El innovador proyecto "Nueva casa + Inclusión", de la residencia inclusiva del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de Viña del Mar, busca financiamiento para sacar adelante la habilitación de un nuevo piso para menores de 18 años.

La alternativa de vivienda para personas con discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial, busca hacer que pacientes que ya han sido dados de alta del Hospital Sanatorio Marítimo San Juan de Dios puedan ser independientes, sin necesidad de requerimientos hospitalarios permanentes.

28 años de trabajo

Fundado en 1929, el Sanatorio Marítimo San Juan de Dios es un centro hospitalario sin fines de lucro, que pertenece a la Orden Hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios. En sus inicios, el objetivo primordial del Sanatorio era brindar atención a las necesidades sanitarias de la época y su trabajo estaba focalizado en la atención de las secuelas de la poliomielitis y tuberculosis ósea. Sin embargo, con los avances de la ciencia estas enfermedades dejaron de ser el centro de su tarea.

Actualmente es reconocido como un centro de atención a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, condición de daño neurológico infantil o adquirido, con alto grado de dependencia y requerimientos de apoyo permanentes en su desarrollo de rehabilitación e inclusión.

No obstante, en los últimos 28 años, desde 1994, han trabajado en el desarrollo de una residencia única en su tipo a nivel nacional y latinoamericano, la que permite entregar la posibilidad a adultos, niños y jóvenes que han cumplido su alta hospitalaria de vivir en condiciones de vida familiar.

Esfuerzos

Hoy, el equipo de profesionales detrás del proyecto está concentrando sus esfuerzos en la apertura de un nuevo espacio "destinado para 15 niños y niñas, quienes por su ciclo vital y las características particulares que presentan (discapacidad motora, cognitiva y sensorial), requieren de espacios estimulantes", detalló el director gerente, Andrés Pinto Escobar.

"Este proyecto fue un sueño, una aspiración del equipo de salud y rehabilitación del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, así como de los hermanos de la Orden Hospitalaria para dar respuesta a nuevos escenarios y condiciones de nuestros usuarios, ya que algunos de ellos, a partir de las intervenciones realizadas por el equipo técnico profesional, han logrado el alta hospitalaria, pero no cuentan con condiciones sociofamiliares para el alta social, imposibilitando en muchos casos la reinserción familiar", agregó Katiushka Loyola, jefa de Promoción de Derechos y encargada de Residencia Inclusiva.

"Como trabajadora social, este proyecto ha significado para mí, en conjunto con los usuarios y colaboradoras, aprender del otro y con el otro, visibilizar la discapacidad desde la oportunidad (...) y no desde la pena o la discriminación, fomentando que se garanticen en los niños las oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida de manera digna y al máximo de sus capacidades y deseos", finalizó.

Si bien la residencialidad de los niños está cofinanciada por programas de protección del Servicio de Mejor Niñez y las gestiones del Sanatorio Marítimo, siempre requiere de aportes y donaciones para continuar el desarrollo de este y otros proyectos que residen en el centro.

Urgencia

"Varios niños y niñas comenzarán a egresar del hospital a la Residencia Inclusiva en este mes de diciembre. A la fecha contamos con el mobiliario que requiere una residencia (camas, mesas, sillas, sillones, etc.). Sin embargo, nos encontramos en proceso de recaudación de fondos para la implementación del piso infantil", señaló Pinto.

Para lograr la materialización del nuevo piso juvenil e infantil de la residencia y costear los implementos necesarios para este espacio, el centro requiere de $8 millones. Actualmente, se cuenta con $1 millón gracias a la donación de Gas Valpo.

Tras cumplir la meta, los encargados del proyecto aspiran a "seguir potenciando los diversos espacios de la residencia, el servicio de desarrollo y rehabilitación de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, donde cada lugar de su residencia pueda ser un espacio de acogida y exploración, tanto de manera autónoma como en colaboración con otros, favorecer la pertenencia y la vida familiar, desarrollar iniciativas de participación comunitaria y reforzar el enfoque de derechos de los niños, niñas y personas con discapacidad", puntualizó Loyola.

