Francisco Meneses V.

El asesinato de cuatro personas en el sector Belloto Norte de Quilpué, es un hecho más que se suma a la lista de delitos de alto impacto que han ocurrido a nivel regional, dentro de la crisis de seguridad que se vive en el país.

El Gobierno anunció recientemente que se implementará un plan de intervención en las 30 comunas que concentran el 50% de los delitos más violentos en el país. Aunque no se conoce -por razones de seguridad- en qué territorios se hará la intervención.

Por ello, hay unanimidad en actores políticos de la región en que, al menos las comunas más importantes deben estar dentro de la nómina gubernamental.

Quilpué, a intervención

La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, pidió que la comuna ingrese al plan de intervención del Gobierno, luego de los hechos descubiertos ayer (ver página 2), al estimar que "requerimos el apoyo de las autoridades nacionales y regionales".

"Como municipio estamos disponibles para colaborar, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para aumentar la percepción de seguridad y necesitamos que esto se complemente con los esfuerzos nacionales", agregó.

Al pedido se unió el concejal Renzo Aranda (DC): "El macabro homicidio (...) en Belloto Norte, da cuenta del poder de fuego de los delincuentes, que hacen lo que quieren, asesinan sin ningún miramiento, mientras en los barrios impera el temor a ser víctimas de cualquier tipo de delitos. Quilpué no puede esperar más".

Estado de excepción

El diputado Andrés Celis (RN), por su parte, espera que "en la lista sean consideradas Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio y Cartagena, las que sin duda necesitan que el Ministerio del Interior los intervenga. Son comunas que efectivamente concentran casos de impunidad penal, tráfico de drogas y presencia de armas, además de deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones".

Aun así, el legislador consideró que deben aplicarse otras medidas. "Es necesario un estado de excepción para la Región Metropolitana, pero también para Valparaíso", dijo.

Según Celis, si bien es una medida que restringe libertades y que podría tener efectos negativos en el comercio y el turismo, no es menos cierto que "la actual situación de descontrol tiene a estas actividades en constante amenaza, estamos ante una realidad crítica que requiere medidas extraordinarias, ya que sin duda la situación de violencia e inseguridad no da para más".

"Es un escenario muy complejo y no podemos permitir que la delincuencia siga ganando espacios y las personas vivan atemorizadas ante la posibilidad de convertirse en cualquier minuto en una víctima más", complementó.

"No basta con 3o"

Su par Luis Fernando Sánchez (Republicanos), estimó al respecto que "no basta con 30 comunas. No basta con sólo un tercio de la población chilena. En la Quinta Costa hay por lo menos 3 comunas que deberían ser consideradas, Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar".

El representante del distrito 7 pidió saber más detalles de este plan. "Suena como a algo poco definido y que no está enfocado en lo propiamente criminal. Necesitamos recursos para policías y una estrategia para la identificación y detención de prófugos, un llamado a la Fiscalía y Tribunales para que privilegien la prisión preventiva, inversión en mejoramiento de cárceles y construcción de otras nuevas. Tenemos que tomarnos este tema en serio", consideró Sánchez.

Piden el 2% desde el PS

El diputado Tomás de Rementería (Ind.-PS) indicó que "el Gran Valparaíso completo más San Antonio", deben estar en el plan de intervención del Gobierno.

Aun así, llama a dejar las diferencias políticas respecto de la agenda de seguridad. "Ahora hay que ponerse de acuerdo, sacar una agenda que sea ambiciosa y usar todas las herramientas que tiene la ley. Nosotros, con otros diputados socialistas, pedimos el uso del 2% constitucional, porque nos parece una urgencia usar ese dinero para reforzar y hacer un plan especial, de una fuerza de tarea, por ejemplo, para sacar todas las órdenes de detención pendientes", aseveró.

Para De Rementería, "hay varias cosas que se pueden hacer, pero sin duda esto no se va a hacer con mea culpas o con catarsis de lo que se hizo o no se hizo políticamente".

"Requerimos el apoyo de las autoridades nacionales y regionales. Como municipio estamos disponibles para colaborar".

Valeria Melipillán, Alcadesa de Quilpué

"Hay por lo menos 3 comunas que deberían ser consideradas, Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar".

Luis Fernando Sánchez, Diputado P. Republicano

Dentro del paquete de proyectos de ley de la agenda de seguridad ciudadana, está la iniciativa que busca incluir sanciones a la conspiración o actos preparatorios para cometer sicariato; contemplando el aumento de las penas si se busca atentar contra jueces, fiscales, defensores públicos, policías o gendarmes.

En tal sentido, la Cámara de Diputados rechazó por 131 votos, versus 5 votos a favor y 6 abstenciones, los cambios hechos al texto en el Senado, pasando a Comisión Mixta.

Lo propuesto por la Cámara Alta buscaba aumentar en un grado la pena a quien ejecute un sicariato, sea el beneficio para él o para un tercero. Esto también abarcaría a aquel que, en forma directa o indirecta, encarga, acuerda u ordena, o actúa como intermediario para perpetrar el delito.

"El proyecto va a Comisión Mixta no porque haya una afectación en la esencia del proyecto (...) sino porque tiene una discordancia técnica de acuerdo a las reglas generales de nuestro Código Penal sobre lo que significa la autoría y como están establecidas las agravantes", dijo al respecto el diputado Andrés Longton (RN), integrante de la instancia, lo que podría generar "un conflicto interpretativo a la hora de la aplicación de esta figura que es necesario eliminar".

Nuevas implicancias

En tanto, el abogado Juan Carlos Manríquez se refirió a las implicancias de algunos de los proyectos legislativos, lo que se puede ver "desde varios puntos de vista".

El penalista ejemplifica con la Ley Naín-Retamal, que "de alguna manera solidifica las facultades de control de orden público de las policías", las que "deben también ejercerse con estricto apego a la Constitución y los tratados internacionales, pero sin mermar el uso de las capacidades del Estado, para imponer razonablemente el imperio del Derecho y de la ley".

En esa línea, un debate que anticipa Manríquez está en la aplicación retroactiva que beneficiaría a los condenados por dos delitos. Un primer caso está en la legítima defensa específica de carabineros, que solo se aplica si hay una agresión objetiva y verificable. "Si se dice que hay una eximente incompleta, por ejemplo falta una agresión ilegítima ilegal y creía el funcionario que era verdadera, se aplica una atenuante. Eso podría rebajar las penas ya impuestas", señaló.

El segundo caso se relaciona con "la precisión del delito apremios ilegítimos", ya que sería necesario "para poder cometerlo, que el agente del Estado tenga, de alguna manera bajo custodia a quien resulte apremiado (...) de tal manera que aquellos que han sido condenados sin esa consideración, van a poder revisar sus sentencias".

"El proyecto va a Comisión Mixta no porque haya una afectación en la esencia del proyecto".

Andrés Longton, Diputado RN