Redacción

Los partidos de Chile Vamos le pusieron la lápida definitiva a la mesa transversal por la seguridad que promovía el Gobierno luego de la polémica generada el viernes pasado cuando el Presidente Gabriel Boric anunció los indultos de 12 condenados por delitos vinculados al estallido social de octubre de 2019 y al exfrentista Jorge Mateluna.

Si ese mismo día la reacción inmediata fue anunciar que se bajaban de la mesa, ayer dirigentes de los partidos de oposición reforzaron esta decisión y culparon al Gobierno de que se cayera el trabajo de varios meses para avanzar en este tema.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, fue tajante: "La mesa por la seguridad terminó por fracasar justamente por esta decisión que tomó el Presidente de la República".

El jefe de la bancada de diputados del gremialismo, Jorge Alessandri, fue igual de radical: "Hay una mesa que se descarta, que es la de La Moneda, pero desde el Congreso vamos a ponerle acelerados a la primera prioridad de los chilenos".

El legislador agregó que desde la Comisión de Seguridad de la Cámara insistirán en tener un acuerdo "lo más amplio posible" con el objetivo de aprobar proyectos de ley que mejoren el orden público: "Protección de las policías, persecución del narco, ley de inteligencia, protección dentro de los recintos penales".

Una posición similar mostró el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien señaló en radio ADN que el Presidente "no solo le quita el piso a su ministra del Interior ni contradice el giro que había tenido el Gobierno desde el Plebiscito a la fecha en materia de seguridad, sino que pone en duda si es que hay una real voluntad de acuerdo. Un Presidente, que en la víspera del cierre de un acuerdo cuya ministra de Interior ha trabajado por meses, contradice la base más fundamental de ese acuerdo y aparece con una medida totalmente contradictoria".

Tohá insiste

Pese a estos anuncios, la ministra Tohá afirmó que "no creemos que producto de diferencias políticas a propósito del ejercicio de una facultad que el Presidente tiene podamos dilapidar todo lo que se ha avanzado en construir acuerdos en esta materia que es tan relevante".

"Si no llegara a haber esos acuerdos, la agenda que se ha construido va a ser igualmente impulsada por el Gobierno, con todos aquellos que se quieran sumar. Pero pensamos que la fuerza que esto puede tener, los tiempos de tramitación de los proyectos, la contundencia de las medidas que tomemos va a ser muy superior y más efectiva si está fundada en un acuerdo amplio", afirmó la ministra del Interior.

La secretaria de Estado planteó que desde el Ejecutivo se seguirá trabajando en propuestas de seguridad, pero "se van a tomar unos días de pausa, solamente en esta semana, para retomar el trabajo y mantener entre tanto las conversaciones para seguir consolidando esta agenda".

La jefa de gabinete recalcó finalmente que "la prioridad de la seguridad no va a cambiar porque hay avenencias o desavenencias entre las fuerzas políticas".

Otro problema al que se puede enfrentar el Gobierno luego de los indultos anunciados la semana pasada tiene que ver con la elección del nuevo fiscal nacional, tras los fracasos de los dos nombres propuestos. El Presidente Boric tiene hasta hoy para dar a conocer su elección de la última quina y luego el Senado debe resolver si lo aprueba o lo rechaza. Ante esta discusión, el senador de RN Rodrigo Galilea afirmó que ambas discusiones "van por cuerdas separadas" y expresó su esperanza de que "esta vez lleguemos a un acuerdo en el nombre que se propone para dirigir la Fiscalía Nacional".

La bancada de diputados del Partido Republicano confirmó que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por presuntas infracciones a la Constitución y a la Ley en temas de compra de tierras indígenas, funcionamiento de los servicios locales de Niñez y en el cumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de la cartera.

En este último punto destacan las acusaciones de la exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien habría sido desvinculada por una "mala evaluación" por no acatar instrucciones sobre cómo votar proyectos. "Como lo anunciamos hace algunas semanas y habiendo agotado todas las instancias y herramientas que la ley dispone, nos vemos obligados por responsabilidad política y constitucional, a concretar la acusación constitucional al Ministro Jackson, espero que el Congreso la apruebe", escribió en Twitter el jefe de bancada, José Carlos Meza.

Su colega, el diputado Mauricio Ojeda, indicó que "hay situaciones demasiado graves luego de haber escuchado a la exseremi que fue obligada a votar en contra de su voluntad y a conveniencia del Gobierno y no de los chilenos".

El diputado Johannes Kaiser sostuvo que la presentación de la AC, se debe a que "el ministro de Desarrollo Social no ha hecho bien su trabajo, desprotegiendo a miles de niños".

Con 42 votos a favor, siete en contra y una abstención, la Sala del Senado aprobó anoche en general el proyecto de reforma que habilita el nuevo proceso constituyente.

Se opusieron a este proyecto de reforma los independientes-RN Juan Castro, Alejandro Kusanovic, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, el independiente Karim Bianchi, el republicano Rojo Edwards y el UDI José Miguel Durana. Se abstuvo Fabiola Campillai (Ind).

Con discusión inmediata, el proyecto busca dar pie a un nuevo proceso que permita crear una nueva Constitución para el país, mediante bases constitucionales ya establecidas, un Consejo Constitucional de 50 integrantes que comenzará a funcionar el 7 de junio, una Comisión Experta compuesta por 24 personas propuestas por la Cámara y el Senado y un plebiscito de salida el 17 de diciembre para aprobar o rechazar la propuesta de texto.

La votación de indicaciones continuará hoy desde las 14.00 horas y luego el proyecto se despachará a la Cámara.

En 45% aumentaron los delitos de mayor connotación el año pasado en el país según Carabineros, según el balance 2022 entregado ayer por la institución policial, siendo la cifra más preocupante la de homicidios.

Según el reporte, el año pasado hubo 842 homicidios, 43% más que en 2021, una tasa de 4,6 por cada 100 mil habitantes, con un indicador que sube a 10,6 en la Región de Tarapacá, mientras que el robo violento de vehículos aumentó 98%, aunque la explicación es que los dos años anteriores el descenso fue notable producto de la pandemia y sus restricciones asociadas.

Los detenidos por este delito fueron 713, 94% en todo el país, 42% menores de edad.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que las medidas tomadas desde mitad del año pasado permitieron quebrar la curva delictual ascendente y recuperar "cerca de 6 mil vehículos".

Las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron ayer de manera unánime el proyecto de ley que busca corregir universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y aumentarlo en cerca de 70 mil. La iniciativa, presentada por el Gobierno, fue despachada a la Sala de la Cámara. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que "lo que se hace es cambiar la forma de determinar el universo del 90% de los beneficiarios que hoy día está establecido en la PGU, como el 90% de las personas mayores de 65 años, y pasar al universo tradicional en materia de pilar no contributivo para el 90% de la población".

El Banco Central dio a conocer ayer el Índice de Actividad Económica (Imacec) del mes de noviembre de 2022, que tuvo una caída de 2,5% en comparación con igual mes del año anterior, mientras que la serie desestacionalizada "disminuyó 0,8% respecto del mes precedente y cayó 2,1% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre de 2021. El ente emisor explicó que el tercer mes de caída de la economía chilena se explicó por la baja en "el comercio y la industria manufacturera. Por su parte, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por el desempeño de la minería".