Redacción

El desalojo ejecutado el jueves del edificio Shakira Tower del barrio Meiggs fue sólo el comienzo de una política que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, pretende extender al resto de su comuna. Y no sólo dicho territorio está sometido a este tipo de acciones pues ayer se ejecutó también un desalojo masivo en Talca para terminar con ocupaciones de las mismas características.

Fueron 11 los departamentos desalojados el miércoles, pero la jefa municipal, militante del Partido Comunista, anunció que seguirán con este tipo de medidas: "Vamos a seguir trabajando para recuperar nuestros barrios para las personas. Y es en ese camino que estamos trabajando en la mesa jurídico-policial de Santiago en la recuperación de casas tomadas".

"Ya denunciamos 85 casas tomadas en la Fiscalía y llevamos distintas sesiones de trabajo justamente para recuperar esas casas tomadas, para decretar la inhabilidad o desalojos necesarios junto a la dirección de obra cuando corresponde y enfrentar especialmente la comisión de delitos", añadió.

Para ello han denunciado la comisión de acciones ilícitas de los ocupantes ilegales, una estrategia alternativa a la que ha desarrollado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con objetivos similares, pero método diferente, pues en el caso de la comuna de la zona suroriente de la Región Metropolitana recurre a la ley de urbanismo y construcción para demoler viviendas con ampliaciones irregulares que según su versión son usadas para el supuesto tráfico de drogas.

La alcaldesa Hassler detalló que "en el Shakira Tower se pudo proceder por delitos como la tenencia de armas y narcotráfico" y calificó la intervención como "una muestra del compromiso que tenemos como Municipalidad de Santiago con la seguridad pública desde las distintas instituciones".

Operativo en Talca

Una situación similar se produjo ayer en Talca, donde la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló un operativo de desalojo de ciudadanos extranjeros que se habían tomado por la fuerza 12 departamentos de Villa Las Américas.

Según informó el fiscal Héctor de la Fuente, el procedimiento permitió la detención de 16 personas: cinco de nacionalidad haitiana y 11 venezolanos. Uno de estos últimos tendría orden de expulsión vigente.

Francisco Frei Ruiz-Tagle fue condenado a una pena de cinco años de cárcel y a pagar una multa de 100 UTM (5.553.700 pesos al valor de marzo) por una serie de delitos económicos. En juicio abreviado se le acreditaron los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso y delito de la ley de almacenes generales de depósito. De todas formas, el imputado cumplirá la pena en libertad vigilada después de haber aceptado los cargos el pasado 15 de marzo, llegando a un acuerdo con Fiscalía. El caso se remonta al 16 de agosto de 2019, cuando el acusado se autodenunció por presuntas irregularidades financieras a través de la empresa Inversiones Saturno S.A., propiedad de su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entonces, el menor de los Frei Ruiz-Tagle confesó haber suplantado firmas de su hermano para pedir millonarios préstamos a la banca y otras instituciones financieras que iban a parar a sus negocios personales. Posteriormente, el exmandatario presentó una querella en contra de Francisco y lo acusó de robar $1.500 millones de las cuentas de Saturno S.A.