Agencias

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, aseguró en una entrevista divulgada ayer que se ha usado a la Justicia para perseguirla, algo que, según ella, ha sido un común denominador con líderes progresistas de la región como Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa.

La vicepresidenta argentina está acusada de haber cometido presuntas irregularidades con dinero público, por lo que la Fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitarla para ejercer cargos públicos de por vida.

Hoy el tribunal que la juzga dará el veredicto.

"Yo creo que es un fenómeno que pasó con el partido judicial en toda la región", señaló en una entrevista al periódico brasileño Folha de Sao Paulo.

Según Fernández, quien ha sido diputada, senadora, primera dama y presidenta de Argentina en dos ocasiones, el "partido judicial" reemplazó al "partido militar" en la región tras la caída del muro de Berlín, cuando las dictaduras ya no eran tan bien vistas, y por eso varios líderes de Sudamérica han sufrido "lawfare" (persecución de los adversarios por vía judicial).

En el caso de Lula, señaló, los mismos que lo metieron preso revisaron lo que habían hecho con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

"mucho daño"

"¿Y por qué creo que lo hicieron? Porque en definitiva, cuando impidieron que Lula fuera el candidato a presidente y el posible presidente, llegó Bolsonaro y las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño a Brasil", indicó.

Fernández dijo que lo mismo había ocurrido con el expresidente de Ecuador Rafael Correa -asilado actualmente en Bélgica- cuando era mandatario en el país.

"Fíjate la situación de lo que era Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es Ecuador hoy asolado con el narcotráfico, con problemas sociales y con una desigualdad mucho más profundizada", aseveró.

Según la vicepresidenta, lo que ha ocurrido con Lula y Correa es lo mismo que está pasando con ella pues le están violando sus garantías constitucionales y todas las acusaciones que le hacen "son mentira".

"Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno (de su principal opositor, el expresidente Mauricio) Macri, obviamente habrá una condena", señaló.

Vía Telemática

Fernández escuchará vía telemática el veredicto en el caso que se sigue contra ella y otros 12 imputados por presunta corrupción en sus dos períodos como mandataria (2007-2015), sentencia que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 sobre presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que el pasado 22 de agosto la Fiscalía pidió para ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer que pedirá a la Justicia que investigue a altas autoridades del país por presuntamente integrar una trama de corrupción. "Todo parece indicar que ha quedado al descubierto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios, todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos", asevero Fernández en un mensaje por cadena nacional. Los hechos que el presidente pide investigar se refieren a un presunto viaje en avión privado realizado por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia argentina.

El Poder Judicial iraní anunció ayer que ejecutará "pronto" a "algunos" de los condenados a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde hace dos meses y medio.

El jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó que "algunas" de las condenas a muerte de manifestantes condenados por "corrupción sobre la tierra" y "guerra contra dios" fueron "confirmadas" por instancias superiores.

Las condenas "se aplicarán pronto", dijo Ejei durante un discurso en la reunión del Consejo Supremo del Poder Judicial, recoge el diario reformista Shargh.

Al menos seis personas fueron condenadas a muerte por su participación en las protestas que sacuden el país desde el 16 de septiembre, tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo islámico.

Los seis condenados estaban acusados de delitos contra el islam y la seguridad pública.

Las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, en las que se pide el fin de la República Islámica, de las cuales al menos 21 podrían ser condenadas a muerte.

Ejei también confirmó que "varios alborotadores" han sido condenados a penas de prisión, aunque no especificó cuántos.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidos, según la ONG Iran Human Rights.

Tímida huelga

Algunos comercios cerraron este lunes en apoyo a una tímida huelga en Irán, donde una gran mayoría de comercios abrieron sus puertas, en medio del anuncio de la Justicia iraní de que comenzarán "pronto" las ejecuciones de presos condenados por manifestarse.

Activistas iraníes llamaron a protestar en los próximos tres días con movilizaciones y huelgas, pero el seguimiento al cierre de negocios fue ayer limitado y menor que en ocasiones pasadas.

En buena parte de Teherán era un día normal, más allá de la primera nevada de la temporada, aunque el colectivo de activistas 1500tasvir afirmó que en zonas como el Gran Bazar de la capital sí había comercios cerrados.

El embargo europeo al petróleo ruso suministrado por mar y el tope occidental a su precio que entraron en vigor ayer siembran incertidumbre en la economía de Rusia, altamente dependiente de los ingresos generados por este hidrocarburo, aunque Moscú confía en reorientar el producto a Asia y al mismo tiempo denuncia que ayer sufrió el mayor ataque en su territorio por parte de Ucrania.

Los ojos de Rusia, que sufre nuevas sanciones desde Occidente por su invasión a Ucrania, están puestos principalmente en China y la India, pero según el experto en el sector gasístico-petrolero ruso Mijaíl Krutijin, estos dos países no están en condiciones de aumentar sus importaciones de crudo desde Rusia: "China por problemas de transporte no puede comprar más petróleo del que compra actualmente. La India está siendo presionada por EE.UU. y la OPEP. Irak le ofrece descuentos y no creo que la India pueda absorber esos volúmenes".

Para finales de año el embargo afectará al 90% del volumen de las importaciones europeas de petróleo ruso previo al comienzo de la campaña militar de Rusia, es decir, unos 100 millones de toneladas o 730 millones de barriles, según adelantó la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Invierno recién comienza

"No vamos a reconocer ningún tope", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien advirtió de que medidas restrictivas como estas conducen únicamente a la desestabilización del mercado mundial de la energía y no afectarán al financiamiento de la guerra en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que Moscú no exportará petróleo a los países que se atengan al tope acordado por la UE y el G7, aunque ello suponga pérdidas de ingresos.

Horas más tarde, Rusia acusó a Ucrania de lanzar el ataque más profundo en su territorio al golpear dos aeródromos a varios cientos de kilómetros del frente, coincidiendo con la visita al presidente ruso, Vladimir Putin, al puente de Crimea, dañado hace dos meses por fuerzas ucranianas.

En represalia, el Ejército ruso lanzó un nuevo bombardeo masivo contra una veintena de objetivos de infraestructura civil y militar en regiones ucranianas.