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Delegada González asume rol clave en renovada estrategia contra el crimen organizado

SEGURIDAD. Durante la presentación del plan contra los delitos asociados a este fenómeno, el Presidente Boric detalló los alcances de las instancias regionales.
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Camila Calderón

La presencia de nuevos tipos de delitos en Chile llevó a que el gobierno del presidente Gabriel Boric presentara oficialmente la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) para el período 2022-2027. Sus principales objetivos son desarticular bandas y organizaciones, así como debilitar el poder financiero y económico de éstas.

Operará en cuatro instancias específicas: el Consejo Asesor de Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen Organizado; Consejos Regionales Contra el Crimen Organizado; Unidad de Coordinación Estratégica (UCE) y mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada.

A nivel local será la Delegada Presidencial para la Región de Valparaíso, Sofía González, la encargada de liderar este trabajo, en el que interactuarán las distintas instituciones del Estado para hacer frente a los delitos y problemas de seguridad existentes en el territorio nacional.

Según comentó, "el Consejo Regional contra el Crimen Organizado viene trabajando desde agosto del presente año y está integrado por Carabineros, PDI, el Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Fiscalía Regional y Gobernación Regional como actores protagonistas de esta instancia, la cual se reunió en cinco oportunidades con el objetivo de entregar insumos y propuestas regionales para la construcción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado".

El Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, junto con confirmar su participación reiteró que "también hemos conversado con el Gobierno central que hoy día es fundamental que los gobernadores regionales estén dotados de competencias en el ámbito de la prevención del delito".

"Hemos señalado que estamos a disposición de crear una división al interior del Gobierno Regional de prevención del delito y asistencia a víctimas", acotó.

Delitos locales

En cuanto a los delitos que se busca combatir con este Plan son difentes según el territorio. En el caso específico de la Región de Valparaíso, los delitos que se han priorizados son "el tráfico de drogas, porte ilegal de armas y municiones, narcotráfico y lavado de activos", especificó González.

"Buscamos desmantelar al crimen organizado, obviamente no dejando de lado otros delitos, por ello, a través del Consejo y la Política Nacional contra el Crimen Organizado buscamos atacar aquellos hechos que generan más violencia, homicidios y que está asociados al manejo de grandes recursos, como es el lavado de activos", aclaró la Delegada Presidencial.

Y agregó: "El principal objetivo es (...) dar respuesta a una necesidad básica que nos plantean los vecinos y vecinas a lo largo de la Región de Valparaíso, sobre sentirse seguros cuando caminan por las calles y miran con mucha preocupación el cómo hemos ido perdiendo ciertos espacios".

A nivel nacional esta política busca hacerse cargo de un fenómeno actividades delictuales tan graves como el tráfico de armas, narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, el contrabando, el cibercrimen y delitos asociados a la extorsión. También se encargará de reforzar la implementación de medidas específicas considerando las características de la delincuencia organizada en los territorios.

También implica un importante esfuerzo en el trabajo interinstitucional en el que participarán 17 reparticiones públicas relacionadas a la persecución criminal como los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Justicia y DD.HH.; Carabineros de Chile; la Policía de Investigaciones de Chile; el Estado Mayor Conjunto; la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar); la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA).

A estas agencias se suman además nuevas instituciones que tienen como finalidad incorporar la dimensión económico-financiera de los delitos, y así impactar el patrimonio de los grupos criminales, entre las que se encuentran la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el Servicio de Impuestos Internos (SII); el Ministerio Público; Gendarmería y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

"A través del Consejo y la PNCO buscamos atacar aquellos hechos que generan más violencia".

Sofía González, Delegada Presidencial de la Región de Valparaíso

"Es fundamental que los gores estén dotados de competencias en el ámbito de la prevención del delito".

Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso

17 reparticiones públicas relacionadas a la persecución criminal trabajarán de forma conjunta.

Alcalde de Puchuncaví exige presencia de Gabriel Boric en la zona tras incendio

EMERGENCIA. Es "justamente para prevenir situaciones de emergencia" como la que ocurrió en Puerto Ventanas.
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El incendio industrial que afectó a las cintas transportadoras de PuertoVentanas dejó un varamiento de carbón y material del incendio en las costas. Esto generó emplazamientos a la empresa, junto con un llamado del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (Indp.) al Presidente Gabriel Boric para que visite la zona.

En radio Cooperativa, el jefe comunal indicó que lo ocurrido deja "una enseñanza", ya que desde el mes de junio han pedido "al Presidente de la República que nos visite, justamente para prever situaciones de emergencia como estas frente a los temas medioambientales".

"Lamentablemente no hemos tenido esta visita, que para nosotros es muy importante", añadió Morales, recalcando que "hay que profundizar el análisis de lo que podemos y debemos hacer para resguardar este tipo de situaciones".

Por otra parte, el Gobernador Regional Rodrigo Mundaca recordó que este año se aprobó un proyecto de más de 800 millones de pesos "para impulsar una red de sensores electroquímicos y cromatógrafos de gases para tener una medición pública de lo que ahí sucede y para que no sean las mismas empresas que se autorregulan", y que busca "saber efectivamente quiénes son los responsables de la contaminación en ese territorio".

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