La crisis de seguridad tiene su epicentro aquí, en Valparaíso. Así los demuestran los hechos, los trágicos hechos. El desafiante narco funeral que obliga a suspender clases en varios colegios, verdadera extorsión a la ciudad; el brutal homicidio de dos comerciantes en Puchuncaví; y, recién, el asesinato de una suboficial de Carabineros que participaba en un operativo ante el asalto a un domicilio, en El Belloto. La víctima es Rita Olivares Raio, de 43 años, con 21 en Carabineros, meritoria en su función, y con hijos de 12 y 15 años. Hay detenidos y un vehículo incautado. Al menos uno de los implicados tiene antecedentes. Huyó de la Cárcel de Valparaíso en 2021 junto a otros delincuentes.

La funcionaria policial fallecida, en medio de los disparos que realizaron los delincuentes al ser sorprendidos, recibió un tiro en la cabeza, disparo letal, pues conducida al Hospital de Quilpué se constató su fallecimiento.

Tras los hechos numerosas expresiones de condolencia, condena del homicidio, presentación de querellas y anuncios de persecuciones implacables. Declaraciones de todos lados, partiendo del Presidente de la República Gabriel Boric y de la vicepresidenta Carolina Tohá. El caso de la suboficial de Carabineros no es nuevo. Lamentablemente es la reiteración de otras agresiones en las cuales los policías han perdido la vida en circunstancias en que cumplían su deber de servicio a la seguridad de la sociedad, de las personas y sus bienes.

La seguridad, un bien perdido. Una crisis de alcance general que afecta, como se comprueba en los hechos, a quienes deben cautelar ese bien.

Y en esa tarea de protección las policías, en este caso Carabineros, están en desventaja.

La delincuencia tiene alto poder de fuego con armas de probada letalidad. En el asesinato de la suboficial Olivares se dispararon decenas de tiros. También están en desventaja legal, pues su facultad de reacción carece de un efectivo respaldo. La reacción policial está en permanente entredicho y muchos sectores políticos satanizan la actuación de los carabineros, lo cual puede limitar la importante tarea de los efectivos, especialmente en materia de orden público. Cuando, tras la muerte de otro funcionario policial el general director de Carabineros Ricardo Yáñez, hizo presente la urgencia de un mayor respaldo parlamentario a la institución, fue fuertemente criticado desde algunos sectores políticos e incluso citado tras sus expresiones por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. El caso de ayer no puede ser un número más. Hay una brutal violación a los derechos humanos - el derecho a la vida- de una mujer, de una madre, de una trabajadora que se entregó en defensa de ese bien superior que es la seguridad. Ese sacrificio exige respaldo efectivo a Carabineros, dejando de lado esas consignas que matan tanto como las balas.

El reciente asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares por parte de cobardes delincuentes, en medio de un procedimiento policial en Quilpué, da cuenta de la profunda inseguridad en que está inmersa la región, pero lo peor es que la delincuencia va en aumento.

El año 2022, durante la gestión del Presidente Boric, los índices de la delincuencia subieron sustantivamente en Valparaíso: los homicidios un 66%, los robos con violencia un 77%, los robos con fuerza un 74%, las lesiones un 27% y las violaciones también aumentaron respecto al 2021. En síntesis, el 2022 fue un año para el olvido en la región. Lamentablemente, ya en el primer trimestre de este 2023 las cifras y los hechos recientes son desoladores. Todos los delitos ya descritos tienen aumento con respecto a la ya abultada cifra del 2022: homicidios un 5% más, robos con violencia un 13%, robos con fuerza un 33%, la lesiones un 5% y las violaciones al alza.

A esto se suma que de los diez proyectos más relevantes para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, cinco no tienen urgencia alguna de parte del actual Gobierno: el que crea la Defensoría de las Víctimas de los Delitos lleva tramitándose 805 días y hoy está absolutamente durmiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara; la ley Sargento Retamal para resguardar a Carabineros en el ejercicio de sus funciones no tiene prioridad por el Presidente Boric; el que regula y fortalece la seguridad privada, 4.977 días tramitándose hoy sin avance; el que moderniza a Carabineros de Chile, 460 días en el Congreso, sin urgencia tampoco del Gobierno; la ley corta antiterrorista, con 1.427 días tramitándose, tampoco tiene importancia para el Presidente Boric; lo mismo ocurre con la ley que eleva las penas por usurpación a penas privativas de libertad.

Y es que no sólo la gestión ha sido nefasta en el país y en la región, sino también las señales: todavía el Presidente Boric no da una explicación de por qué indultó a peligrosos delincuentes en medio de la crisis de seguridad más profunda que tiene el país. Recordemos: sólo uno de ellos, Castillo, tenía 5 condenas previas y 26 causas penales. Tampoco se entiende la "reprimenda" de la ministra Tohá al general director de Carabineros por solicitar mayor protección para los uniformados.

Así las cosas, la región necesita del Gobierno acciones y medidas concretas. Basta de palabras grandilocuentes del Presidente Boric y de señales equívocas a favor de la delincuencia. De una vez por todas, el Gobierno debe reaccionar y poner todo el Estado para combatir a los delincuentes. Las familias no pueden seguir esperando.