Un enorme operativo que incluyó el allanamiento al domicilio del exministro de Defensa dejó a tres generales de la Policía Nacional de Perú (PNP) detenidos, de un total de ocho que fueron acusados por el Ministerio Público de pagar sobornos de 40 mil dólares en 2021 para ascender al mencionado cargo, todo gracias a una organización criminal que estaría liderada por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, según el medio peruano El Comercio.

La resolución emitida por el juez John Pillaca Valdez, a la que tuvo acceso el citado diario, indica que Gonza Castillo habría sido el cabecilla de una presunta red criminal que habría tenido como objetivo "tomar el control" de la PNP y de las Fuerzas Armadas "en favor" del destituido expresidente Pedro Castillo Terrones, aliado del citado legislador.

De acuerdo con las indagaciones de Fiscalía, el general en retiro Javier Gallardo Mendoza, cuando era comandante general de la PNP, habría encabezado los irregulares cobros para ascender a oficiales, consta en El Comercio. Su función habría sido además la de "copar" la institución.

La policía confirmó que el operativo lanzado la madrugada del lunes en varios puntos del país logró la detención de seis personas, tres de los cuales eran altos jefes policiales en actividad, y que se allanaron 27 inmuebles, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público.

Seis detenidos en total

Según el periódico, los detenidos son los generales de la policía Manuel Rivera López; Nicasio Zapata Suclupe, que era jefe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía, y Luis Legua Egocheaga de la Dirección de Inteligencia.

La orden judicial también incluye la detención preliminar por 10 días para ocho miembros de la policía.

Entre ellos están Gallardo, quien se encontraba prófugo hasta el cierre de esta edición, junto con el general Pedro Villanueva, de quien tampoco se conocía su paradero. Además, hay dos mayores en retiro involucrados y el suboficial Jorge Tarrillo, quien fue parte del equipo de seguridad de Pedro Castillo.

Entre los delitos por los que los investigan figura el tráfico de influencias.

En el documento judicial que activó el operativo Aquiles 2022, al que El Comercio accedió, se detectó la existencia de tres grupos compuestos por policías activos y en retiro que captaron a los coroneles que ascendieron, todo con la aprobación del general Gallardo, según Fiscalía.

Allanamiento a Ministro

Uno de los inmuebles allanados fue la vivienda del exministro de Defensa Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, debido a que estaría implicado directamente en el presunto cobro de sobornos para otorgar los ascensos en las instituciones armadas y policiales a fines del año pasado.

Tras la situación, Ayala declaró que está "presto a que se investigue" el caso, pero consideró que la intervención fiscal fue "un show".

"Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada", sostuvo antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, diciendo que se debió citar a los implicados para que declaren.

"Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación", agregó.

El caso de los presuntos ascensos irregulares en la policía y el Ejército se conoció en agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.

Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala.

En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Ayala para que se deje sin efecto la decisión de la Fiscalía de investigarlo por la presunta comisión del delito de organización criminal.

El Gobierno de Perú planteó un proyecto de resolución legislativa para que el presidente del Congreso, José Williams, reemplace a la mandataria, Dina Boluarte, en caso de que se ausente del país por actividades oficiales. Dado que Boluarte era la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo no existe un funcionario, elegido en votación popular, habilitado constitucionalmente para quedar a cargo en una hipotética ausencia de la jefa de Estado. El proyecto expresa que "es válido en términos constitucionales concluir que debe ser el Presidente del Congreso quien asuma el encargo despacho presidencial" en estas circunstancias.

A partir del 1 de febrero de 2023 Rusia prohibirá la exportación de petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios de su crudo, luego que el presidente Vladimir Putin firmara ayer un decreto al respecto. La medida, que responde al tope de 60 dólares por barril impuesto al petróleo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia debido a la campaña militar rusa en Ucrania, se aplicará hasta el 1 de julio.

En el caso de los productos derivados del combustible fósil, la fecha en la que se introducirá la prohibición la decidirá el Kremlin, aunque no será nunca antes de febrero próximo.

Asimismo, el decreto precisa que Rusia no cumplirá con los suministros de petróleo con destino a personas físicas o jurídicas en casos de contratos que incluyan "de manera directo o indirecta" mecanismos de fijación de límites al precio.

"La prohibición se aplicará durante todas las fases del suministro hasta el comprador final", reza el documento.

El decreto señala que las medidas se adoptan "debido a las acciones inamistosas y que se contradicen con la legislación internacional" adoptadas por EE.UU., países extranjeros y otras organizaciones.