Redacción

El presidente del Partido Liberal (PL) , Patricio Morales, presentó ayer en la mañana su renuncia al cargo luego del consejo ampliado de emergencia realizado por la colectividad y que se citó tras el último cambio de gabinete que dejó al conglomerado sin ministros.

El PL había salido damnificado el viernes, luego de la salida de Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El era el único representante del partido dentro de los ministros, pese a que el expresidente del partido, Luis Felipe Ramos, fue designado como subsecretario de Energía, y la excandidata a alcaldesa de Providencia, Verónica Pardo, fue designada como subsecretaria de Turismo.

"El partido tomó una decisión junto al consejo nacional", señaló Morales a La Tercera, y agregó que él lideró "una forma de relacionarnos con el gobierno y al parecer no rindió los frutos, no es la forma en la que el partido hoy día quiere relacionarse con el gobierno".

Asimismo, sostuvo no sentirse traicionado, pero que "por lo menos yo quería llevar adelante una relación distinta, quería llevar al Partido Liberal a tener una forma de relacionamiento con el gobierno de una complicidad que al parecer no es posible construir y el partido tomó ahora una definición distinta".

Cabe mencionar que trascendió que Morales tuvo una pelea el viernes con el presidente Gabriel Boric luego que el mandatario hiciera el cambio de gabinete, motivo por el cual el ahora ex presidente del PL no se quedó en La Moneda para la ceremonia de juramento.

Humillación

En tanto, Juan Carlos Urzúa, quien estará a cargo de la presidencia del Partido Liberal de manera interina, señaló que Morales "representa una tesis (de ser incondicionales) que nos significó tener como premio quedar fuera".

A su vez, afirmó que con esta decisión "el ADN del partido no cambia y la forma en que hacemos la política no cambia, sí el tono tiene que cambiar porque de algún modo expreso la molestia, la humillación de la militancia, porque el premio de la lealtad ha sido quedar fuera".

No obstante, Urzúa fue categórico al señalar que su partido es "parte del gobierno y eso no cambia".

El nuevo timonel agregó que una de las primeras gestiones será reunirse con los diputados de su partido ya que "la bancada está muy incendiada, tiene un momento donde se siente pasada a llevar", por lo que intentará "alinear y administrar este dolor y esta humillación".

El presidente de la Cámara de Diputados, y militante del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, llegó hasta la sede del PL, donde sostuvo que Morales ha sido "un gran dirigente de estas ideas liberales e igualitarias y es doloroso para el partido, pero es una decisión que tomó el consejo".

El Partido Radical, fue otro de los conglomerados que expresó su molestia por la forma en que se movieron las piezas en La Moneda. Como no sumaron ningún nombre nuevo al comité de ministros -pese a que mantuvieron a Marcela Hernando como ministra de Minería- el timonel de la tienda, Leonardo Cubillos, dijo: "Nos encontramos analizando y reflexionando las decisiones que adoptaremos a partir de la señal política enviada por el Gobierno. No se escuchó nuestra solicitud de mayor incidencia para mayor pertenencia", citó Emol. "Llegó el término de la fraternidad radical y comienza el tiempo de la dignidad radical", agregó.

El Ministerio de Salud (Minsal) reportó ayer un significativo aumento en los casos nuevos de covid-19 en todo el país de un 32,7% en la última semana, mientras que en las últimas dos, hubo un incremento de 62,2%.

Además, solo una región redujo sus casos en los últimos siete días y otra lo ha hecho en los últimos 14 días.

De acuerdo al informe de casos entregado por el Minsal, Chile registra 3.661 nuevos contagios, con una tasa de positividad de 13,81% en las últimas 24 horas a nivel de todo el territorio, con 19.725 exámenes, PCR y pruebas de antígenos. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,23%.

Según los datos estudiados, las regiones con más positividad en la última semana son Antofagasta, O'Higgins, Biobío y Los Lagos. En tanto, la Región de Atacama presenta la mayor tasa de incidencia actual por cada 100.000 habitantes, seguida de Aysén, Los Ríos y Ñuble.

Asimismo, de los 3.661 nuevos casos de covid-19, 2.571 corresponden a personas sintomáticas y 200 no presentan síntomas. Además, se registraron 890 pruebas PCR positivas que no fueron notificadas.

El total de personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en el país, corresponde a 5.199.779. Del total, 10.821 pacientes se encuentran en etapa activa, mientras que los casos recuperados son 5.102.762.

Fallecidos

En cuanto a las defunciones, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 16 defunciones por causas asociadas al virus. El total de muertos en el país desde el inicio de la pandemia es de 64.301 personas.

Finalmente, 87 pacientes se encuentran hospitalizados en UCIs, de ellas, 62 estaban con ventilación mecánica.

El reloj ha comenzado a correr para los 24 comisionados que integran la Comisión Experta, quienes deberán elaborar en un plazo de tres meses el anteproyecto de propuesta de nueva Constitución.

Como se sabe, la propuesta que se someta a plebiscito deberá contener, al menos, las bases institucionales y fundamentales establecidas en el artículo 154 de la Constitución, dentro de la cual se encuentra aquella que señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.

Si bien la Subcomisión de principios, derechos civiles y políticos deberá establecer este principio, su desarrollo estará a cargo de la Subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales quienes deberán establecer los contornos, contenido y límites del Estado social en Chile.

Su primera teorización y consagración constitucional se produce en Alemania en la Ley Fundamental de Bon de 1949, sin embargo, en la actualidad se encuentra extendida en varios países en los cuales ha adoptado formas y denominaciones diversas (Estado social o de bienestar, welfare state, État providence).

El Estado deja de ser un mero legislador o regulador para convertirse en un Estado gestor/prestador, de cuya constante actuación precisa la sociedad para su buen funcionamiento. En otros términos, se impone al Estado el deber de preocuparse y ocuparse por el bienestar de la colectividad.

Así, la consagración de un Estado social y democrático de derecho supone que los poderes públicos asumen una posición activa frente a la prestación de derechos, rol que fundamentalmente deberá enfrentar la Administración del Estado, lo cual tendrá como consecuencia su imparable crecimiento tanto en sentido orgánico como funcional.

Ahora bien, en la práctica se advierte como la tendencia en nuestro país ha estado marcada por esta idea, a través de paulatinas manifestaciones, como las mejoras legales a nivel de salud (AUGE), pensiones (PGU) y educación, o las sentencias que han impuesto el deber de financiar medicamentos de alto costo.

El desafío que plantea esta declaración no es menor. Deberán determinarse los derechos sociales que integrarán el catálogo (educación, seguridad social, salud, vivienda digna, etc.), además, deberá promoverse su desarrollo progresivo y sin discriminación, a partir de una base mínima hasta su plena realización, lo cual no puede quedar sujeto a la disponibilidad de recurso, aunque se establece que se deberá considerar el principio de responsabilidad fiscal.

Atendida la magnitud de esta obligación, se ha reconocido que la prestación se podrá concretar a través de instituciones estatales y privadas, lo cual permite dar cabida a la subsidiariedad y a la intervención de entidades 100% privadas.

Es de esperar que se establezca un equilibrio en el logro de este cometido, por cuanto la colaboración público-privada puede ser de significativa relevancia para para alcanzar prestaciones sociales mínimas, así como para asegurar su progresión.

"La propuesta que se someta a plebiscito deberá contener, al menos, las bases institucionales y fundamentales establecidas en el artículo 154 de la Constitución, dentro de la cual se encuentra aquella que señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales".