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ENTREVISTA. juan ignacio latorre, senador RD, sobre la aprobación de Ley Nain-Retamal:

"Se alcanzó un equilibrio entre protección de policías y el respeto por los DD.HH."

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Sebastián Mejías O.

Si bien rechazó en general la iniciativa, el senador oficialista Juan Ignacio Latorre (RD) fue parte de las modificaciones que hizo la Cámara Alta al proyecto denominado Ley Nain-Retamal, que finalmente fue despachado ayer por el Congreso. Aunque quedó conforme con que ahora se garantice una "legítima defensa acotada y no privilegiada", no descartó llevar al Tribunal Constitucional (TC) algunas normas de esta ley que puedan ser inconstitucionales.

- ¿Por qué el martes se opuso a la idea de legislar la Ley Nain-Retamal?

- Son dos votaciones distintas. Si voté en contra de la idea de legislar la Ley Nain-Retamal fue porque consideré que esta moción parlamentaria -hay que recordar que no es un proyecto del Gobierno ni tiene urgencia legislativa- tramitada a la rápida para dar señales comunicacionales, es deficiente en muchos aspectos. Además, quise pronunciarme sobre el texto final aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado la noche anterior que, en mi opinión, venía con aspectos aberrantes.

- Sin embargo, fue parte de un acuerdo para matizar el artículo referido a la presunción de inocencia para las policías cuando dañen a alguien con el uso de su arma de servicio o algún otro medio, para prevenir ciertos delitos.

- Sí, porque el acuerdo, acotado al artículo 7, mejora lo que venía de la Comisión de Seguridad del Senado, en relación a un uso de la fuerza racional y proporcional, poniendo el énfasis en una legítima defensa acotada y no privilegiada. Además, con este acuerdo se eliminan las restricciones a apremios ilegítimos y se elimina la parte donde se exime penalmente a los mandos superiores. Esa parte la voté a favor junto con otros artículos que, en mi opinión, no eran un retroceso democrático y de estándares en derechos humanos.

"Fueron moderadas"

- ¿Quedó atrás la idea de legítima defensa privilegiada entonces?

- Todas las objeciones frente a la legítima defensa privilegiada que habían expresado destacados expertos penalistas fueron moderadas con la indicación del Ejecutivo. Este acuerdo permite establecer precisiones para las policías y certezas para la ciudadanía, que espero sean complementadas y reforzadas con la ley de reglas sobre uso de la fuerza

- ¿Quedó entonces con buenas sensaciones respecto de la Ley Nain-Retamal?

- Lo que hicimos en el Senado fue llegar a un acuerdo para dejar menos malo el proyecto de lo que venía de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que en mi opinión venía muy malo.

- En definitiva, ¿qué elementos valora de la ley y cuáles le generan incertidumbre? ¿Quedó con más dudas y preocupaciones que con convicciones?

- Lo importante es que se cumplió el objetivo central del Gobierno de alcanzar un irrenunciable equilibrio entre la protección de nuestras policías y el respeto por los derechos humanos. Para el Ejecutivo era esencial establecer reglas claras para las policías y el sistema de justicia penal. Nos hemos hecho cargo de resolver la dispersión de la regulación vigente y diferenciar la legítima defensa de civiles de la de uniformados.

- ¿Qué otro elemento dejó conforme al Ejecutivo?

- Que se explicitara que la legítima defensa se aplica sólo allí donde está comprometida la vida o la afectación grave a la integridad física del policía o de terceros; la protección de bienes, en cambio, quedó acotada en la figura de obrar en cumplimiento del deber, sujetándose a requisitos estrictos de proporcionalidad del uso de la fuerza; eliminar la subjetividad en la apreciación del ataque, esto es, que ya no es el propio funcionario policial el que evalúa la gravedad del ataque; que se mantuviera la actual responsabilidad al superior jerárquico respecto de los actos ilícitos cometidos por subordinados y que se evitara la restricción del delito de apremios ilegítimos.

Atribución

- La senadora Fabiola Campillai anunció que pediría el veto presidencial si se aprobaba. ¿Qué opina de esa posibilidad?

- Lo del veto presidencial es una atribución del Presidente Boric. Lo que está en nuestras atribuciones parlamentarias es ir al Tribunal Constitucional.

- ¿Se plantean la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional?

- La atribución de ir al TC por algunas normas que pudiesen ser inconstitucionales es una atribución de parlamentarios tanto en el Senado como en la Cámara. Hicimos reserva de constitucionalidad, por lo que evaluaremos ese camino. Hay que fundamentar bien el requerimiento y juntar las firmas necesarias. Lo que queremos es que este proyecto parlamentario, tramitado a la rápida, sea coherente con el proyecto de ley que presentará el Gobierno sobre reglas del uso de la fuerza en los próximos días.

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Celis pide datos de caso "Huevo" Soto al municipio porteño

GESTIÓN. No descarta elevar todos los antecedentes a la Contraloría.
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El comodato que se celebró el 2004 entre el exfutbolista de Santiago Wanderers y la Selección Chilena, Joel Soto, y la Municipalidad de Valparaíso escaló a nivel parlamentario. El diputado Andrés Celis (RN), del Distrito 7, solicitó, vía oficio, todos los antecedentes a la casa consistorial para aclarar por qué no se finalizó el contrato apenas el exjugador fue condenado a 12 años de cárcel el pasado 15 de marzo, y recién se cesó la contratación a fin de mes, tras hacerse pública la información.

Al respecto, el legislador dijo que "no me sorprende la negligencia de Sharp al mantener un comodato a todas luces cuestionable. Sin embargo, la opinión pública merece tener más antecedentes sobre el caso de Joel Soto". Por esto "pedí que se me envíen todos los antecedentes del permiso de ocupación de bien nacional de uso público que se le otorgó al exfutbolista, para también aclarar los conflictos de interés que, evidentemente, se generaron al contratar a Soto en el área deportiva del municipio".

Sumario

En la solicitud de información, el parlamentario RN también requirió antecedentes sobre el sumario administrativo que se habría iniciado en el área de Deportes de la Municipalidad de Valparaíso, a raíz de presuntos cobros indebidos y faltas a la probidad en la administración del Estadio Municipal Bernardo O'Higgins, proceso sumarial que se inició el 2017 y por el cual renunció la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la época, Romina Maragaño, quien es la actual seremi de Educación.

"Respecto del sumario por cobros indebidos y el escándalo que lo acompañó, es importante saber si Soto está considerado en el mismo y qué funciones cumplen en la actualidad los demás funcionarios involucrados. Según el dictamen de la Corte de Apelaciones de febrero de 2021, la municipalidad debería concluir a la brevedad el procedimiento, lo que espero que esta vez sí se cumpla", indicó Celis. Recalcó que "tras el análisis de la información que recibamos, evaluaremos el mérito de realizar una presentación en la Contraloría Regional de Valparaíso".

"No me sorprende la negligencia de Sharp al mantener un comodato a todas luces cuestionable".

Andrés Celis, Diputado (RN)