Nicolás Donoso A.

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio cuenta de las fiscalizaciones realizadas en la Región de Valparaíso durante el año pasado respecto a la extracción de agua no autorizada. Además entregó recomendaciones para aquellas personas que busquen denunciar irregularidades en relación a la gestión del recurso industrial en medio de la crisis hídrica que golpea al territorio.

Al cierre de 2022, el organismo abrió a nivel regional 219 expedientes de fiscalización, de los cuales 152 fueron resueltos. Se cursaron 36 multas a empresas, personas naturales y jurídicas por la extracción de agua no autorizada, modificación de cauces o realización de obras sin la autorización previa de la DGA. Las multas sumaron más de $652.606.347 (equivalentes a 10.671 UTM).

El detalle de las cifras

Esto fue confirmado por el director regional de la DGA, Camilo Mansilla, quien aclaró que, a nivel regional, "del total de expedientes de fiscalización abiertos en al menos 109 casos se fiscaliza la extracción de aguas no autorizadas y, en 64 de ellos, se investiga la realización de obras sin la pertinente autorización de la DGA, tales como modificaciones de cauces, bocatomas y obras mayores. Además resaltan 35 expedientes enfocados en resguardar el cumplimiento del monitoreo de extracciones efectivas".

Respecto al cumplimiento del monitoreo de extracciones efectivas, manifestó que "es una herramienta para verificar que las aguas extraídas coincidan efectivamente con el derecho de aprovechamiento de aguas otorgado. Por lo cual los titulares de derechos deben instalar medidores que permitan a la DGA acceder a dicha información".

El director regional de la DGA agregó que "es relevante señalar que cualquier persona, ya sea jurídica o natural, realice las denuncias con la mayor cantidad de antecedentes posibles completando el formulario de denuncia disponible en la oficina regional de la DGA o en el sitio web. Eso nos permite como servicio regional focalizar nuestros recursos humanos y tecnológicos en un punto en particular y no dar palos de ciego en una región que necesita una buena gestión de agua".

Situación en Aconcagua

Por otra parte, una de las polémicas que involucra a la DGA se ha generado propósito de la decisión de suspender el seccionamiento del río Aconcagua y las atribuciones de los directorios de las Juntas de Vigilancia de la 1ª y 2ª secciones, por lo que el organismo ha considerado como continuas faltas de acuerdo e incumplimientos por parte de las organizaciones.

Respecto al trabajo del interventor, el presidente de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del Río Aconcagua, Jorge Escobar, aseveró que "estamos bastante satisfechos con la gestión del interventor ordenado por la DGA. (...) Nos favorece tremendamente y nos permite tener el derecho por el que hemos luchado por bastantes años de que las aguas del río se repartan a prorrata (proporcionalmente)".

Añadió que "nos hemos podido mantener debido a que la 3ª sección cuenta con un nivel de tecnificación de los sistemas de riego de los campos que es altísimo y eso es sumamente importante. No vemos la misma urgencia en las otras dos secciones, en donde es impresionante ver que aún hay campos regados por tendidos, lo que hoy día no se entiende".

"Del total de expedientes de fiscalización abiertos, en al menos 109 casos se fiscaliza la extracción de aguas no autorizadas".

Camilo Mansilla, Director regional de la DGA

Con algunos movimientos inesperados a nivel regional se cumplió ayer, a las 23.59 horas, el plazo para la inscripción de las candidaturas que enfrentarán la elección del próximo 7 de mayo al Consejo Constitucional.

Al interior de Chile Vamos hubo una disputa hasta el final por los dos últimos cupos que, en representación de Evópoli, se definieron entre la presidenta de la Cámara de Turismo de Olmué, Luigina Pruzzo, la representante de la Casa del Rechazo, Tiare Cáceres y el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Yuseff. Finalmente la dupla Yuseff-Pruzzo, que desde el sábado lideraba, fue cambiada por la de Yuseff-Cáceres, escenario que no le fue avisado oportunamente a la dirigenta gremial de Olmué, Luigina Pruzzo.

Tras las negociaciones, los seis candidatos que llevará Chile Vamos serán Leslie Briones y Gonzalo Ibáñez (RN), Edmundo Eluchans y Viviana Núñez (UDI), más Tiare Cáceres y Gonzalo Yuseff (Evópoli).

Cáceres que mostró su agradecimiento a Chile Vamos por incluirla, pese a no tener militancia. Reafirmó para este "nuevo proceso su compromiso de representar y trabajar por la ciudadanía en la construcción de una buena Constitución".

En la lista "Unidad para Chile"- compuesta por el PS, el Partido Liberal, el PC, Convergencia Social, RD, Comunes y FRVS- hubo incertidumbre por los dos últimos cupos.

Al exdiputado Marcelo Schilling y al exrector UV, Aldo Valle, que la semana pasada fueron definidos por el PS, se sumaron el de la abogada y académica de la PUCV María Pardo (CS) y el de la militante de Revolución Democrática, Valeria Cárcamo. En tanto que Comunes llevará a Gonzalo Vega y el Partido Comunista a María Carolina Fernández.

Pablo maltés, el abuelo

Al cierre de esta edición, en la lista de "Todo por Chile"- compuesta por el PPD, la DC y los Radicales- había pocas certezas respecto de los candidatos.

La carta más fija de todas es la del exdiputado Marco Antonio Núñez (PPD), quien en principio iba de la mano con Pablo Maltés, "el abuelo", quien fuera candidato a gobernador por la región Metropolitana y que es conocido por ser la pareja de la diputada Pamela Jiles.

Sin embargo, al cierre de esta edición, Maltés habría sido descartado por su rol abiertamente opositor al Gobierno del Presidente Boric.

En la Democracia Cristiana, por su parte, corría como prioridad la opción de Darma López. De los tres candidatos restantes no había demasiada claridad.

"En este nuevo proceso reafirmo mi compromiso de representar y trabajar por la ciudadanía en la construcción de una buena Constitución".

Tiare Cáceres, Casa ciudadana por el Rechazo

Con fiscalizaciones y labor preventiva de delitos, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso junto a funcionarios de Carabineros, Transporte, Salud, Senda, PDI y municipio se desplegaron en los principales ejes de la comuna de Valparaíso.

Se realizaron controles al comercio ambulante en el sector de calle Uruguay, entre Pedro Montt y Yungay. Fueron 59 controles preventivos y se cursaron 15 infracciones por tránsito y 48 citaciones por ejercer actividad comercial en bien nacional de uso público. Carabineros detuvo a un sujeto con orden de aprehensión pendiente.

En la noche hubo operativos de alcotest y narcotest a conductores que circulaban por la ciudad, además de controles en materia de extranjería y de comercio establecido. Se detuvo a 4 personas, una por conducir en estado de ebriedad y 3 por conducir bajo los efectos de las drogas, como cannabis, cocaína y anfetamina. Se detectó a 7 extranjeros que estaban de manera irregular en el país por ingresar por pasos no habilitados. Se fiscalizaron locales comerciales; y se cursaron 10 infracciones al tránsito.

La delegada presidencial regional, Sofía González, detalló que "estamos ejecutando un plan de fiscalizaciones en diversos puntos complejos de las comunas, coordinados con otros servicios que tienen una participación en materia de ordenamiento y seguridad de la comunidad, como las policías, municipios, Senda, Salud y Transportes, entre otros".

Además se seguirá trabajanado en diversos aspectos que engloban el tema seguridad, "como son los delitos, infracciones a las leyes del tránsito, correcto uso de las patentes comerciales, transgresiones en materia migratoria y sanitarias", entre otras, concluyó.