Sociedad civil exige su espacio en nuevo proceso de redacción
CARTA MAGNA. U. de Chile y UC estarán a cargo de la participación. Organizaciones, hasta ahora decepcionadas, exigen mayor presupuesto y capacidad técnica.
Adiferencia del proceso constitucional anterior y el desarrollo de la Convención, el nuevo que se habilitó esta semana- tras la aprobación de la reforma constitucional- no ha dado mayores señales sobre participación y los mecanismos que permitirán a la ciudadanía instalar sus anhelos en las discusiones del nuevo órgano.
Ahora Nos Toca Participar, un articulador de organizaciones de la sociedad civil cuyo objetivo inicial fue incidir en la fallida Convención Constitucional, quiere instalar en el nuevo proceso propuestas de participación ciudadana más acotadas pero que, aseguran, serán capaces de dotar de legitimidad ciudadana al nuevo ciclo que se iniciará el próximo 6 de marzo con la puesta en marcha de la Comisión de Expertos.
Su coordinadora, Marcela Guillibrand, cuenta que "se está generando cierta distancia ciudadana desde que la clase política se hizo cargo del proceso", acotando que se sienten "frustrados, ya que la reforma no se hizo eco de ninguna de las propuestas de participación que se presentaron".
Es que pese a que como organización recopilaron todos los mecanismos de participación que se han desarrollado en el contexto constitucional chile y se lo hicieron llegar a los actores que lideran el nuevo proceso, el Acuerdo por Chile no se hizo cargo del tema.
Rol de universidades
Fue más tarde, en la redacción de la reforma constitucional que resurgió el debate por la participación, estableciéndose que el reglamento del Consejo Constitucional "contemplará mecanismos de participación ciudadana (…) que serán coordinados por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas". Se proyecta además que "dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma", que fue uno de los que operó en la pasada Convención Constitucional.
Ahora que las universidades estarán a cargo de la participación, Guillibrand proyecta que activarán "una estrategia que les permita establecer una conversación permanente y, a la vez, ponernos al servicio de las instituciones que resolverán esta necesidad de participación que tiene el nuevo proceso".
Recursos y capacidades
Por su parte, y como director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Octavio del Favero está a cargo de un proyecto que sacaron adelante con varias organizaciones y que también quiso promover la participación en la Convención.
Se trata de La Constitución Es Nuestra que quiere que este proceso, además de concitar el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria, cuente con las suficientes garantías para que la ciudadanía participe y que el texto sea legítimo a los ojos de los diferentes sectores de la sociedad.
Desde la perspectiva de Del Favero, para que la Universidad de Chile y la Universidad Católica puedan concretar su desafío, "y que no sea un saludo a la bandera, éstas requieren de recursos y capacidades".
Para ello, dice, que es "importante que el reglamento del Consejo Constitucional contemple los plazos más amplios posibles para la participación ciudadana, que considere los insumos que se han levantado en procesos anteriores y que se considere un presupuesto y una capacidad técnica adecuada para poder procesar las propuestas ciudadanas, introducirlas en el debate y rendir cuentas de lo que se hizo con ellas".
Con lo establecido en el artículo 153 de la reforma constitucional que habilita un nuevo proceso, explica este abogado, "no hay claridades ni presupuestarias ni organizativas sobre el esfuerzo que deberán hacer las universidades".
En ese sentido "es súper importante -dice- que el Congreso en coordinación con el Gobierno, disponga del presupuesto y la infraestructura técnica para que los procesos de participación liderados por las universidades sean posibles".
Señales positivas
Aunque considera que hubiese "sido mejor entregar mayor claridad a todos los actores que estén participando de esto, a las universidades mismas, a la sociedad civil que también tiene ganas de participar y a la ciudadanía en general", Del Favero ve señales positivas de que "la discusión está avanzando y que hay una buena oportunidad, en la redacción del reglamento, para obtener esas claridades".
Pero lo fundamental, a su juicio, está en que se explicite "un compromiso político claro de que , al menos, los partidos que aprobaron la reforma, quieren que tengamos procesos de participación efectiva en el desarrollo del nuevo proceso".
"Estamos frustrados ya que la reforma no se hizo eco de ninguna de las propuestas de participación que se presentaron".
Marcela Guillibrand, Coordinadora de Ahora Nos Toca Participar
"Es importante que el Congreso en coordinación con el Gobierno, disponga del presupuesto y la infraestructura técnica para los procesos de participación".
Octavio Del Favero, Dir. Ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente