Un requisito necesario para el progreso de una sociedad es que aquello que resulta plausible conceptualmente también lo sea culturalmente. Sin embargo, en ocasiones la distancia entre los conceptos y la cultura puede ampliarse a tal nivel que, aunque exista pleno consenso a nivel teórico sobre lo que debe hacerse en una determinada área, el estado de las cosas permanezca invariable a lo largo del tiempo, tal como ha venido ocurriendo en el ámbito de la modernización del Estado, o en el sector municipal donde hay pocas voces disidentes acerca de las prioridades y las soluciones para mejorar la vida de las personas y sin embargo, la distancia entre lo que técnicamente parece apropiado y las condiciones de posibilidad culturales para que esas soluciones sean implementadas es cada vez mayor.

Nadie puede dudar de la necesidad que tiene Valparaíso de erradicar el comercio ilegal, o de fiscalizar más intensamente el cumplimiento de las leyes y ordenanzas, o de la importancia de la seguridad y del combate a la conducta delictual, del aseo y ornato de la comuna y la urgencia de poner coto al problema de los ruidos molestos. Y otro tanto se puede decir de la necesidad de contar con mayor inversión privada y de generar empleos permanentes y de calidad.

Sin embargo, hay sectores de Valparaíso que consideran un "derecho" instalarse a vender en las calles, o escuchar música y tocar instrumentos con altoparlantes a toda hora en la vía pública, mientras se sataniza de antemano todo proyecto de inversión privada, especialmente en el ámbito inmobiliario y sigue habiendo grupos que cuestionan la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad para reprimir con dureza las diversas incivilidades que afectan la vida cotidiana de los vecinos.

Una pregunta que entonces vale la pena hacerse es saber si existe algún factor particular en Valparaíso que haya venido acrecentando la distancia entre lo conceptual y lo aceptable culturalmente a la hora de adoptar decisiones que mejoren la vida de los porteños.

Y sin ahondar demasiado en la respuesta, me parece que uno de esos posibles factores ha sido la conducta de mezclar la razón administrativa propia de la labor alcaldicia, con una razón adscrita a fines de otra índole que han terminado entorpeciendo la correcta labor municipal.

En efecto, un alcalde que en 2019 se sumó a deslegitimar a carabineros y que hizo suya una agenda a la que ha dedicado parte de sus horas de trabajo y de los recursos municipales, dictando ordenanzas -por ejemplo-, con el objeto de poner en ejecución el convenio 169 de la OIT, o que en nombre de la democratización de los espacios públicos alienta a parte de la población a instalarse en las calles y veredas pese a su carácter contraproducente, o que no obstante el déficit habitacional y la ausencia de desarrollo urbano termina generando un mal clima para la realización de proyectos inmobiliarios en la ciudad, claramente transgrede la racionalidad que debiese primar en un órgano cuya tarea es esencialmente administrativa y contamina dicha vocación administrativa con fines ajenos a la tarea municipal estimulando conductas disfuncionales para la buena marcha de la ciudad, profundizando una cultura que ha venido generando una distancia cada vez mayor con las normas que hacen posible la convivencia y acentuando aún más la distancia entre la plausibilidad conceptual de las soluciones que la ciudad requiere y la plausibilidad cultural para implementarlas, todo ello mientras se siguen postergando en el presente las prioridades de Valparaíso que requieren ser atendidas con premura.