Aunque nada se compara con el impacto de la derrota en el plebiscito, que marcó con la intensidad de un terremoto los últimos meses de 2022 para el Gobierno, los escenarios en que transcurrirá el año que comienza constituyen una incógnita en crecimiento a partir de las últimas decisiones y declaraciones del Presidente Gabriel Boric, y de sus bulladas consecuencias.

Los indultos que concedió el 30 de diciembre a 12 personas sentenciadas por delitos asociados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, condenado por el asalto a un banco en 2014, no solo derivaron en el retiro de Chile Vamos de la mesa del compromiso transversal por la seguridad, liderada por la ministra Carolina Tohá.

Las declaraciones presidenciales en el sentido de que le asiste "la plena convicción de la inocencia de Jorge" y de que en su juicio "hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia" elevaron la tensión con la Corte Suprema y con el Ministerio Público.

El máximo tribunal recordó que ni el Presidente ni el Congreso pueden, "en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones", y la Fiscalía Occidente sostuvo que el exfrentista "fue detenido en flagrancia por estos hechos y la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos".

Alto compromiso delictual

A pesar de que tras la dura declaración de la Suprema el Presidente recalcó que "la facultad del indulto del que hecho uso no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político que yo personalmente respeto, valoro y haré respetar", una semana después continuaban las réplicas.

Para entonces la bancada UDI de la Cámara ya había anunciado una acusación constitucional contra la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, cuya renuncia -a casi 10 meses de llegar al cargo- fue comunicada el sábado por el Presidente, debido a "que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos".

Los problemas para La Moneda no se detuvieron en toda la semana. En contraste con las declaraciones del mandatario, quien al conceder los indultos dijo que "tenemos que sanar estas heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y en donde estos son jóvenes que no son delincuentes", un reportaje transmitido el jueves por Canal 13 reveló que dos de los indultados, Luis Castillo y Matías Rojas, tenían previos informes desfavorables de Gendarmería: alto compromiso delictual y riesgo de reincidencia.

El primero -que al salir en libertad llamó a seguir en la "insurrección"- fue condenado a cuatro años de cárcel por asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad en los hechos del 18-O, pero su compromiso delictual se remonta a 2007, cuando fue sentenciado por dos robos con violencia, y en total tiene 5 condenas. El segundo cumplía cinco años de presidio como autor de tres delitos de elaboración de artefactos incendiarios.

Las críticas volvieron a arreciar y un grupo de diputados de RN anunció que presentaría ante la Fiscalía una denuncia contra el Gobierno por el presunto delito de prevaricación en el marco de los indultos, centrada en el beneficio al exfrentista Mateluna.

"hemorragia institucional"

¿Cómo se viene el año para La Moneda tras estos acontecimientos? Se acaba de presentar el esperado paquete de ayudas económicas que duplica el presupuesto para el Aporte Familiar Permanente, un día después de que la Encuesta CEP revelara que la aprobación al Presidente bajó de 32% en el anterior sondeo a 24% en el presente, con una desaprobación del 61%, mientras la percepción de que la situación económica es mala o muy mala subió de 58% a 63%, aspectos que también influyen en el complejo panorama 2023.

apruebo dignidad celebró los indultos concedidos por el presidente a condenados por delitos vinculados al 18-O y a un exfrentista, mientras en socialismo democrático hubo molestia.

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl