El triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida reveló la envergadura de la disconformidad de los chilenos ante la propuesta constitucional de la ex Convención. De los más de 12 millones de electores, casi 8 millones votaron en contra. En la Región de Valparaíso, de las 38 comunas que la componen solo en tres de ellas optaron por el Apruebo: Rapa Nui (55,8%), Juan Fernández (58,2%) y San Antonio (50,02%).

También rechazaron el texto plebiscitado lugares históricamente considerados zonas de sacrificio medioambiental, como Petorca (56,1%), Quintero (58,1%) y Puchuncaví (57,3%), a pesar de que apuntaba a derechos por un medio libre de contaminación.

Tras la derrota del Apruebo y de discusiones que se extendieron por casi tres meses, el lunes 12 se anunció el Acuerdo por Chile, suscrito por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, excepto el Partido Republicano y el Partido de la Gente.

El Acuerdo establece que la nueva propuesta de Constitución deberá contener, al menos, 12 bases fundamentales, entre las cuales figuran el carácter democrático, unitario y descentralizado de Chile, la existencia de tres poderes de Estado independientes y un Congreso bicameral.

Asimismo, habrá un nuevo Consejo Constitucional que tendrá por objetivo discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, que estará compuesto por 50 integrantes electos por la ciudadanía bajo sufragio obligatorio y será integrado bajo principio de paridad y por escaños indígenas asignados de acuerdo con el porcentaje de votación efectiva en la elección.

Además, existirá una Comisión de 24 expertos, los que serán elegidos en partes iguales por la Cámara de Diputados y el Senado, que deberá redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto por parte del Consejo Constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo.

También habrá un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado y revisará las normas aprobadas a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases fundamentales.

El miércoles 21 ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional para habilitar el nuevo proceso constituyente, en medio de intensas discusiones al interior del oficialismo, donde algunos sectores que suscribieron el Acuerdo buscan introducirle cambios.

Según Cadem, el 83% de los encuestados apoya las 12 bases institucionales y fundamentales del Acuerdo constitucional; el 89% respalda que Chile es un estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, 88% que Chile protege y garantiza la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, y 87% que el país protege y garantiza el derecho de propiedad. 2

Según cadem, 83% apoya bases constitucionales del acuerdo.

Seguramente al asumir el cargo el 11 de marzo en el Congreso Nacional en Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric (Convergencia Social) no imaginó cuán difícil iba a ser gobernar un país en crisis, donde además una de las bases de su proyecto político y de Apruebo Dignidad, la apuesta constitucional, se iba a derrumbar en los primeros seis meses de mandato.

Lenta instalación, falta de preparación y experiencia, excesivo compromiso y, derechamente, campaña por un texto constitucional cuyo cuestionamiento ya se afianzaba en las encuestas, en desmedro de una mayor dedicación a otros asuntos, principalmente seguridad pública, fueron algunas de las críticas de la oposición.

Ello en momentos en que la luna de miel con la ciudadanía se acortaba harto más de lo habitual. Si dos semanas después de asumir el Mandatario registraba, según la encuesta Cadem, un 50% de aprobación y un 30% de desaprobación, hacia el término del año las cifras se habían transformado en 30% y 66% respectivamente.

Paz, concordia, justicia y dignidad

Tal vez previendo la tendencia que se iba a imponer en las urnas dos meses más tarde, el 4 de julio, al recibir la propuesta constitucional, el Presidente sostuvo que el plebiscito "no es ni debe ser un juicio al Gobierno, es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas" e instó a debatir su contenido pensando "en la paz, en la concordia, en la justicia, en la hermandad y, por sobre todo, en la dignidad de todos los habitantes de nuestra patria".

Pero la magnitud de la derrota en el plebiscito, donde el Rechazo obtuvo el 61,89% de los votros, obligó al Gobierno a modificar el rumbo. Dos días después se concretó el cambio de gabinete, donde a la fustigada ex Concertación le cupo un rol protagónico.

Así, la exvocera del desaparecido conglomerado, Carolina Tohá (PPD) asumió en Interior en reemplazo de Izkia Siches, mientras la exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte (PS) se hizo cargo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en lugar Giorgio Jackson, y Ximena Aguilera (Ind) quedó a la cabeza de Salud, donde estaba María Begoña Yarza, entre los principales cambios, que no excluyeron el ascenso de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) al comité político, lo que se interpretó como una jugada para dejar conformes a las "dos almas" del oficialismo.

Discurso y "baño de realidad"

Tras el plebiscito y la firma del Acuerdo por Chile, suscrito por todas las colectividades con representación parlamentaria para la habilitación de un nuevo proceso constituyente -excepto el Partido Republicano y el Partido de la Gente-, el discurso del Presidente evidenció un giro, donde distintos actores políticos divisaron el efecto de un "baño de realidad" que no dejó de incomodar a sectores de su propia coalición que pretenden introducir cambios en el pacto durante su tramitación en el Congreso.

"Una vez arribado al acuerdo me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo, pese a que, insisto, a mí me hubiese gustado otra cosa", sostuvo el Mandatario. Y agregó: "Quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos, y no se puede dejar de considerar aquello. Perdimos por 62%".

En noviembre declaró a la cadena árabe Al Jazeera: "Después de un período de ajuste difícil y una derrota política como lo fue el resultado del plebiscito, estamos logrando encontrar ese ancho camino de al medio que es el que permite llegar a buen puerto".

Los frentes internos

Mientras tanto, el Gobierno navega en un mar agitado en distintos frentes, partiendo por la inmigración irregular a través de la frontera norte -donde el reciente intento de un centenar de migrantes de entrar a la fuerza por el paso Chacalluta hizo sonar las alarmas- y la violencia en la Macrozona Sur, a raíz de la cual se prorrogó 14 veces este año el estado de excepción constitucional de emergencia, la última con menos apoyo dada la presión de parlamentarios del norte que abogan por una medida similar para su zona.

En lo económico, la inflación se disparó al 1.0% en noviembre, en lugar del 0,4% al que apuntaban las expectativas, y la tasa de desocupación agosto-octubre fue del 8%, en tanto restan por recuperar 93.295 empleos desde el peor momento de la pandemia.

En lo que constituye la principal preocupación ciudadana, la delincuencia y la inseguridad, el Índice Nacional Paz Ciudadana 2022 detectó que un 71% de los encuestados ha dejado de salir a ciertas horas y un 75% ha renunciado a ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia.

Frente a esto, el Gobierno anunció la Política Nacional contra el Crimen Organizado, y se esperaba que viera la luz un difícil compromiso transversal por la seguridad. Para los más afectados por la inflación y la situación de la economía, puso en marcha el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) junto con anunciar que se dará a conocer un paquete de ayudas para la ciudadanía.

Sin mayoría parlamentaria y en un escenario de alta fragmentación y confrontación política -como evidenciaron las dos fracasadas nominaciones presidenciales a fiscal nacional-, todo apunta a que el Gobierno tendrá que priorizar entre sus grandes aspiraciones programáticas y no ambicionar mucho más que las reformas tributaria y previsional. Como opina Ernesto Ottone, "elegir qué es lo que puede y lo que no puede hacer, y centrarse en dar una buena gobernabilidad, sobre todo en el sistema de seguridad ciudadana". 2

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

dos semanas después de asumir, el presidente tenía 50% de aprobación según cadem. hacia fin de año había bajado al 30%.