Finalmente, y lo más importante de todo, el tenis tendrá su fiesta entre el 11 y del 19 de marzo con el mil veces manoseado challenger del Club Unión de Viña del Mar, organizado por el idolatrado Hans Gildemeister y su adlátere, el productor Gabriel Apey, sobrino del no menos mítico Patricio Apey, entrenador de Gabriela Sabatini y de cuantas otras figuras del circuito.

El ganador de toda esta batalla es nada menos que el gobernador Rodrigo Mundaca, quien para conseguir el financiamiento logró convencer a la ministra de Deportes, Alexandra Benado, y a otros cargos altos en el Palacio de La Moneda, acaso los mismos que no tuvieron ningún inconveniente en invitar como salvadores para los incendios (avengers los llamaron en redes sociales) a los exministros de Piñera, Rodrigo Delgado -flamante candidato por el pacto Chile Seguro al Consejo Constitucional- y el exministro José Antonio Walker, quien tuvo demandado por injurias y calumnias, solicitud de desafuero de por medio, al propio Mundaca por un año.

En el camino quedarán el vicepresidente de la propia Corporación y también vicepresidente de la DC, Gianni Rivera, acusado de solicitar "incentivos" por Mundaca, Gildemeister y Apey, de acuerdo a la versión del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas. De lo anterior, entendiendo que Rivera efectivamente pidió la "mascada" para amañar la votación como dice Mundaca, cae toda la sospecha del mundo sobre el directorio integrado por Pier-Paolo Zaccarelli, Marco Brauchy, Verónica Castillo, Rafael Torres, Sandra Miranda, María Teresa Solís, Alejandro Bernales y el gerente Francisco Godoy, quienes -siempre según la denuncia de Mundaca y Rozas, avalada por Gildemeister, Apey y la core Tania Valenzuela- entonces estuvieron de acuerdo (o fueron cándidamente manejados) para votar en contra del traspaso de dineros al torneo de tenis propuesto por el gobernador.

Antes de que el primer tenista dé el primer bote de su bola amarilla para ejecutar el servicio inicial del torneo, cabe preguntarse si era necesario destruir la Corporación para sacar adelante el challenger de Viña. Si Gianni Rivera pidió "incentivos" y eso se puede probar debe ser castigado de la forma más categórica posible, al igual que al directorio eventualmente involucrado en una (como sugiere el gobernador en su denuncia al Ministerio Público, y el fiscal de la gobernación, Eric Zúñiga) votación que puede configurar ilícitos tan graves como tráfico de influencias o negociación incompatible.

Ahora, si no es así, si nadie consigue probar tal grave acusación contra Rivera y los siete restantes directores, el gobernador debe dar una buena explicación o atenerse a la consecuencias. Ya ayer acusó al nuevo "asesor" de La Moneda, el exministro de Agricultura Walker, de robar agua sin pruebas. Hoy hay una doble denuncia ante el Ministerio Público por actos impropios que involucran a Gianni Rivera y al directorio de la CRTV, la segunda amparada por el diputado de RN Andrés Celis. La sociedad exige responsables, caigan Rivera, Godoy, el directorio o quien sea. La Corporación de Turismo de la Región de Valparaíso tiene la palabra. Si calla, habrá que dar por ciertas las denuncias del gobernador y enterrarla para siempre. Sencillamente no estuvieron a la altura

Nuevamente, la macrozona centro y sur del país se ha visto afectada por enormes incendios -casi 300 focos activos que han consumido alrededor de 280 mil hectáreas-, crisis que nos llama a tomar acciones concretas. Las causas que favorecen la ocurrencia de estos grandes focos se repiten, tal como vimos en 2017 y en Viña del Mar a fines de 2022: ubicación de asentamientos sin planificación urbana, ausencia de redes de suministro de agua, riesgos en los tendidos eléctricos y la ausencia de vías para el tráfico de vehículos que combaten la emergencia.

¿Qué acciones se podrían tomar ante una tragedia que nos convoca a movilizarnos?

Primero, la creación de la figura de un "director de riesgos" comunal, que trabaje junto a las autoridades, quien debería estar encargado de coordinar la realización de estudios que identifiquen los riesgos y de diseñar un programa con medidas preventivas ante la ocurrencia de siniestros, el que debería ser actualizado periódicamente y socializado con la comunidad. No sirve una institución destinada a combatir incendios, sin que tenga la capacidad de anticiparse.

Un problema visto una y otra vez es la deficiente mantención de las zonas de interfaz, donde no hay una separación clara entre áreas de cultivo y el radio urbano, lo que se ve agudizado por la presencia de residuos y de construcciones situadas al límite de estos predios. Ante esto, se debería implementar un plan obligatorio de mantención de áreas de interfaz y, además, se debe determinar con claridad la extensión de las mismas. Esto requiere financiamiento fiscal y la colaboración con empresas agrícolas y forestales. De nada sirve que solo los privados se ocupen de estas franjas, si no hay fiscalización en cada comuna.

Y en paralelo a lo ocurrido, surge el desafío de reconstruir pensando en los damnificados. No solo se trata de levantar viviendas sino que de tomar resguardos para no repetir este escenario, con planificación, redes robustas de agua, vías alternativas para el paso de ayudas. También hay que enfocarse en temas como la resiliencia en la infraestructura, con el fin de que haya alternativas para que la economía siga operando a la par de la contingencia, y la creación de barrios que contemplen los planes de seguridad ante desastres ya descritos.

Los especialistas de las universidades están disponibles a contribuir para analizar y proyectar riesgos dado lo ocurrido, lo que debe ser impulsado por una firme decisión política.