Rosa Zamora Cabrera

Los profesionales del área de gestión de suelos de Serviu Valparaíso se encuentran evaluando la factibilidad y superficies de los terrenos de organismos del Estado que podrían destinarse a la construcción de viviendas sociales, conforme a los lineamientos del Plan de Emergencia Habitacional que lidera la cartera del sector y que busca entregar 260 mil soluciones en este periodo de gobierno, de las cuales la meta regional alcanza a 31.246.

En el contexto del plan para hacer frente a la crisis habitacional, el Presidente Gabriel Boric informó el 27 de enero, en el consejo de gabinete, que firmó una circular para que los ministerios, servicios públicos y diversas instituciones del Estado, incluidas Fuerzas Armadas y de Orden, dispongan de sus terrenos fiscales para la construcción de viviendas.

Serviu indicó que junto al equipo regional del Ministerio de Vivienda "hemos estado trabajando mancomunadamente con el seremi de Bienes Nacionales, cuya cartera ha puesto a disposición de este plan 21 terrenos repartidos en distintas comunas, lo que de forma paralela se complementa a las gestiones que está desarrollando el ministro Carlos Montes con las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas a fin de poder obtener una mayor superficie de hectáreas para hacer frente al déficit habitacional que se experimenta en nuestra región".

No a los guetos

El seremi de Bienes Nacionales, Tomás Covacich, expuso que esa cartera "se encuentra en conversaciones permanentes a nivel nacional en mesas de trabajo con distintas instituciones y servicios del Estado para la restitución de terrenos en desuso distribuidos en regiones hacia el fisco" con el fin de generar una mayor disponibilidad de espacios para la construcción de viviendas y barrios en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

"Si bien desde la Región de Valparaíso hemos hecho algunos sondeos preliminares, hoy hay una instrucción hacia el resto de las instituciones desde el nivel central", agregó, detallando que son los ministerios con sus equipos respectivos quienes lideran esas conversaciones priorizando espacios subutilizados.

En el caso de las Fuerzas Armadas "son terrenos que quedaron dentro de los centros urbanos, con muy buena conectividad, que suelen estar muy bien ubicados, con acceso a múltiples servicios. Lo que es clave, porque no queremos solucionar la crisis habitacional generando nuevos guetos ni relegando a las familias a lugares aislados donde no tienen acceso a servicios básicos, a comercios ni a escuelas y centros de salud, distanciándose de sus redes sociales y sus fuentes de trabajo".

Covacich dijo también que el Ministerio a nivel central lleva meses trabajando junto a las Fuerzas Armadas: "Un diálogo que está dando buenos frutos, pero necesitamos disponer de mayor oferta de terrenos y mayor celeridad en recuperarlos", de ahí el instructivo firmado por el Presidente "que solicita a otros organismos y servicios del Estado disponer de terrenos para destinarlos a la construcción de barrios dignos, mandato y compromiso de nuestro gobierno", por cuanto "la crisis habitacional debe abordarse con visión de Estado, donde todas sus instituciones deben hacerse parte de este esfuerzo país".

"hay que cambiar leyes"

Consultado sobre la pertinencia de la circular presidencial, el arquitecto y socio de Atisba, Iván Poduje, la considera "una medida muy acertada que veníamos pidiendo hace tiempo para reforzar el banco de suelo, debido a la severa crisis habitacional que tenemos".

"Recordemos que las Fuerzas Armadas, Carabineros y también organismos públicos como la Empresa de Ferrocarriles o la Corfo, tienen terrenos abandonados o que destinan a venderlos como si fueran inmobiliarias, todo esto mientras aumentan las listas de espera de las familias sin casa, entonces no era sostenible esta situación y es muy bueno que el Gobierno lo haya decidido", planteó el experto en desarrollo urbano.

Pero ahora, agregó, hay que cambiar leyes, porque a las Fuerzas Armadas y Carabineros les está permitido vender estos terrenos y disponer de esos recursos institucionalmente, sin que vayan al Ministerio de Hacienda. "Entonces se requiere modificar la ley en el Congreso y avanzar decididamente para que este anuncio se concrete a la brevedad posible".