Quienes deseen hacer un aporte, el centro ha dispuesto de diversos canales a través de su sitio www.sanatoriomaritimo.cl, sección "Responsabilidad social y proyectos", siendo una alternativa la transferencia. Para mayores consultas se puede llamar al teléfono 32-2138068.

"El espacio está destinado para 15 niños y niñas (...) que requieren de espacios estimulantes"

Andrés Pinto, Director gerente del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios

"Este proyecto fue un sueño (...) para dar respuesta a nuevos escenarios y condiciones de nuestros usuarios".

Katiushka Loyola, Jefa de Promoción de Derechos y Encargada de Residencia Inclusiva

Escribo cuando las fuerzas políticas todavía no llegan a un acuerdo sobre el proceso constituyente. La conversación por momentos se vuelve confusa. Y, a medida que pasan las semanas, toma una cadencia que da la impresión de haber poco ánimo entre los actores.

Algunas voces señalan que, aun cuando esté lleno de restricciones, bordes, controles y árbitros, debería ser un nuevo órgano el que redacte el texto constitucional, distinto del Congreso. Y ante la pregunta por qué otro órgano si, en el fondo, va a ser una especie de apéndice del Congreso, se responde: por el problema de la incumbencia.

Señalan, con razón, que uno de los núcleos de una Constitución es el sistema político. Éste está básicamente integrado por las relaciones entre Congreso y Gobierno, el sistema electoral y la regulación de los partidos políticos. Y luego agregan: los miembros del Congreso han sido electos por las reglas del actual sistema político y esperan ser reelectos por las mismas. Son incumbentes, por lo que no tienen incentivos para cambiarlas.

De este modo, si la reforma del sistema político se deja en sus manos, no habrá reforma. Para que haya, concluyen, debe ser un órgano especialmente elegido.

A primera vista, este argumento parece irrefutable, pero si se piensa dos veces aparecen los problemas. Por lo pronto, parece olvidar el hecho de que la Convención Constitucional fue un órgano con poca incumbencia y, así todo, su propuesta no cambiaba -y menos mejoraba- el sistema político.

Por otra parte, todo indica que en el posible nuevo órgano constituyente habrá más incumbencia. Las señales sugieren que los partidos con representación parlamentaria tendrán una influencia importante en dicho órgano, lo que está muy bien (parte importante del fracaso de la Convención Constitucional tuvo que ver con el hecho de que carecieron de dicha influencia).

¿Qué asegura que los intereses creados de los incumbentes que están en el Congreso no se transmitan vía sus partidos al nuevo órgano?

Y hay una razón más de fondo, de carácter institucional. La incumbencia es un problema ineludible de quienes, como los parlamentarios, pueden tomar decisiones que afectan sus propios cargos. Esto es, ha sido y seguirá siendo así. Y, no obstante, la historia de Chile muestra que el Congreso introdujo importantes reformas políticas como, por ejemplo, las de 1874, 1949, 1952, 1962, 1970, 2005 y 2015.

Somos muchos los que pensamos que el triunfo del Rechazo en septiembre pasado abrió una oportunidad para revalorizar la democracia representativa encarnada en el Congreso. Sostener ahora que esta institución no puede hacerse cargo de mejorar el sistema político porque es incumbente, es desaprovechar esa oportunidad.

Hay formas de reducir el inevitable conflicto de intereses que implica la incumbencia. Por ejemplo, retrasando en el tiempo los efectos de la reforma que se adopte. Así, quienes deciden no se ven inmediatamente afectados por su decisión y pueden decidir con mayor libertad. Este es un mecanismo más lento, claro, pero es más sostenible y respetuoso de la institución más importante de la democracia representativa, pues no la descarta cada vez que deba reformarse el sistema político.

Puede haber argumentos para que sea un órgano distinto al Congreso el que continúe con el proceso constituyente (yo, la verdad, cada día veo menos). Entre ellos, sin embargo, no debería estar el de la incumbencia.

(*) Lucas Sierra es investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y de la Universidad de Chile.