democracia representativa y de la separación de poderes, el debilitamiento de derechos como el derecho a la vida y la libertad de enseñanza, o el derecho a elegir el sistema de seguridad social. Una segunda ventaja consiste en que este nuevo proceso comienza con el trabajo de un órgano técnico, la Comisión Experta, Y por eso quienes la conformamos debemos ser especialmente cuidadosos en trabajar con criterios técnicos, alejados de componendas o acuerdos meramente políticos. La instancia política también existirá, pero estará radicada en el Consejo Constitucional. Y una tercera ventaja consiste en que varios de los miembros de la Comisión nos conocemos, algunos provenimos del mundo académico, y todos queremos lo mejor para la patria. Este será el mejor antídoto frente al populismo, a la polarización y a la tentación de caer en un funcionamiento más propio de un órgano político que técnico.

- ¿Qué piensa sobre la noción de un Estado social de derechos? ¿Cómo podría ser incorporada en la nueva propuesta?

- Es parte de los principios fundamentales que deberá contener el texto. Así está definido en el artículo 154 de la Constitución. Evaluaremos cuáles son las mejores vías para con la acción del Estado y de los privados pueda desarrollarse un estado social moderno, que tenga como eje a las personas, a las familias y sus necesidades, teniendo claro que al final lo importante es atenderlas con eficacia y calidad, sin caer en dogmas o lugares comunes "estatistas" ni "privatistas", y que, por ende, se dé cabida a la participación pública y privada en su provisión.

Espíritu de colaboración

- ¿De qué forma se va a articular el trabajo de la Comisión con el de los consejeros una vez que ustedes elaboren la propuesta?

- Creo que en esta materia la clave está en el espíritu de colaboración y de amistad que seguramente imperará en la Comisión, y que todos asumamos que somos un órgano técnico, del que se espera rigor y trabajo basado en conocimientos y evidencia, y que cuenta con un escaso plazo para cumplir la tarea que se nos ha encomendado.

- Usted es una de los integrantes de la Comisión experta que viene de regiones. ¿Qué tan importante debe ser la descentralización en la propuesta que ustedes van a elaborar y cómo se aborda?

- Para mí es un orgullo ser de regiones (soy maulina). De alguna manera me siento representante de las regiones en este órgano y representante también de las mujeres de Chile. En esas dos calidades mi presencia en la Comisión pretende ser un aporte a una visión de Chile que estaría incompleta si no considerase las inquietudes de las regiones y si no considerase también el aporte que las mujeres debemos seguir haciendo a la construcción de un sistema constitucional moderno, con amplia legitimidad democrática, y que refleje y respete nuestra tradición constitucional. En lo relativo a la descentralización, habrá una subcomisión en que, sin duda, se abordará este trascendental tema. Estoy segura de que con mis colegas podremos hacer una propuesta sensata y técnicamente sostenible.

"el plazo es corto"

- ¿Le parece adecuado el plazo que se les asignó para construir el texto? Y sobre eso mismo, ¿piensa que deben entregar un documento extenso o, más bien, uno que establezca lineamientos generales?

- Sin duda, el plazo es corto. Sin embargo, no debemos olvidar que no elaboraremos un texto a partir de la nada, de una hoja blanco, sino que partiendo de las doce bases fundamentales del artículo 154. Asimismo, y como lo demostró el resultado del plebiscito de septiembre pasado, la gente no quiere experimentos, ni que se borre nuestra tradición constitucional, ni que la Constitución se transforme en un programa político de algún sector o partido. Con esos elementos, sumados a los conocimientos y experiencia de los miembros de la Comisión, no me cabe duda de que lograremos cumplir con nuestra tarea de redactar el anteproyecto dentro del plazo que se ha fijado, y que el texto que prepararemos será sobrio, pero acorde a las necesidades del Chile de hoy.

- ¿Cómo se evalúa, desde su punto de vista, el éxito o no de este nuevo proceso que ahora se inicia? ¿Hay un "umbral electoral" en términos de votos para que el texto pueda considerarse "validado" por los ciudadanos?

