Sebastián Mejías O.

Con el voto en contra del edil de la DC, René Lues, y la abstención de Jorge Martínez (UDI), el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó, por amplia mayoría pero con una serie de reparos, un trato directo por más de $168 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), con el objetivo de elaborar un plan maestro que permita la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Vivienda, para que el estero pueda convertirse en un parque urbano.

Fueron varios los ediles -algunos en conversación con este medio- que plantearon la semana pasada, luego de una tensa discusión en el Concejo, sus reparos contra la idea que la alcaldesa tiene para el Marga Marga. Pablo González (PC), Nicolás López (PC), Alejandro Aguilera (CS) y Sandro Puebla (Ind.-PS), que integran partidos cercanos a las ideas de la alcaldesa, manifestaron dudas relacionadas al trato directo con la PUCV, a lo poco prioritario del proyecto y a la incertidumbre de que, finalmente, no se consigan los $5 mil millones del Minvu.

El propio Alejandro Aguilera reconoció ayer, en Concejo, tener dudas respecto a que "las condiciones para un trato directo no se satisfacen" y a la poca "seguridad política de que los $5 mil millones del Minvu se puedan materializar para una propuesta de esta envergadura".

Propuso, de hecho, que el Concejo se dé un nuevo año de trabajo "para volver a discutir el tema".

"No significa decirle no al proyecto, en ningún caso, sino darnos el tiempo para ver si esto es lo más urgente", advirtió.

Defensa de la alcaldesa

Frente a las dudas que Aguilera puso sobre la mesa, la alcaldesa tomó inmediatamente la palabra para defender, a través de un elaborado discurso ecologista, la necesidad de aprobar este trato directo con la PUCV.

Lo primero que hizo fue hablar del riesgo del dejar el Marga Marga como está y que "se manejan cartas de inundación que vienen desde hace décadas y que ponen en peligro la vida de las personas".

De ahí su necesidad "inmediata de generar este tipo de espacios de inversión verdes, que tienen la capacidad de amortiguar el riesgo de tsunami y absorber el CO2".

Alcaldesa pide disculpas

Ripamonti también se disculpó frente a los concejales por su escasa incidencia en el desarrollo de esta iniciativa, que fue una de las críticas que se plantearon. Hace apenas dos semanas se socializó esta idea con el Concejo, reclamó Jorge Martínez.

"Quiero pedirles disculpas", se sinceró la alcaldesa con todos ellos, asegurando que "comprende y empatiza con la idea de que necesitan mayor información y que muchas veces no manejan los datos como quisieran".

proyecto genera dudas

Por su parte, el concejal René Lues (DC), quien fue el único voto de rechazo a la iniciativa, se justificó indicando "que esta prioridad deja fuera, en la práctica, a otros parques importantes, como el de Reñaca o el de Gómez Carreño".

Además, cree que "las razones para un contrato directo no se justifican bajo ningún aspecto". Tampoco está convencido de que, luego de este trato, "se pueda llegar con un proyecto listo el 16 de mayo y postular por el financiamiento del Minvu".

"Volvamos a discutirlo (...) no significa decirle no al proyecto, sino ver si es lo más urgente hoy en día".

Alejandro Aguilera, Concejal (CS)

"Las razones para un contrato directo no se justifican bajo ningún aspecto".

René Lues, Concejal (DC)

"Es necesario generar este tipo de espacios de inversión verdes que amortiguan el riesgo de tsunami y absorben el CO2".

Macarena Ripamonti, Alcaldesa (RD)

Una docena de dirigentes de los funcionarios de Gendarmería de la Región de Valparaíso efectuaron una manifestación de protesta denunciando maltrato y acoso laboral, por lo que exigen mayor celeridad en la resolución de varios sumarios pendientes

Los manifestantes llegaron hasta la Dirección Regional de Gendarmería, en Valparaíso, donde pegaron carteles alusivos a la protesta, tras lo cual el presidente provincial Marga Marga de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Mario Brito, detalló que la principal queja es que "los procesos se demoran demasiado, hasta 4 meses, y en el intertanto las víctimas siguen compartiendo lugar de trabajo con el victimario. Nosotros pedimos que si hay que sancionar a alguien lo sancionen, pero que no sigan demorando tanto".

A través de un comunicado, respaldado por organizaciones de trabajadores como la CUT y la ANEF, denunciaron "falta grave del principio de rapidez, que implica que la naturaleza de este procedimiento obliga a que se trabaje con la mayor celeridad, evitando la burocratización de los procesos, en consideración a que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del grado de culpabilidad, menoscabando muchas veces los fines correctivos para los maltratadores y justicia reparadora para las(os) denunciantes y víctimas que en derecho se persigue".

Frente a ello, solicitan que el Ministerio de Justicia "se haga cargo de investigar las denuncias y lleve adelante los procesos con la rapidez que la ley ordena".

La seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, se reunió con los dirigentes, tras lo cual, consultada sobre la petición, la descartó argumentando que "el ordenamiento jurídico y, especialmente el derecho administrativo, señala que cada servicio es el responsable de llevar a cabo las investigaciones y de aplicar, en el caso que corresponda, las sanciones que estime pertinente el jefe de servicio".

Este Diario consultó a la Dirección de Gendarmería sobre las denuncias, pero no emitieron declaraciones.

"Los procesos se demoran demasiado, y las víctimas siguen compartiendo lugar de trabajo con el victimario".

Mario Brito, Presidente provincial Marga Marga de la Anfup

La Municipalidad de Viña del Mar solicitó la ampliación de la querella presentada a comienzos de enero de este año en el Juzgado de Garantía local en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de estafa, por hechos relativos al servicio denominado "Suministro, Provisión y Ejecución Show Año Nuevo en el Mar año 2023 para la comuna de Viña del Mar", que debía ser prestado por la empresa Piromar SpA en Unión Temporal de Proveedores (UTP) con Pirotecnia SpA.

El objetivo de la acción judicial es investigar eventuales responsabilidades e inició de un sumario administrativo interno con el propósito de recabar antecedentes que permitan poner en conocimiento de la Justicia la problemática que se originó con el cobro de la boleta de garantía y la ejecución del contrato.

Una de las razones que fundamentan la querella presentada en enero fue que las empresas en cuestión pretendían utilizar, a sabiendas desde antes de la suscripción del contrato con el municipio, elementos pirotécnicos que no cumplían con los requerimientos técnicos, entregando información desajustada a la realidad en el marco del proceso de licitación para lograr su adjudicación.

En la acción penal, el municipio sostiene que la cancelación del espectáculo de fuegos artificiales "provocó un detrimento grave y efectivo en el patrimonio de nuestra comunidad, en particular del gremio hotelero y comerciante, que superaría los 35 millones de dólares".

Durante la jornada de ayer asumió de manera oficial el nuevo director regional del Serviu, Rodrigo Uribe (PS). La autoridad se reunió con la seremi Minvu, Belén Paredes, a objeto de adoptar las primeras directrices en el trabajo que deberán implementar en conjunto ambos servicios. Entre las prioridades se cuenta el desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional y proyectos emblemáticos que se ejecutan en la región de Valparaíso, algunos de ellos con importante retraso como Parque Barón y el mejoramiento del borde costero Concón-Reñaca. Cabe consignar que la figura de Uribe ha sido resistida entre algunos sectores del Frente Amplio, por su cercanía con el exalcalde Viñambres y su anterior paso por el Minvu.