Katherine Escalona M.

Más de una hora duraron ayer los alegatos de apertura del juicio oral contra dos efectivos de Carabineros -Mario Guzmán Yuri y Mario Arancibia González-, acusados por la Fiscalía de los delitos de apremio ilegítimo con homicidio frustrado, disparos injustificados y, para el caso de Guzmán, el de falsificación de documento público, por lo que el Ministerio Público pide penas de cárcel efectivas sobre los 15 años.

La audiencia se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, donde primero se discutió la concurrencia de los testigos en el juicio, se leyó la acusación y luego se dio paso a los alegatos por el hecho que ocurrió el 22 de octubre de 2019, en el marco de una manifestación en el estallido social, en Viña del Mar, donde resultaron lesionados por arma de fuego percutada por carabineros ocho personas, quienes presentaron heridas de diversas consideración.

En la lectura de los hechos, el juez Claudio Espinoza Asenjo precisó que "el 22 de octubre del 2019, en horas de la tarde, en el contexto de las manifestaciones sociales que se desarrollaban en el país en el sector de las plazas Vergara y Sucre de la comuna de Viña del Mar, los funcionarios de Carabineros hicieron uso injustificado de sus armas de servicio (...) en contra de las personas".

El magistrado detalló que "asimismo abusando de sus cargos y funciones dispararon en múltiples ocasiones con ánimo de causar la muerte a los mismos manifestantes", infringiendo la ley. Respecto de Guzmán Yuri, afirmó que en declaración a Carabineros sobre los hechos "habría faltado a la verdad" por lo que también se configuran en su caso los delitos de apremio ilegítimo con resultado de homicidios frustrado, delitos por los cuales la Fiscalía pide 10 años y un día; disparos injustificados, con una pena de 3 años y un día, y falsificación de documento público, con 3 años y un día.

Para Arancibia, en tanto, se consideraron los delitos de apremio ilegítimo, con la penalidad de presidio perpetuo simple, y disparos injustificado, delito por el cual se piden tres años y un día de cárcel. Más -para ambos acusados- se anexaron penas accesorias de huella genética y pago de costas.

Se leyó también la acusación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no consideró el delito de disparo injustificado, la acusación particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que pide mayor pena para ambos acusados, siendo para Guzmán un total de pena de 20 años y para Arancibia un presidio perpetuo simple más 5 años y un día, y la acusación particular de una de las víctimas, un menor de edad.

Alegatos de apertura

El fiscal Juan Sebastián de La Fuente partió los alegatos de apertura del juicio oral, argumentando que el juicio "se trata del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, en particular, de carabineros" y explicó que si bien había estado de excepción constitucional, las fuerzas policiales estaban para tener "consideración" en controlar el orden.

El uso de armas de fuego, aclaró, "se encuentra regulado" y ambos funcionarios de Carabineros accedieron en usar su arma de fuego lo que se fundamenta por 4 principios.

El principio de legalidad, la necesidad manifiesta, el principio de proporcionalidad y el principio de responsabilidad, son situaciones que, según el fiscal, no fueron consideradas, por lo que "en la Fiscalía pretendemos demostrar que el uso de las armas de fuego que hicieron los carabineros no estaba permitido" y sí hubo un abuso sin motivo ni razón de una amenaza potencialmente letal.

El fiscal aclaró que "este juicio no es una persecución en contra de la institución de Carabineros, sino que es un juicio en contra de funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones cometieron un delito". En tanto, los abogados privados de los acusados refutaron los hechos expuestos por la Fiscalía y manifestaron que no hubo delito, sino defensa.

El abogado de Guzmán Yuri, Juan Carlos Manríquez, precisó que en la cronología de los hechos verán "el ruido, las piedras, el humo, los gases, pero no van a experimentar el agobio desde las siete de la mañana, los llamados, las urgencias, las coberturas, las peticiones de cooperación, la solicitud de material de trabajo que no llegó. Ese mismo Estado que debe responder y no llegó y que se denomina violencia institucional" y argumentó que había condiciones deficientes para carabineros.

En tanto, Daniel Muñoz, abogado defensor privado de Arancibia, aseveró que "a juicio de la defensa (lo expuesto por la Fiscalía y los querellantes) es una opinión absolutamente sesgada, los hechos no ocurrieron en la forma que no lo dice el Ministerio Público sino que lo dicen los querellantes, porque la acusación no contempla el detalle previo de lo ocurrido y eso hace necesario de esta defensa recurrir a un relato de los hechos" y detalló que el 22 de octubre había caos, robos a locales y destrozos que fue guiado por delincuentes y activistas.