- No me atrevo a hablar de éxito o no. Me atrevo a trabajar rigurosamente por una propuesta que nos una y que sirva al país. Lo demás es decisión de la ciudadanía y ellos tienen siempre la última palabra. No obstante, si consideramos el universo de participación del plebiscito de octubre y su resultado, me parece que si esta vez el texto se aprobase por esos porcentajes, sería estupendo.

"La gente no quiere experimentos, ni que se borre nuestra tradición constitucional, ni que la Constitución se transforme en un programa político de algún sector o partido".

Últimamente, distintas voces han puesto en duda aspectos de la legitimidad del nuevo proceso constitucional que ahora se inicia. La mirada se ha puesto en el control que ejercen los partidos, en que el Acuerdo por Chile limita demasiado al poder constituyente, en que los expertos son designados y no todos serían académicos, en que algunos postulantes al Consejo parecen sacados de libros de historia y en que la ciudadanía ya no tendría interés en el proceso.

Es cierto que el diseño actual tiene algo de coreografía postraumática en el sentido que establece bordes para evitar excesos y pretensiones refundacionales conocidas en el proceso anterior. Pero esto solo deja en claro que el nuevo foro político no tendrá un poder constituyente originario como el que se arrogó la Convención, sino uno derivado del marco institucional actual. Por otro lado, las encuestas muestran que la nueva Constitución no está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, sí está la seguridad, una garantía constitucional básica, y también temas como salud, educación y pensiones, que son el núcleo de los derechos sociales. Es decir, aunque a primera vista no se advierta, el proceso constitucional se internará en las inquietudes ciudadanas inmediatas.

Para el éxito del proceso, sin embargo, es clave que este tenga cercanía con las personas. Para ello tienen que existir mecanismos de participación tanto en el origen del orden constitucional como en su ejercicio y resultados. Esto son componentes fundamentales de la legitimidad. La legitimidad de origen apunta al proceso democrático en el cual ese orden surge. La Constitución de 1925 pudo tener baja legitimidad de origen por la intervención militar y su redacción por un grupo designado, pero en las décadas de su ejercicio se legitimó en base a una continua ampliación de derechos (voto femenino, de no videntes, de personas que no saben leer o escribir, cédula única, entre otros) y la creación de una estatalidad adecuada a la modernización de Chile. La Constitución de 1980 careció de legitimidad de origen, nunca dejó de ser "la Constitución de Pinochet", y eso se impuso sobre su ejercicio y resultados hasta hoy.

Para la legitimidad de origen del proceso actual se requieren mecanismos de participación que permitan a la ciudadanía sentir que el diseño constitucional no es ajeno. El mejor momento de la Convención Constitucional fue cuando se abrió la posibilidad de presentar iniciativas populares de norma y votar por ellas. Y el peor comenzó cuando esas iniciativas se perdieron en las discusiones del pleno y nadie fue capaz de demostrar cómo y en qué medida se recogían en los artículos propuestos. La participación debe asegurarse de algún modo, así como también hay que ser claros ante la ciudadanía sobre los resultados de ella.

Para la legitimidad de ejercicio, en tanto, es preciso dejar de pensar solo en mecanismos de democracia directa como los plebiscitos. Estos pueden ser útiles a nivel local, pero su generalización a escala nacional afecta la representación democrática del sistema de partidos. Se requiere más bien de mecanismos de deliberación y coordinación social como mesas de diálogo, de negociación, foros ciudadanos o redes de política que aporten tanto a la gobernabilidad como al proceso legislativo y la implementación de políticas. Mecanismos de ese tipo hacen posible una participación descentralizada en temas de interés de cada grupo y ayudan a una legitimación incremental del orden constitucional.

Incluir tales formas de participación, tanto en el origen como en el ejercicio constitucional, no resuelve pero contribuye enormemente al compromiso de las personas con la Constitución y, con ello, a la legitimación del orden democrático. La cercanía de la ciudadanía debe asegurarse desde el inicio; de otro modo, se cobra constantemente. Un segundo fracaso ahora seguiría retrasando los cambios institucionales necesarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI, justamente aquellos que están entre las prioridades de la ciudadanía. En tal caso, sí estaríamos en un grave problema de legitimidad que daría fuerza a los impulsos autoritarios y populistas visibles desde hace algún tiempo.

Aldo Mascareño