Sebastián Mejías O.

Aunque hay sectores que respaldan irrestrictamente el desempeño de la delegada presidencial regional, Sofía González, en materia de seguridad y hasta valoran sus esfuerzos para minimizar el impacto del narcofuneral del martes pasado, en estos días, en que se busca a los responsables de esta nueva crisis para el Gobierno, tanto ella como la seremi de Educación, Romina Maragaño, aparecen en el foco de las críticas internas del oficialismo.

Desde el PPD -que es un partido que integra pero a la vez tiene una postura crítica de las diferentes decisiones que se toman-, su secretario regional, el core Manuel Murillo, considera que "si como región quedamos sometidos a la delincuencia y el narcotráfico, fue por las malas señales que dio el Gobierno".

De ahí que advierta que "si la delegada no tiene las capacidades de poder entender y enfrentar la grave crisis de seguridad que padecen nuestras comunas, lo mejor es que se aleje del cargo".

En tanto, el vicepresidente nacional del PPD y candidato al Consejo Constitucional por la región, Marco Antonio Núñez, dejó claro que "la responsabilidad más importante respecto del orden público y la seguridad ciudadana le corresponde a la delegada presidencial y es Apruebo Dignidad la coalición que la sostiene".

Comentó que es necesario "que todos los candidatos nos pronunciemos respecto a ser tajantes contra el narcotráfico y particularmente los candidatos de Apruebo Dignidad". Agregó que "la lista del PPD es garante de ser firmes en la persecución del narcotráfico y eficientes en generar condiciones para garantizar el orden".

Falta coordinación

Tomás Lagomarsino, diputado del Partido Radical, lamentó que "la Delegación no haya logrado compatibilizar aún su rol político y su rol en materia de seguridad". Incluso a la delegada la ve "fortalecida en la coordinación oficialista, pero todavía no ha logrado compatibilizarlo como se debe con el rol de coordinación de las policías".

Mientras, en el Partido Liberal, su presidente regional, Sebastián Tobar, indicó que "faltó mayor coordinación entre todas las autoridades", en un tema que, advierte, "generó miedo en la comunidad educativa y no contribuye a transmitir tranquilidad".

Bajo su lógica, se necesita "una coordinación efectiva con las autoridades de Gobierno responsables de estos asuntos" y espera que de ahora en más se "tomen medidas decisivas y efectivas para que esto no vuelva a pasar".

Respaldo del fa

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) está entre los que tienen "una buena evaluación del rol que cumple la delegada" y hasta cree que frente al narcofuneral "hubo una buena reacción por parte del Estado en su conjunto, con la coordinación de la Delegación, las policías y el municipio".

En tanto, Bernardo Álvarez, presidente regional de Comunes, asume el problema de la seguridad como "transversal" y reafirmó el apoyo de su partido a la gestión de la Delegada. Dice entender "la seguridad pública como un derecho y no como un tema para sacar réditos políticos o golpear al Gobierno".

Dudas desde cs

Más allá de estos apoyos a la delegada, desde Convergencia Social (CS) surgieron algunas dudas sobre su trabajo de coordinación y anticipación de la crisis de seguridad que se desató por el narcofuneral.

Según indicó la core Nataly Campusano (RD), "pudieron haber errores que las autoridades incumbentes deben salir a despejar y sanear".

Desde su punto de vista, "esto debe mejorar y se deben tomar todas las acciones y mecanismos necesarios que sean útiles".

Mejorar las señales

El core y representante regional en el Comité Central de Convergencia Social, Sebastián Farfán, dijo que se esperaría una "mayor anticipación a los posibles conflictos, porque no es correcto cederle espacios a delincuentes ni dar señales en ese sentido".

"Se está haciendo un gran trabajo por perseguir el narco, pero debe ir acompañado de mejores señales comunicacionales y anticipación a estos posibles conflictos".

Para Hernán Madariaga, que integra la directiva regional de CS, "desde la Delegación se hicieron las coordinaciones y esfuerzos para abordar de la mejor manera las afectaciones de este narcofuneral, pero a la luz de los resultados, nos queda claro que los esfuerzos fueron insuficientes".

Sobre las competencias de seguridad que tiene la delegada, la diputada y presidenta regional de Convergencia Social, Francisca Bello, sostuvo "que se activaron todos los protocolos, desde la coordinación hasta el despliegue de Carabineros y PDI". "Pero si hay un aspecto a mejorar", reconoció, es "comunicar de forma oportuna la activación de los protocolos para entregar calma y dominio de la situación hacia la ciudadanía por parte de la autoridad y esa es una deuda que debemos saldar".

Por eso anticipó que "se citara a una reunión desde la Delegación y la Seremi de Educación con los sostenedores de los establecimientos afectados para dialogar en torno a la prevención y el manejo de emergencias".

Críticas a maragaño

Desde el Partido Socialista (PS), su presidente regional, el diputado Nelson Venegas, además de respaldar "la buena gestión de la delegada, Sofía González", apuntó sus dardos contra la seremi de Educación, Romina Maragaño, "que cometió un error grave al suspender las clases y dar esa muy mala señal".

Para el legislador era entendible pedir más fuerza pública, pero "no lo que hizo ella, actuar al ritmo de los delincuentes". A su juicio, lo de Maragaño fue "sencillamente un error y un fracaso".

Otro parlamentario que considera "injusto atacar a la delegada" es el también PS Tomás de Rementería, quien tuvo duras palabras para la seremi Maragaño.

"Ella ha tenido una ausencia especial y ahí hay que poner el ojo de toda esta situación que se está generando", advirtió.

"Si la delegada no tiene las capacidades de poder entender y enfrentar la grave crisis de seguridad, lo mejor es que se aleje del cargo".

Manuel Murillo, Secretario regional del PPD

"Pudieron haber errores que las autoridades incumbentes deben salir a despejar y sanear".

Nataly Campusano, Core (CS)

"La seremi de Educación cometió un error grave al suspender las clases y dar esa muy mala señal (...), es actuar al ritmo de los delincuentes".

Nelson Venegas, Diputado (PS)

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El candidato al Consejo Constitucional por la Región de Valparaíso, Edmundo Eluchans, lamentó el Informe contra la Droga y el Delito que la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Chile reveló, apuntando al puerto de San Antonio como un punto neurálgico para el traslado ilegal de sustancias ilícitas.

"Nuestra región posee los dos puertos marítimos más importantes de nuestro país: San Antonio y Valparaíso, los cuales sumados al Puerto Terrestre de Los Andes concentran más del 40% de nuestro comercio internacional. Lamentablemente, nuestros puertos no cuentan con la tecnología necesaria para realizar un completo escaneo efectivo y eficiente a los contenedores que ingresan con droga a nuestro país", indicó el candidato por el pacto Chile Seguro.

Según señala el documento, nuestra frontera es fuertemente requerida en el proceso de tráfico de sustancias ilícitas. En el caso chileno destaca tanto el desierto en la zona norte como el puerto de San Antonio, el cual se convirtió en un epicentro del tráfico, moviendo cargamentos hasta Panamá, México e incluso Europa.

Poca eficiencia

"No puede ser posible que en pleno 2023 nuestros puertos aún no puedan fiscalizar de forma eficiente ni se hayan subido al carro de la transformación tecnológica en seguridad", agregó, comparando los protocolos tecnológicos de seguridad de un aeropuerto con los de los puertos en cuestión.

"Para enfrentar el crecimiento del narco y la crisis de seguridad propongo con la máxima urgencia posible, un plan de transformación tecnológica para combatir al narco a través de pórticos de escaneo", propuso el candidato por la Región de Valparaíso al Consejo Constitucional. "Una mayor seguridad portuaria exige una ambiciosa modernización de los puertos de nuestra región", puntualizó.