Los incendios forestales, en efecto, están lejos

de ser un fenómeno reciente, pero hoy las condiciones que facilitan su propagación son muy distintas. Según datos de la ONU, en siete años estos siniestros serán un 14% más frecuentes e intensos, un 30% para el año

2050, y así cada vez peor".

Probablemente no hay un chileno adulto de la zona centro-sur de Chile que alguna vez no haya hecho o le hayan formulado la siguiente pregunta: ¿Y a ti, ¿dónde te encontró el terremoto?

Con esa sola interrogante, desprovista de fechas o mayor contexto, casi todos entendemos que se hace referencia a lo ocurrido esa madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando un sismo de magnitud 8.8 y posterior tsunami causaron la muerte de al menos 525 personas, destruyeron o dañaron severamente cerca de 220 mil viviendas, y generaron una crisis general del sistema de respuesta, obligando a correcciones estructurales en nuestra institucionalidad.

Este lunes 27 será otro aniversario de una tragedia que significó un antes y un después para los organismos a cargo de la prevención y reacción ante desastres. Hoy probablemente un viñamarino, un porteño o cualquier residente de zonas costeras sabrá reaccionar mejor ante cualquier sismo que no le permita mantenerse en pie. Asimismo, la promesa de la nueva institucionalidad surgida años después, que crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), anuncia más atribuciones y mejores herramientas para actuar sobre el territorio afectado.

Pero estas mejoras, que le permitirían por ejemplo a Senapred contar con una estructura orgánica reforzada, mayor presupuesto e instrumentos de gestión más modernos ¿están adaptadas a los escenarios que plantea el calentamiento global? ¿Estamos haciendo todo lo necesario para prevenir y contener las nuevas emergencias asociadas al cambio climático?

Al 27F se suman decenas de terremotos y tsunamis de diversas magnitudes a lo largo de nuestra historia, erupciones volcánicas (tenemos un centenar de volcanes activos), aluviones, lluvias estivales en el altiplano, "terremotos blancos" y, cómo no, incendios forestales en cada temporada de verano.

Varias de estas calamidades están relacionadas con el clima. Los incendios forestales, en efecto, están lejos de ser un fenómeno reciente, pero hoy las condiciones que facilitan su propagación son muy distintas. Según datos de la ONU, en siete años estos siniestros serán un 14% más frecuentes e intensos, un 30% para el año 2050, y así cada vez peor.

Para los mega incendios de 2017, tuve la posibilidad de presenciar desde un helicóptero a gran altura el arduo trabajo y despliegue de brigadistas y aeronaves contra decenas de focos simultáneos. Es en esas ocasiones en donde se puede apreciar la magnitud del desafío y lo exiguo de las capacidades humanas para hacerle frente. El aprendizaje es que la clave está en la planificación y la prevención, pues ni el más coordinado de los esfuerzos ni todas las capacidades de un país pueden detener la gigantesca voracidad de un incendio forestal desatado bajo condiciones que facilitan su propagación.

La experiencia nos indicaba que después de un invierno algo más lluvioso, este verano sería más complejo dado el mayor crecimiento de arbustos y pastizales que luego se secarían. ¿Se pudo hacer algo más? ¿O era imposible ante la combinación de ola de calor, más la negligencia o actuaciones dolosas de algunas personas? Ya vendrá el momento de las evaluaciones.

Al igual como el 27F -que a punta de trágicas lecciones generó un profundo cambio normativo e institucional- estos incendios que aún no terminan de controlarse nos demuestran que aún nos falta mucho camino por recorrer para prevenirlos de manera más adecuada.

La actual emergencia encontró en pleno proceso de rodaje al Senapred, el organismo que vino a reemplazar a la ONEMI. Esta institución se había anticipado solicitando más recursos para este verano, pero habrá que ver cuánto influyó este proceso de instalación en la vinculación y coordinación con otros estamentos en los distintos territorios.

El rol preventivo, fortalecido, oportuno y con recursos de un Senapred robusto y con atribuciones claras, será crucial para este Chile afectado por el calentamiento global, donde viven personas que aún sueldan metales al lado de pastizales secos, arrojan cigarrillos semi encendidos desde autos en movimiento, dejan fogatas o asados mal apagados en un bosque, o peor aún, simplemente queman bosques con una intencionalidad criminal.

