Carlos Valencia

"Mantener la inercia de la política habitacional difícilmente nos conducirá a resultados distintos", advierte el investigador de la Fundación Piensa, Ignacio Aravena, Master en Planificación Urbana de la Universidad de Nueva York y un largo conocedor de los problemas que vivienda que afectan al país y con especial dureza a ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué.

Para Aravena, las autoridades deben cambiar el rumbo si realmente buscan medidas efectivas contra los principales problemas urbanos, pero además deben generar escenarios de certidumbre jurídica para apalancar mayor inversión y proponer soluciones más eficaces y menos pomposas en ámbitos clave, como el transporte público.

- ¿Por qué cree que fracasan los Gobiernos en dar una solución definitiva al problema de vivienda?

- Yo no diría que fracasan, pero sí que han sido menos efectivos de lo que se espera. Para dar contexto, en la última década se han financiado cerca de 50 mil viviendas anuales por lo que, incluso si el déficit ha crecido, el gobierno ha tenido una labor muy activa en la materia. Esto también nos da cuenta de la magnitud del problema y las múltiples dimensiones que conlleva.

- ¿Por qué todo esfuerzo se vuelve insuficiente?

- A mi parecer, parte del problema es que seguimos pensando que el déficit habitacional se resuelve financiando viviendas solamente; sin embargo, éste muchas veces es una de las tantas manifestaciones de la pobreza dimensional. Para ilustrar, si desglosamos los requerimientos de vivienda, los campamentos y las edificaciones en malas condiciones representan un porcentaje bajo; a diferencia del hacinamiento y allegamiento, que se asocian a dependencia económica en núcleos familiares. Dado que el déficit se refleja en problemas económicos, éste nos invita a repensar el paradigma de la política habitacional pues los datos nos están mostrando que las tendencias del déficit difícilmente cambiaran si seguimos haciendo lo mismo.

- ¿Cómo observa la gestión en este tema de los municipios de Viña del Mar y Valparaíso?

- Con relación a la arena local, es difícil juzgar la gestión si consideramos que las municipalidades no construyen ni financian viviendas. A pesar de ello, también es importante destacar que en ambas municipalidades es difícil encontrar zonas donde se transen viviendas a precios de lo que permiten los subsidios -cuyo tope es de UF 2.200-. Esto nos trae nuevamente al problema anterior donde mantener la inercia de la política habitacional difícilmente nos conducirá a resultados distintos a los exhibidos en el último tiempo.

- ¿Cómo juzga la propuesta de Minvu que fija una cuota mínima de 5% en los plantes reguladores para viviendas de integración social?

- La propuesta es parte de lo que busca generar la Ley de Integración Social en torno a tener territorios menos segregados y con mayor acceso a bienes y servicios para las clases menos acomodadas. Esto implica un paso innovador pues trata de resolver el déficit habitacional a través de la regulación y no vía vouchers, como estamos acostumbrados. A pesar de su carácter innovador, puede que sus resultados no se alineen completamente con lo esperado ya que la decisión final no dependerá necesariamente de lo que diga una ley. Y es que, incluso si se definen zonas específicas, la decisión de construirlas será en base a la factibilidad económica de las inmobiliarias. Por lo tanto, si bien puede ayudar en algunas zonas, dudo que esto realmente cambie la tendencia en sectores con alto déficit habitacional, como lo es Viña del Mar y Valparaíso. Mientras la normativa ecualice el costo de oportunidad entre decisiones -la rentabilidad y capacidad de pago por viviendas sociales es menor- es difícil que éstas cumplan los efectos esperados.

Transportes y m. ambiente

Más allá del déficit habitacional, Aravena plantea que las ciudades deben pensarse en el largo plazo antes que en las contingencias. "El principal problema es que no pensamos nuestras ciudades con visión de futuro y sólo respondemos a la contingencia dentro del ciclo político. Si a ello sumamos que modificar un plan regulador comunal puede tomar seis o siete años, los incentivos para administraciones de cuatro años son bajos. Dado lo anterior, es importante que revisemos nuestro marco regulatorio para tratar de optimizar los procesos de cambio".

- Pensando en que está en elaboración una propuesta constitucional, ¿cuál cree que podrían ser los aportes de una nueva carta magna en el desarrollo urbano?

- Pienso que los cambios más estructurales tienen que ver con la forma en cómo planificamos y el diseño de políticas públicas. El desarrollo urbano es, en muchos casos, la consecuencia de una buena administración local, de regulación atingente a las necesidades de su población y del desarrollo económico que se desprende de una ciudad que atrae inversiones, capital y personas. Por supuesto, nada de lo anterior requiere una modificación a la Constitución.

- Otro problema es la pugna ambiental cuando nuevas inversiones enfrentan la resistencia de las comunidades.

- Más allá del sistema de evaluación, lo que se requiere para incentivar la inversión es contar con escenarios de certeza jurídica a través de reglas claras. Un ejemplo de lo anterior son los mecanismos de participación ciudadana. Hay una serie de procesos que la requieren pero no indican cuánta es suficiente ni cómo discernir si ésta fue efectivamente representativa de la sociedad.

- En ese punto, justo ahora el Gobierno presentó un proceso de consulta ciudadana para definir el sistema de transportes del Gran Valparaíso. ¿Qué opina?

- A pesar de que siempre es bueno preguntar a las comunidades acerca de sus problemas y aprensiones, creo que, en este caso, los resultados no aportarán nada nuevo a que haría una buena encuesta de origen-destino. Es cierto que el transporte requiere actualizarse, pero ello debe ser en función de la demanda por tramos y con una visión de ciudad, lo cual asocia procesos de estudio de datos y ejercicios urbanos más que consultas ciudadanas.

- También ha surgido la idea de que los municipios presten servicios de transporte.

- No lo veo eficiente si pensamos que el transporte público busca comunicar entre municipalidades. ¿Quién administraría las micros que pasan por Viña del Mar, Concón y Quilpué? Tampoco hay claridad de que la administración pública sea más eficiente que un modelo concesionado.

"Parte del problema es que seguimos pensando que el déficit habitacional se resuelve financiando viviendas solamente".