"(El juicio) se trata del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, en particular, de carabineros".

Juan Sebastián de la Fuente, Fiscal

"La acusación no contempla el detalle previo de lo ocurrido y eso hace necesario recurrir a un relato de los hechos".

Daniel Muñoz, Abogado defensor de Arancibia

El destacado abogado porteño Juan Carlos Manríquez fue elegido presidente del Comité Asesor Jurídico (Legal Advisory Committee) de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, importante cargo que ocupará durante el periodo 2023-2024.

La elección de Manríquez se da luego que a fines del año pasado resultara reelecto por la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional para integrar por un nuevo periodo el Comité Asesor Jurídico, del cual es miembro desde 2021, siendo el primer jurista chileno en formar parte de esta entidad.

"una señal de confianza"

La instancia actualmente está compuesta por otros cuatro abogados de reconocida trayectoria internacional: Juleen Fataiki, de Fiji; Massimiliano Ferraris, de Italia; Dov Jacobs, de Francia, y Lyma Nguyen, de Australia, cuerpo colegiado que el fin de semana pasado desarrolló su sesión de votación para elegir a su nuevo presidente, inclinándose por Juan Carlos Manríquez.

El Comité Asesor Jurídico "es el que tiene dar consejo, como su nombre lo indica, soporte, a los abogados de la Corte en materia de procedimiento, en materia de derecho penal internacional, en materia de jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, es una señal de confianza muy importante", dijo Manríquez.

Frente a este nuevo desafío en su dilatada trayectoria profesional, el jurista porteño precisó que "es un sentimiento de natural gratitud hacia mis colegas de todo el mundo, de los cinco continentes, que conforman el rol de abogados de la Corte Penal Internacional y en particular a aquellos que votaron por nuestro nombre para integrar por segunda vez el Comité Asesor Jurídico; y particularmente, en este caso, a los consejeros electos, de los cuales hay profesores y abogados muy destacados a nivel internacional".

Agregó que "más que un reconocimiento a mi trabajo, es un punto que realza la abogacía chilena en primer lugar, la presencia que hemos tenido en el último tiempo en la Corte Penal Internacional; y le abre un camino importante a los nuevos abogados latinoamericanos, sobre todo cuando la actividad en la Corte Penal Internacional está con bastante energía, dedicándose en este minuto a una serie de comunicaciones que impactan en Latinoamérica, como Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil y algunas otras que están pendientes en Chile".

A su vez, indicó que su presencia en el Comité Asesor Jurídico "realza también al foro porteño donde yo me he formado. Valparaíso sigue siendo una ciudad muy presente en el mundo a pesar de los dolores que ha sufrido en el último tiempo".

Una brutal golpiza al interior de la cárcel de Valparaíso recibió el interno Daniel Allende (32 años), conocido como el "Huaso Dani", quien es parte de la organización criminal dedicada al narcotráfico "Los Alemanes" y quien la semana pasada fue formalizado por tráfico, tras causa pendiente, y por el secuestro de su expareja, a quien mantuvo retenida por cuatro días y le provocó diversas heridas, todo gatillado por celos.

Primero, la agresión quedó al descubierto en publicaciones de redes sociales y luego fue confirmada por la Unidad de Emergencia Adultos del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde precisaron que el interno ingresó a las 9.57 de ayer desde la penitenciaria de Valparaíso por sufrir "una agresión por terceros con resultado de heridas cortantes en tórax y contusión en el cráneo".

Desde el hospital detallaron que "se hicieron los exámenes correspondientes que descartan que tenga alguna afección en el cerebro o lesiones internas a nivel torácico, por lo cual, se suturó las heridas y se catalogan como heridas de carácter leve", para luego darle de alta con observación en penitenciaria y consulta en caso de que empeore su estado de conciencia.

Desde Gendarmería explicaron que el hecho se produjo cuando se realizaba el desencierro de la población penal. "El interno fue atacado por un número indeterminado de reclusos, debiendo intervenir personal uniformado de Gendarmería".

Posteriormente, Gendarmería realizó un allanamiento en las dependencias habitadas por reos, logrando incautar armas blancas de fabricación artesanal. Del hecho informó al Ministerio Público.