Pero más allá de este proceso puntual de inevitable instalación, Chile debe avanzar hacia la construcción de territorios mas resilientes a los efectos del cambio climático, donde gobierno, comunidades, sector privado y academia trabajen en conjunto para organizar mejor la manera en que convivimos entre nosotros, en equilibrio con la naturaleza y el desarrollo de las actividades productivas. Es la forma en que este país de desastres puede incorporar en su hoja de ruta preventiva este (ya no tan) nuevo factor climático. 2

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No es plausible que, una vez más, los alumnos más vulnerables aprendan menos que sus pares más ricos. Es necesario diseñar políticas públicas que permitan ofrecer soluciones y enfrentar esta crisis inédita en conjunto con la sociedad civil, los privados y el Estado".

Es menester comenzar esta columna alabando los importantes avances que ha alcanzado nuestro sistema escolar y que se observan en indicadores, tales como su alta cobertura escolar que aumenta significativamente en la educación preescolar y en los primeros quintiles de ingresos.

Adicionalmente, Chile lidera en Latinoamérica en todas las áreas evaluadas por la prueba internacional PISA (Matemáticas, Lectura y Ciencias). Por su parte, las brechas en los resultados de la prueba Simce entre los estudiantes que provienen del 10% de menores ingresos con aquellos del 10% de mayores ingresos también se han reducido en la última década.

No obstante, se observa que luego de estos importantes avances, los resultados se han vuelto a estancar y la deserción ha aumentado significativamente, lo que claramente, luego de una serie de reformas educativas sin impactos relevantes y de la pandemia del COVID-19, nos inserta en un escenario aún más complejo.

Sin duda, la crisis provocada por la pandemia generó múltiples desafíos a los sistemas educativos del mundo, dado que se han acrecentado las brechas socioeducativas, ha aumentado la deserción escolar y, en algunos establecimientos, se ha registrado un empeoramiento significativo del bienestar socioemocional tanto de alumnos como docentes.

Primero, en Chile en el año 2020 se "alertó sobre el acrecentamiento de las brechas educativas tras el cierre de las escuelas y la transición a la educación a distancia, debido a la alta heterogeneidad de capacidades y recursos por parte de las familias y de las escuelas" (Centro de Estudios Mineduc, 2020).

Asimismo, el Banco Mundial en conjunto con el Mineduc afirmaron que los estudiantes del país que perdieron el 60% de clases presenciales aprendieron un 40% menos que en un año académico normal. Esto es aún más alarmante, porque el mismo estudio asevera que se incrementaron las brechas entre estudiantes del quintil más rico y los del quintil más pobre. Igualmente, los estudiantes de escuelas públicas que se mantuvieron cerradas por la pandemia presentaron una pérdida de 94%, es decir, tan solo aprendieron un 6% de lo esperado.

Segundo, recientemente, el Mineduc afirmó que en el año 2021 la deserción escolar superó los 40.000 estudiantes, cifra que aumentó significativamente al año siguiente, llegando a 50.529 niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Adicionalmente, el Mineduc también informó que el 40% de los estudiantes chilenos presentaron menos de un 85% de asistencia a clases, lo que claramente tiene un impacto sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tristemente es necesario mencionar que las reformas educativas impulsadas desde el 2010 en adelante -previo a la pandemia- no demostraron impactos positivos importantes, más bien estancaron su avance y las cuarentenas fueron la crónica de un desenlace conocido.

Tercero, la violencia escolar registrada luego del retorno presencial a clases alertó sobre el bienestar socioemocional de los estudiantes. Sin duda, este fenómeno tiene un impacto negativo sobre los dos temas antes analizados: el desarrollo de aprendizajes significativos y la deserción escolar, por tanto, urge dar respuestas desde las políticas públicas.

En este contexto, no es plausible que una vez más los estudiantes más vulnerables del país aprendan menos que sus pares más ricos, y menos aún que carguen con estos efectos a través de su trayectoria futura. Por tanto, es necesario diseñar políticas públicas que permitan ofrecer soluciones y enfrentar adecuadamente esta inédita crisis en conjunto con la sociedad civil, los privados y el Estado, donde prime la libertad y autonomía de las escuelas y el rol de los diversos actores de las comunidades educativas.

Esto, sin duda, requiere repensar algunas políticas educativas que presentan debilidades en su diseño institucional que terminan afectando la diversidad de proyectos educativos y sus respuestas pertinentes y coherentes con los territorios y sus particularidades. ¡¡Solo así se construirá mayor valor público!! 2

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