El crimen organizado en tomas de terrenos
Urbanista Iván Poduje reitera denuncias sobre lucrativas especulaciones, con vinculaciones narco, ante el déficit habitacional. El profesional dice que su percepción se ha visto ratificada en su trabajo con vecinos de campamentos de Viña del Mar, donde incluso llamaron a una toma nueva "Población Oportunista".
El destacado urbanista Iván Poduje reitera sus denuncias sobre tomas y loteos irregulares, particularmente con casos en la Región de Valparaíso. Anteriormente su oficina, Atisba, había expuesto ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado situaciones relativas a la usurpación de terrenos señalando que "el Estado no puede tolerar que haya organizaciones criminales que crezcan ante la vulnerabilidad de las personas". Se refería así a las especulaciones con "tomas" en las cuales se explotan las necesidades de vivienda. Señalaba en esa oportunidad que situaciones similares se han presentado en Centroamérica y Brasil.
Poduje revivió el tema de la toma de terrenos que frena la construcción de un nuevo acceso al puerto de San Antonio y denuncia que, pese a las advertencias, las autoridades no han adoptado medidas enérgicas.
Precisando sus denuncias afirma que "acá vemos sitios y calles de anchos regulares, con topografía. Hay lotes cerrados sin casas o solo con techo, pues el objetivo de la organización criminal es vender". Insistiendo en la materia, dice que su percepción se ha visto ratificada en su trabajo con vecinos de campamentos de Viña del Mar, donde incluso llamaron a una toma nueva "Población Oportunista", ya que los loteos se abrían con maquinaria pesada y las casas allí levantadas eran destinadas a la venta, arriendo o segunda vivienda.
Relata que con el fenómeno "ha aumentado considerablemente el crimen organizado. Los vecinos nos cuentan que es una rama inmobiliaria narco, hay violencia y afectación al patrimonio fiscal".
En el caso de San Antonio, en 2019 la superficie tomada era de cuatro hectáreas y hoy llega a 260, afectando el crecimiento del puerto y en algunos puntos abriendo espacio a los narcotraficantes.
Hay que recordar que la Región de Valparaíso es la con más campamentos del país, con 255, con un total de 18.405 hogares.
Los campamentos reflejan el déficit habitacional, pero a la vez han sido espacios favorables para organizaciones criminales que explotan esa carencia llegando al homicidio, como es el caso concreto de los terrenos de Alejandro Correa en Quilpué, quien fue ultimado por un sicario ante las acciones judiciales que había iniciado para recuperar su predio.
La materia, pese a la insistencia de su familia, está rezagada en el sistema judicial, morosidad que en gran medida alienta la "industria" de las "tomas" que explota el señalado déficit habitacional.
Las denuncias de Poduje y los últimos casos conocidos como el de San Antonio exigen una investigación a fondo persiguiendo las lucrativas organizaciones que están explotando una necesidad y muchas veces, especulando con terrenos que no reúnen condiciones habitacionales y están expuestos siniestros o riesgos climáticos. Hay que derrotar los temores populistas y "buenistas" que, finalmente, terminan favoreciendo al crimen organizado.