"Se debe garantizar una legislación que permita reprimir el crimen organizado y el narcotráfico"
"Creo que se ha hecho bien en no dar por sepultada la posibilidad de que avancemos en una nueva Constitución". Con estas palabras, Aldo Valle, exrector de la Universidad de Valparaíso (UV), definió el nuevo proceso en que participará como candidato de la lista "Unidad para Chile" al Consejo Constitucional, instancia que redactará una nueva propuesta constitucional.
Valle, quien asumirá este desafío a través de un cupo del Partido Socialista (PS), entregó su análisis respecto a la contingencia en materia de seguridad, precisando que una nueva Constitución "debe establecer las bases y principios jurídicos y políticos de la seguridad de las personas como un eje del bien común de la sociedad".
Uso de la fuerza
- Tomando en cuenta los últimos antecedentes a nivel nacional, con la muerte de carabineros y un alto índice de delincuencia en algunas regiones, ¿cuál es su postura respecto a cómo la delincuencia y la seguridad ciudadana se debe abordar en la nueva Constitución?
- En primer lugar, debe acordarse explícitamente como un deber del Estado garantizar su seguridad a las personas en su vida, integridad y bienes. Sin seguridad no se desarrollan adecuadamente ni las libertades fundamentales ni los derechos sociales en educación o salud y menos el derecho a vivir en paz. En segundo lugar, establecer la necesidad de contar con una representación judicial eficiente para las víctimas de delitos, porque hoy la ciudadanía está y se siente desprotegida ante la delincuencia.
- ¿Qué propuestas propone en este sentido, tomando en cuenta que durante los últimos días se han levantado todo tipo de proyectos en materia de seguridad, particularmente sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros?
- A nivel constitucional, se debe reafirmar el monopolio del uso de la fuerza por parte de Carabineros y de la PDI. Es decir, se debe garantizar la aplicación de una legislación que permita el uso más eficiente y eficaz de los medios materiales y de inteligencia para reprimir al crimen organizado y a las bandas de narcotráfico. Al mismo tiempo, se debe incorporar institucionalmente la colaboración de la comunidad en los planes y estrategias de seguridad pública a nivel de los gobiernos locales y regionales. El desarrollo de estas propuestas pertenece al ámbito de las políticas públicas, y por ende, se debe implementar el poder legislativo y los gobiernos correspondientes.
Capacidades suficientes
- ¿Cuál es su postura respecto a entregar mayores facultades a Carabineros?
- La investigación, persecución y sanción del delito requiere de policías dotadas de facultades y capacidades suficientes. Carabineros y la PDI deben tener la adecuada implementación y armamento para resguardar la integridad de las personas y la propia, respondiendo al mayor grado de complejidad y violencia que presenta cierto tipo de delincuentes. Se deben generar carabineros mejor protegidos y adecuadamente armados para responder proporcionalmente a la peligrosidad de las conductas delictivas de este tiempo, desde modernos recursos tecnológicos hasta aquel armamento necesario para enfrentar la presencia de bandas organizadas.
- ¿Está de acuerdo en establecer un estado de excepción en la región debido a los últimos acontecimientos en materia delictiva?
- La adopción de una medida como esa supondría que la policía no ha podido acceder a determinados lugares en la región o que está en jaque la capacidad de las policías para hacer cumplir las órdenes judiciales, tal como ocurrió en la macrozona sur. Hoy, esa no es la realidad de la región, ya que las bandas criminales, como la que protagonizó el homicidio de la sargento segundo Rita Olivares, deben ser enfrentadas, ciertamente, con más recursos, mejor armamento para Carabineros, y con un marco legal adecuado para su acción.
- ¿Dónde se debe poner énfasis en la nueva Constitución para entregar mayor respaldo en materia de prevención, persecución y sanción de los delitos?
- En que sea deber del Estado resguardar los derechos de las personas, en que todos sus órganos públicos tendrán la obligación de trabajar de forma articulada y con las responsabilidades políticas debidamente establecidas y con sanciones claras ante la negligencia o la omisión de los deberes correspondientes. Otro énfasis debe estar en que las fuerzas policiales cuenten con todo el reconocimiento constitucional para ser quienes ejercen la acción del Estado contra el delito, en especial contra las organizaciones criminales.
"Malas señales"
- ¿Cómo evalúa el rol del Gobierno en este tema? ¿Considera que las autoridades locales han estado a la altura de los desafíos en materia de seguridad?
- Son muy malas señales la incivilidad en las calles y en los espacios públicos; cuando no hay orden y cada cual puede hacer lo que quiere, sin respetar a los demás, se instala una situación de anomia, de ausencia de normas sociales eficaces. Esto produce un doble efecto negativo. Por una parte, aumenta una percepción de inseguridad, y por otra, genera un clima de permisividad del que se termina abusando. Es intolerable que el funeral de una persona vinculada a delitos de narcotráfico paralice las actividades de las personas o se constituya en una amenaza para las comunidades educativas, por ejemplo. Se necesita que cada cual haga su trabajo teniendo en el centro la necesidad de orden que permita el progreso y la tranquilidad de las personas. El Gobierno ha tomado un rumbo más claro en este sentido.
"Carabineros y la PDI deben tener la adecuada implementación y armamento para resguardar la integridad de las personas y la propia".