, los funcionarios públicos sin contrato alcanzan el 60% del total, por lo que "nuestro llamado es al Gobierno -al igual que lo hicimos con los tres gobiernos anteriores- a que acceda a instalar una mesa interministerial para ir avanzando en un plan que permita contratarnos dignamente".

"Puede llegar a ser una movilización ascendente, donde no descartamos la paralización total de los servicios públicos".

Mabel Zúñiga, Coordinadora Mesa Sector Público

"El Presidente Boric ha señalado que este es el Gobierno de los trabajadores, y en estas situaciones es cuando se debe demostrar".

Pablo Sanhueza, Vicepresidente regional ANEF

Luego de una larga negociación con las autoridades, que se prolongó por varias horas durante la jornada de ayer, los conductores de microbuses y taxis colectivos de la Provincia de Quillota acordaron poner fin a la paralización que puso en serios aprietos a los habitantes de las comunas afectadas. Usuarios debieron desplazarse por otros medios hacia sus lugares de trabajo, centros de salud o donde tuvieran que acudir, mientras que los problemas también los sufrieron pasajeros de la Provincia de Petorca que viajaban en buses que nada tenían que ver con el conflicto y que fueron apedreados el miércoles en La Calera.

El paro se debía a que los conductores exigían un bono compensatorio por las constantes alzas en el precio de los combustibles, pero la contraparte solo les había ofrecido como solución que subieran los pasajes, dado que no estaban impedidos de hacerlo debido a que no son recorridos concesionados como los que hay en el Gran Valparaíso.

Tras la extensa reunión, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Orrego, detalló que "luego de intensas negociaciones y de un largo tiempo hemos llegado a varios acuerdos junto con los conductores de microbuses, por lo tanto, la buena noticia es que el paro de microbuseros ha terminado en la Provincia de Quillota, también así el de los taxis colectivos".

Alza será menor

La autoridad precisó que "logramos, entre otras cosas, que la comunidad no se viera tan afectada, puesto que como el transporte no está regulado en la provincia, el alza que pretendían y que ellos pedían que fuera de 200 pesos, logramos que fuera de solo 100 pesos, con la flexibilidad de que no sea en 30 días, sino que sea en 15".

Orrego añadió que otros acuerdos a los que se llegó con los conductores "principalmente versan en materias de seguridad, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un operativo policial en el cual vamos a perseguir a todos los buses y los colectivos piratas, que no le entregan seguridad a la comunidad, que son agresivos, lo que va a permitir que los microbuseros mejoren su oferta, ampliándola a mayor horario, también teniendo mejores condiciones".

Por otra parte, destacó que "además vamos a establecer una mesa de conversaciones donde vamos a iniciar un trabajo permanente en materia de seguridad y de prevención y fiscalización".

Se concretará en 15 días

En tanto, el vocero de los conductores movilizados, Jorge Zamora, destacó que "solamente va a haber un alza de tarifa no en los 200 pesos que teníamos que haberla subido, sino que 100 pesos no más, gracias a que los alcaldes hicieron todo lo posible para que llegáramos a buen puerto, y por la gentileza de ellos vamos a subir solamente 100 pesos".

Consultado sobre si aquello implica que van a recibir algún tipo de subsidio, aclaró que "no, subsidio todavía no hay nada, solamente hay un acuerdo que nosotros primero tenemos que transmitirle a nuestros compañeros. Por ahora solo puedo informar que el alza se concretará en un plazo no mayor a 15 días".

"El paro de microbuseros ha terminado en la Provincia de Quillota, también así el de los taxis colectivos".

José Orrego, Delegado provincial de Quillota

"Va a haber un alza de tarifa no en los 200 pesos que teníamos que haberla subido, sino que 100 pesos".

Jorge Zamora, Vocero conductores movilizados

Tras reunirse con el seremi de Transportes, los conductores de la líneas 520, que presta servicio a Laguna Verde, depusieron el paro que iniciaron el miércoles, en protesta por el bus gratuito que puso el municipio en las horas punta, aunque los términos del acuerdo no han sido informados.

Al respecto, el seremi de Transportes, Benigno Retamal, detalló que durante la tarde de ayer sostuvieron "reuniones con los representantes legales de la línea 520, y también con representantes sindicales de los conductores, para abordar el paro que estaba vigente hasta el día de hoy (ayer), y afortunadamente, después de una conversación y de compromisos de funcionamiento, este paro se ha depuesto y mañana (hoy) viernes la línea 520 va a funcionar con normalidad para toda la comunidad de Laguna Verde".

Tras conocer la noticia, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que "nos parece una señal sensata. El Gobierno y los empresarios microbuseros deben entender -y creo que con esta decisión lo hacen- que el municipio no puede dejar botados a sus vecinas y vecinos. La comunidad de Laguna Verde y el municipio tienen como objetivo mejorar el transporte público, la ampliación de su cobertura, fortalecer la infraestructura vial e incrementar los servicios básicos, por lo tanto, acá no estamos peleando con una línea de micro en particular, lo que queremos hacer es avanzar hacia una mejor calidad de vida de esas comunidades y eso requiere de todas las actorías".