Sebastián Mejías O.

Si en la oposición apuntan a que el Presidente Gabriel Boric revoque los indultos para descomprimir el tenso momento político que se vive, en el oficialismo, sobre todo en el Socialismo Democrático, hay quienes creen que hace falta una renovación en los ministerios, en los equipos de trabajo más cercanos al Mandatario y en el gabinete regional. El objetivo es mejorar la comunicación en los distintos niveles y la coordinación y evitar así errores no forzados.

Pese a que sabe que un cambio de gabinete es una decisión que le compete al Presidente de la República, "quien luego de gobernar por un año ya debe tener claras las debilidades y fortalezas de su equipo como para determinar si lo estima conveniente o no", la diputada por el Distrito 6 Carolina Marzán (PPD) aseguró que en base a su experiencia como legisladora y desde su facultades, solo con algunos ministerios ha "logrado un buen diálogo y que con otros se ha tornado complejo".

Recordó que lo que se "espera de las autoridades, a quienes fiscalizamos y con quienes debemos impulsar gestiones en beneficio de la comunidad, es una buena comunicación que impulse y gatille resultados con la urgencia que la ciudadanía demanda".

Siguiendo esa línea, el diputado Tomás de Rementería (PS) cree que "hace falta en el entorno más cercano del Presidente, en el segundo piso de La Moneda, gente con más experiencia".

Si bien tuvo una buena impresión de Matías Meza-Lopehandía como jefe de gabinete, quien renunció por sus responsabilidades en el tema indultos, aseguró "que hay que reforzar la Presidencia, sobre todo en el tema comunicacional y en el tema de gestión administrativa". A su juicio, "hubo muchos errores no forzados por el desconocimiento de las normas administrativas, como lo vimos en el tema de los indultos".

Para De Rementería se hace urgente "reforzar al Gobierno con gente que tenga experiencia, que conozca cómo funciona el Estado". Además, pide que se "refuerce la avanzada presidencial, donde también ha habido errores, por ejemplo, que el Presidente viaje a una región y no lo acompañen los diputados del distrito es una situación que termina dando que hablar".

"Hay muchas situaciones que podrían mejorar la comunicación política entre el Presidente y las fuerzas incluso opositoras del Congreso", subrayó.

Cambios a nivel local

Como ya hubo un cambio de gabinete reciente en el Ministerio de Justicia que, según el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), "no sirvió de mucho para descomprimir la tensión que dejaron los indultos", no comparte "que una modificación extensiva a otros ministerios modifique significativamente el escenario político actual".

Lo que espera Lagomarsino es "sinceramente que llegue luego el receso legislativo y, con ello, el Ejecutivo tenga un descanso para rearmar a sus fuerzas y enfrentar el Gobierno de mejor forma". A nivel local, en cambio, hace un llamado a que se "revalúen las delegaciones presidenciales provinciales y las seremías en su debido mérito, ya que en algunas de ellas hay debilidades y errores importantes que se pueden mejorar por el bien de la gestión regional del Gobierno".

Urgencias de la gente

Sobre el hecho que algunos parlamentarios soliciten un cambio de gabinete, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) opinó que "ese tipo de reclamos hay que canalizarlos a través de los partidos, por algo existe un comité político ampliado donde cada colectividad tiene representantes y vinculación directa". Ese tipo de críticas y propuestas de nombres, explicó, "hay que canalizarlas internamente y no a través de los medios de comunicación".

"Cuando uno es parte de una coalición de gobierno y sobre todo cuando uno es parte del oficialismo, las críticas hacia la gestión del gobierno hay que canalizarlas a través de los partidos, institucionalmente", insistió el senador.

Diego Ibáñez, diputado por el Distrito 6 y presidente nacional de Convergencia Social (CS), recalcó que no "ve razones para cambiar a los ministros Marcel, Vallejo, Jara, Tohá, Orellana o Uriarte" y que le "parece que la agenda social, económica y proyectos como el de pensiones, cuya votación será el 25 de enero, es lo que realmente le importa a la gente, no el comidillo barato".