Banco de suelo de 2020

Con más distancia respondió el core Manuel Millones, vicepresidente de la Comisión Vivienda y presidente de la Comisión Ordenamiento Territorial del Consejo Regional, quien observó que lo informado por el Gobierno "sobre poner a disposición todo suelo fiscal disponible para la construcción de viviendas sociales ya se inició el 2020 en la pasada administración, a través de un acuerdo entre los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales y Defensa, y allí se instaló el banco de suelo".

Junto con ello recordó que Bienes Nacionales a nivel regional puso terrenos a disposición de Serviu para que ese organismo evalúe su factibilidad técnica para poder construir viviendas sociales en ellos.

"Este llamado no es más que reforzar el trabajo que ya se viene haciendo en la Región", reiteró Millones, a la vez que subrayó que a nivel nacional el Ministerio de Vivienda destinó a un funcionario especialmente para catastrar con las Fuerzas Armadas los terrenos que estas instituciones puedan tener disponibles, "y allí también es el Serviu el organismo que tiene que analizar si reúnen los criterios técnicos para el emplazamiento de viviendas".

Agregó que para estos efectos la Armada puso a disposición terrenos del Fundo Naval El Vergel, mientras Serviu, a través de sus glosas para la compra de sitios destinados a viviendas sociales, realizó varias adquisiciones para el banco de suelo en la Región en 2021 y 2022.

Finalmente, planteó que el suelo es el eje fundamental de toda política habitacional, "sin embargo, la topografía compleja de nuestras comunas hacen más difícil conseguir terrenos públicos aptos y si los hay estos están en la periferia, salvo contados casos, o distantes de las redes de servicios sanitarios, fuera del límite urbano o sin condiciones de constructibilidad y sin conectividad, y allí los costos asociados a esas obras hacen inviable los proyectos de vivienda social".

"El diálogo está dando buenos frutos, pero necesitamos disponer de mayor oferta de terrenos y mayor celeridad en recuperarlos".

Tomás Covacich, Seremi de Bienes Nacionales

"El banco de suelo se inició el 2020 en la administración pasada a través de un acuerdo entre tres ministerios".

Manuel Millones, Vicepresidente Comisión, Vivienda Consejo Regional

Desde noviembre del año pasado, la Empresa Fenur S.A. no recibe el pago de la denominada compensación tarifaria, de parte del Ministerio de Transportes, sin que se entregue una explicación razonable al respecto.

Todas las otras unidades de negocios sí han recibido los pagos, dejando a la mencionada compañía como la única sin recibir los recursos, lo que eventualmente podría ser un error administrativo de ingreso de datos en Santiago. Debido a ello, se interpuso una denuncia y reclamo formal ante la Contraloría Regional por posible incumplimiento de contrato.

Jaime Barrientos, abogado de la empresa, indicó que pese a sostener innumerables reuniones en la Seremi de Transportes y la Dirección de Transporte Público Regional, no ha habido ninguna respuesta favorable. "Esto es un incumplimiento claro al contrato que existe entre ambas partes y que, sin lugar a dudas, significa un severo perjuicio a los usuarios del transporte público de pasajeros, toda vez que el Estado no está cumpliendo su compromiso de compensación tarifaria que permite que el servicio siga de forma continua y expedita, como los usuarios merecen", indicó.

"Éste es un golpe directo a una pequeña empresa como nosotros, porque después de todas las dificultades que hemos tenido, con las tarifas congeladas, sin apoyo y ni respaldo en medio de la crisis, además que no se nos pague hace tres o cuatro meses, es una burla. El Gobierno le está haciendo un tremendo daño a los pasajeros y parece no importarle que las empresas que prestamos el servicio de transportes quiebre o no tenga dinero para pagarle a sus trabajadores", sentenció Juan Mellado, Presidente de Fenur.

La empresa espera que la situación se regularice en el más breve plazo, sin embargo, no descarta acciones legales.