La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió ayer una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

"Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el "territorio ocupado de Ucrania", señaló la CPI, que considera que hay "motivos razonables" para creer que Putin tiene "responsabilidad penal individual" por el crimen de guerra que representa la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros", o por "no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva", según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

"Jurídicamente nula"

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, identificó, en su petición de orden de detención de Putin, la deportación a Rusia de "al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil" ucranianos, en el contexto de los "actos de agresión" del Ejército ruso a Ucrania.

Khan alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas "demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país", un acto ilegal porque estos menores ucranianos "eran personas protegidas" en virtud de los Convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario.

Rusia, sin embargo, calificó como "jurídicamente nula" la orden de arresto contra Putin emitida por la CPI.

"Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárova, portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia, en su canal de Telegram.

La diplomática indicó que su país "no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", por lo que, al respecto, "no tiene obligaciones".

En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible. Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho".

El jefe de la Duma o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró que "cualquier ataque" contra Putin, es considerado una "agresión" contra el país.

Mientras la ONU evitó comentar la medida, ministros de Estado de Ucrania, de Alemania, entre otras naciones, aplaudieron la orden de la CPI y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que "no puede haber impunidad".

Estados Unidos, a su turno, subrayó desde el Consejo de Seguridad Nacional que "el fiscal de la CPI es un actor independiente y toma sus propias decisiones en base a las pruebas ante él. Apoyamos la rendición de cuentas por parte de los perpetradores de crímenes de guerra".

Contra alto al fuego

Estas novedades se dan a poco de que se concrete la reunión fijada para este lunes entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, en Moscú.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo ayer que Estados Unidos tiene "profundas preocupaciones" sobre algunos de los temas que podrían tratar Xi y Putin.

En concreto, le preocupa la propuesta china de un alto al fuego en la guerra, algo que en opinión de Washington sólo serviría para que Rusia consolide los avances en el campo de batalla.

"Desde luego que no apoyamos ninguna petición de China a un alto al fuego durante esa reunión en Moscú, porque sólo beneficiaría a Rusia", dijo Kirby y llamó a Xi a que se comunique con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció por teléfono al primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, que su Gobierno haya aprobado la entrega a Kiev de 13 aviones de combate MiG de fabricación soviética. "¡Nuestros acuerdos de Bruselas funcionan!", escribió Zelenski sobre el compromiso auspiciado por la Unión Europea (UE) por el que varios países del bloque se comprometen a proveer de más armamento y munición a Ucrania para proteger sus pueblos y ciudades y repeler la invasión rusa de su territorio. Paralelamente el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, criticó la decisión del gobierno de su país de enviar helicópteros a Ucrania.

El expresidente peruano Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre al sentir que iba a ser destituido horas después por el Congreso y como una "última carta" cuando ya "había perdido la partida", aseguró su abogado Wilfredo Robles.

"En la última ocasión que tuvo, porque el presidente Pedro Castillo se sentía seguro que (el Congreso) sí tenía los votos para vacarlo (destituirlo). No es cierto esa narrativa de que '¿por qué hizo esto si no existían los votos suficientes?'", dijo Robles en una entrevista con agencia Efe.

El letrado reconoce que el expresidente anunció el cierre del Congreso sin que le hubiera negado dos veces la confianza, tal y como establece la Constitución -razón por la que la orden dictada por el entonces mandatario es calificada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado-, pero considera "preocupante" la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Su mensaje del 7 de diciembre, sostiene el abogado, "carecía de cualquier efecto", porque no había sido aprobado en ningún Consejo de Ministros ni publicado en el diario oficial El Peruano, la fórmula habitual para cualquier acto legal en el país andino, pese a que, como sostiene la acusación, sus órdenes eran inconstitucionales al constituir un intento de autogolpe.

"Era un acto ineficaz, carente de toda formalidad y de imposible ejecución", insiste Robles, quien estuvo preso 11 años por terrorismo y luego -asegura- fue absuelto. Entonces, ¿por qué lo hizo? "Fue un acto político, un acto de reivindicación de cuestiones que le exigía la población".

A juicio de Robles, Castillo vive "en condiciones opresivas y de venganza" en el penal donde cumple prisión preventiva desde diciembre por su fallido autogolpe, un caso en el que la Justicia está "aplicando una consigna política" en alianza con el Congreso y la Fiscalía.

El Ministerio Público de Perú solicitó ayer al Poder Judicial la expropiación y que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su entorno familiar, cuya extradición ya fue aprobada por Estados Unidos para ser juzgado por el caso Odebrecht. Desde California, donde ha residido los últimos años, Toledo está pendiente de que resuelva un recurso de apelación que interpuso contra la extradición aprobada el 23 de febrero pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para responder ante la Justicia peruana por presuntos delitos de corrupción.