Para el legislador, "el Gobierno tiene una agenda que fue la que votó el pueblo de Chile y seguiremos empujándola con convicción y esperamos que la derecha abandone su competencia obstruccionista y que se ponga a trabajar de una vez por todas". Recalcó que hay "que atender las urgencias de la gente, que están lejos de un cambio de ministerios".

"No veo razones para cambiar a los ministros Marcel, Vallejo, Jara, Tohá, Orellana o Uriarte, (...) las urgencias de la gente están lejos de un cambio de ministerios".

Diego Ibáñez, Diputado (CS) Distrito 6

"No creo que un cambio de gabinete pueda modificar y descomprimir significativamente el escenario político actual".

Tomás Lagomarsino, Diputado (P. Radical) Distrito 7

"De acuerdo a mi experiencia, solo con algunos ministerios hemos logrado un buen diálogo, con otros ha sido complejo".

Carolina Marzán, Diputada (PPD) Distrito 6

Insistiendo en la ilegalidad de siete de los 13 indultos firmados por el Presidente Gabriel Boric, el diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, desde ya ve en ellos un peligro latente, a raíz de su prontuario. Al legislador, quien lideró la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso -que le otorgó la libertad a Hugo Bustamante, quien luego asesinó a Ámbar Cornejo-, le es difícil no asociar aquella decisión con algunos los indultos presidenciales y el peligro que eso puede significar.

- ¿Realmente ve semejanzas entre aquellos indultos y los del Presidente Boric?

- Al analizar las posibles consecuencias, los indultos me recuerdan el caso de la jueza Donoso. Cuando la acusamos constitucionalmente fue precisamente porque tomó una decisión ignorando los informes de Gendarmería que indicaban que Hugo Bustamante seguía siendo un peligro y que había alta probabilidad que reincidiera por sus rasgos psicopáticos. Una joven inocente terminó pagando con su vida ese error. En el caso de los indultos no es muy distinto. ¿Qué pasa si el señor Castillo, a quien se le concedió la libertad pese a los informes negativos de Gendarmería, comete un homicidio o un grave delito? ¿Quién va a ser el responsable?

- ¿El Presidente?

- Creo que la imprudencia temeraria con la que se actuó desde La Moneda es impropia de quien por mandato constitucional tiene a su cargo velar por la seguridad de las familias.

- ¿El Presidente queda comprometido con estos indultos?

- Por supuesto. Si el señor Castillo, o cualquiera de los siete indultados donde consta la ilegalidad, comete un homicidio o un delito grave, el Gobierno será responsable. Los responsables son justamente quienes tomaron la decisión de dejarlos en libertad, de manera irresponsable y sin tener los antecedentes a la vista. Los antecedentes son concluyentes, ya que hacían referencia a su largo prontuario y el alto riesgo de reincidencia. En palabras del órgano técnico a cargo de los procesos de rehabilitación, la libertad de Castillo era un peligro.

- ¿Por qué cree que se indultó a Luis Castillo pese a su amplio prontuario?

- No quiero pensar que no se trata de una equivocación, más allá de todas las señales que el Gobierno ha dado en favor de los delincuentes y no de las víctimas. No me cabe en la cabeza que la máxima autoridad de un país decida conscientemente dejar en libertad a una persona con esos antecedentes. No basta con decir que fue una desprolijidad, acá se debe intentar la invalidación u otra herramienta.

"Tiene la facultad"

- ¿Es realista pedir que se invaliden los indultos?

- El Mandatario tiene la facultad de invalidar los decretos. Y si eso no pasa, llegaremos hasta la última instancia para revertir esta grave ilegalidad. No se trata de un simple error. El Presidente de la República, quien tiene un mandato constitucional de garantizar la seguridad del país, está liberando delincuentes para congraciarse con sectores radicales de extrema izquierda, lo que es particularmente indolente si tenemos a la vista el marco de crisis de seguridad en que se da la liberación.

- De los 13 indultos, ¿hay algunos que son ilegales?

- Totalmente. Hay siete indultos mal cursados, según indica la causal del artículo 6 de la Ley 18.050, que establece que estos deben estar calificados y fundamentados, porque no cumplen con los requisitos de la ley de indulto. Es decir, se ejerce una facultad extraordinaria dentro de una competencia que ya es excepcional y cuestionable y el Presidente se da el gusto de no justificar.